Resignado, como un niño castigado en una esquina, Miguel Ocharán, el otrora hombre fuerte del expresidente Juan Manuel Guillén, tapaba su boca, como si ahogara un lamento. O un reclamo de impotencia. La Fiscalía había pedido 9 meses de prisión para él y para otros tres integrantes del consorcio Ingeniería Arequipa la Joya por presunto delito de colusión.
Hasta el banquillo de los acusados lo habían llevado dos grabaciones proporcionadas por un testigo clave denominado 1-2015, y correos electrónicos de conversaciones entre los investigados proporcionadas por el ing. Jack Lopez. Todos estos elementos daban cuenta de una presunta colusión para direccionar el proceso de contratación hacia el consorcio Arequipa La Joya que se encargaría de hacer los estudios del segundo tramo de la mencionada Autopista.
La audiencia de prisión preventiva inició a las 8 y 15 y se extendió por más de 12 horas. Durante casi todo ese periodo el juez Manfred Vera Torres permaneció revisando los documentos.
El argumento del fiscal Hamilton Castro era que el pronóstico de la pena sería de 9 a 12 años. Y aunque pudieran acreditar arraigo familiar, sus frecuentes salidas del país, configuraban un riesgo de fuga.
En el momento que Ocharán tuvo la palabra intentó desvirtuar la posibilidad de fuga ya que sus viajes fueron por motivos académicos. “Soy uno de los más frustrados porque el proyecto (Arequipa – La Joya) no se dio y porque me acusan de delincuente a raíz de ello. Yo vivo con mi padre de 84 años y mis dos hermanos y sobrinas, soy el sustento de mi familia. No me puedo ir del país porque es más doloroso irse como una rata que no volver a ver a mi padre y mi familia” argumentó.
Ya entrada la noche, el juez concedió la prisión preventiva, pero no nueve sino solo seis meses. La decisión fue cuestionada por todas las partes que manifestaron su intención de apelar la decisión del juez Manfred Vera.
A la salida del juzgado el fiscal Hamilton reconoció que hay una veintena de personas implicadas en la presunta colusión. Entre ellas el expresidente Juan Manuel Guillén quien es investigado en calidad de cómplice. Su futura comparecencia responderá a la estrategia de la fiscalía.
El fiscal Hamilton calificó la investigación como un caso de corrupción internacional, ya que están involucradas las empresas españolas Clothos y EPYPSA. Justamente, por la complejidad del caso y las diligencias internacionales que tendría que realizar, la fiscalía apeló el fallo del juez.
Cerca de las 10 de la noche los inculpados salieron del juzgado. Solo para subir a una furgoneta blanca del INPE, en medio del reclamo de sus allegados.
