El Búho

Política y Cultura desde Arequipa Perú.

Quieren derribar la Ley Universitaria

 

 

En la campaña para echar abajo la Ley Universitaria coinciden el Fujimorismo, el Apra y un grupo de representantes del Frente Amplio, cada cual por determinados intereses, pero unidos por la misma intención. (¡Dios los cría, y ellos se juntan!)

Docentes de más de 70 años

Enfoco el propósito de los representantes del Frente Amplio (Mario Canzio, Richard Arce, Ediberto Curro, Marisa Glave, Indira Huilca, Édgar Ochoa, Horacio Pacori y Rogelio Tucto). Quieren que se derogue el artículo de la Ley Universitaria que hace obligatorio el retiro de las universidades públicas de los docentes de más de 70 años y que quienes de ellos, no han sido aún ilegítimamente separados se queden. Por supuesto, no han respaldado su propuesta con algún fundamento técnico. Tal vez creen que es popular, convencidos por algunos profesores de más de 70 años que son, posiblemente, sus allegados o amigos.

A estos representantes no les interesa para nada la renovación de la universidad pública, que implica en mucho la presencia en la universidad de profesores en edad de dar lo mejor de sí en la investigación, la creación y la enseñanza, que no es la tercera edad. Además, cada docente de más de 70 años que se queda bloquea el ascenso de los docentes de menos edad que esperan los cargos de aquellos y de los que ascienden para poder subir de categoría. Por retener a los septuagenarios y octogenarios, que no son obviamente insustituibles, privarían del derecho a la promoción a los de menos edad. Los representantes del Frente Amplio, autores de tan reaccionario proyecto, no se han tomado ni siquiera el trabajo que ver qué sucede en este aspecto en los demás países no sólo de Europa, América del Norte y Asia, sino también de América Latina. En todos ellos, la edad máxima para la docencia universitaria va de 65 a 70 años. A algunos con calidades y obras notables pueden nombrarlos profesores eméritos y dejarlos vinculados a la universidad en institutos de investigación, pero ya sin mantenerlos en planillas. La actual Ley Universitaria ha previsto una situación como esta.

Con el criterio de los representantes del Frente Amplio firmantes del proyecto también se debería derogar la edad máxima en la administración pública, en el Poder Judicial, en la diplomacia y en las Fuerzas Armadas; y se debería fijar como edad de jubilación para recibir una pensión 80 o más años.

Proyectos como el comentado y la indiferencia o ignorancia en relación a ciertos problemas sociales de la mayor parte de representantes del Frente Amplio evidencian que están en el Congreso porque se presentaron a las elecciones como una pantalla escenográfica iluminada, pero vacía, con la que encandilaron a sus electores. Y bien: no pueden dar lo que no tienen.

Puntos y contrapuntos

Hay en las universidades públicas una situación de abuso gravísimo tolerada por sus autoridades. Existen los puntos y contrapuntos, como sucedía hasta 1990 en los puertos, cuando el estibador titular llamaba a otro (el punto) para que trabajase por él cediéndole la mitad de su salario, el que a su vez dejaba a otro (el contrapunto) a cambio de la mitad de lo que le daban a él. En gran porcentaje los docentes universitarios son contratados (puntos), para ocuparse de tareas que los docentes ordinarios no alcanzan a ejecutar, pagándoles cerca de la mitad de lo que estos perciben por las mismas tareas. Se dan casos de docentes con licencia cuyos cargos son cubiertos por contratados y, si estos no pueden asistir a dictar las clases, toman a otros en negro (contrapuntos) que el contratado paga, dándole una propina.

A los docentes ordinarios y a las autoridades que ellos eligen no les interesa solucionar tan anómala situación. Más aún, reclaman los haberes de los magistrados judiciales, mayores a los suyos, que saldrían en parte de las sumas que debieran pagarles a los docentes contratados. (¡A la ética que la parta un rayo!) Por lo tanto, hasta ahora ninguna autoridad universitaria ha solicitado al Ministerio de Economía la habilitación de recursos para convocar a concursos de las plazas que ahora cubren los docentes contratados. Y no en defensa de la autonomía universitaria, que en esto no cuenta para ellos.

Una experiencia personal ilustra que se puede terminar con esta injusticia. Apenas fui elegido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos en enero de 1985, impulsé la solución del problema de los contratados, que ya entonces era una práctica universitaria viciosa. Plantée en el consejo universitario convocar a concursos para llenar esas plazas y dar cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas. Los demás miembros del consejo se convencieron con mis argumentos, convocamos a concurso y se terminaron los contratos. El Ministerio de Economía nada pudo decir, porque las plazas concursadas estaban presupuestadas. Simple voluntad de hacer.

Como colofón podría decir: primero, sacar a concurso las plazas docentes ocupadas por los contratados y nombrar a los ganadores; y luego, recién, tramitar la nivelación de los haberes de los docentes universitarios.

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