El Búho

Política y Cultura desde Arequipa Perú.

No más Puente Piedra

Los sucesos ocurridos en ese distrito, deben llevarnos a profunda reflexión. Contratos mal elaborados o con corrupción, afectan a los ciudadanos que no encuentran otro modo de reclamar que la protesta callejera, reprimidas en muchos casos desproporcionadamente, y con lamentables pérdidas humanas.
La privatización d e los servicios públicos o de infraestructura por diferentes mecanismos tienen ya décadas, se requiere un análisis renovado que permita hacer un balance y tomar los correctivos que sean necesarios. En última instancia, es la discusión sobre el rol del estado y del mercado en la producción y distribución de bienes, servicios, e ingresos.

La privatización
Esta se dio en los noventa del siglo XX, donde la consigna fue “todo es privatizable”. Al margen de la corrupción y negociados que se dieron, fue uno de los ejes de política planteados por el denominado consenso de Washington. Se trataba de buscar con este mecanismo, una asignación eficiente de recursos, evitar déficits fiscales estructurales, desequilibrios externos y financieros, que los déficits de las empresas públicas generaban.
Fue tal la implementación, que incluso sus propios mentores señalaron excesos que deberían ser corregidos. Especialmente, el hecho que monopolios públicos fueron sustituidos por monopolios privados, que hicieron uso y abuso de ese poder.
También se justificó esa privatización, porque en el contexto de crisis o quiebra de empresas y países, se requería inversión extranjera. Para ello, había que darles incentivos especiales, contratos de estabilidad tributaria, regímenes ad-hoc, que implicaban dejar en suspenso normas laborales o ambientales y leyes que el resto tenía que cumplir.
La experiencia ha sido mixta en cuanto a resultados, dependiendo de sectores y países. En algunos de ellos, se revirtió la situación y los estados redefinieron las rentas de los recursos naturales y su distribución. En otros, hubo experiencias exitosas, ya que se implementaron simultáneamente, mecanismos eficientes y autónomos de regulación y supervisión

Concesiones y asociaciones público-privadas
También se dieron concesiones masivas en múltiples sectores, con empresas principalmente extranjeras y socios locales usualmente minoritarios. Hubo competencia diversa y condiciones adicionales de protección de inversiones tanto en los BITs, como en los TLCs firmados por los gobiernos.
Así, no eran los tribunales nacionales sino el arbitraje internacional donde podían acudir las empresas extranjeras, para cautelar sus intereses. De hecho, juicios millonarios tuvieron que enfrentar varios gobiernos latinoamericanos.
Las experiencias exitosas, no solo tuvieron adecuados sistemas de regulación, sino también leyes antimonopolio, que regulaban fusiones y potenciales abusos de poder monopólico. Esto último es un requisito que inclusive la OECD promueve y que el Perú aún no cumple. Y, los organismos y actuales mecanismos de regulación, requieren ajustes que corrijan limitaciones existentes.
Una modalidad más reciente, ha sido el de las asociaciones público-privadas. Un argumento que se presenta, es que dadas las limitaciones financieras del estado y las brechas de infraestructura y de inversión que se necesitan cubrir en nuestros países, se debe dar una asociación con el sector privado. EL estado debe ofrecer suficientes garantías, para que las inversiones se lleven adelante.
Sin embargo, hay discusión sobre si existe la necesidad de tales garantías, y sobre todo, las cargas fiscales que debe asumir el estado generando desequilibrios fiscales no desdeñables. Un debate recurrente, es sobre el rol del estado en la economía, ya que con estas asociaciones, muchas veces el sector privado participa ventajosamente y con facilidades para invertir en sectores que aún en versiones de estado mínimo, este debería asumir.
La discusión es por lo menos a dos niveles. Una teórica, sobre los roles que en el siglo XXI debe tener el estado y el mercado considerando las características concretas de nuestras economías. Otra empírica, analizando experiencias exitosas internacionales y en nuestro país, así como aprender de los excesos y errores cometidos. A partir de este análisis, se deben elaborar las mejores alternativas y políticas para el desarrollo nacional.
Pero, hay una variable que aparece en el escenario, la corrupción. Nos hemos enterado no solo de casos aislados, nacionales e internacionales. Sino que muchas empresas la tienen como una práctica vedada sistemática, para maximizar ganancias.
Hay estudios que muestran históricamente el daño no solo moral, sino económico, que representa para la República, la corrupción. En la historia reciente un hito se dio en los años noventa del siglo pasado. Con el caso Lava Jato, se muestra una práctica condenable en diferentes gobiernos, donde habría llegado hasta las más altas esferas del poder.
Diferentes partidos y movimientos políticos, no han cumplido promesas de luchar contra esta lacra, y en varias oportunidades han traicionado el mandato popular recibido en las ánforas. Esto puede llevar a sectores desesperados, a buscar soluciones extremas. Cuando la institucionalidad no funciona, se buscan canales al margen de ella o se plantean nuevas institucionalidades.
Por eso es tan delicada la situación actual. A la precariedad del partido de gobierno, el control del Parlamento por una fuerza diferente, se suma la debilidad de instituciones, el entorno externo desfavorable, el reciente escándalo internacional que amenaza involucrar al conjunto de las fuerzas políticas.

No más Puente Piedra
Se debe agotar los mecanismos de diálogo y búsqueda de consensos, que cree una plataforma mínima para seguir adelante. Potenciar el acuerdo nacional, con más atribuciones y compromisos que el gobierno implemente.
No parece ser el camino, la imposición del continuismo económico y político del modelo en curso. Anunciar que a toda costa se impulsarán inversiones que no tienen licencia social, o gobernar por decretos legislativos, que más allá de un debate secundario serán apoyados por la fuerza que controla el Congreso, porque comparten estratégicamente el proyecto en curso.
Debemos evitar la polarización y los conflictos sociales. Más allá de los partidos o movimientos, la población reaccionará espontáneamente en defensa de sus derechos. Tampoco es una salida, la criminalización de la protesta.
Debemos respetar a la ciudadanía, cambiar los contratos que haya que cambiar, y diseñar una estrategia de mediano y largo plazo que nos permita avanzar hacia el desarrollo sostenible que beneficie sobre todo a los sectores menos favorecidos. Debemos construir una nueva institucionalidad en los partidos y el país, que nos permita alcanzar tales objetivos.

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