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Fiscalía denunció a Juan Manuel Guillén por caso Arequipa-La Joya

En el último día del plazo otorgado por una sala superior, tras una acción de control de plazos, la fiscal anticorrupción, Karina Barrientos, denunció por colusión agravada al ex presidente regional, Juan Manuel Guillén y otros 20 funcionarios de su administración, así como los representantes del consorcio peruano-español que hizo los estudios de factibilidad de la carretera Arequipa – La Joya.

El caso fue investigado inicialmente por la fiscalía anticorrupción supraprovincial, a cargo del fiscal Hamilton Castro, quien logró prisión preventiva para Guillén y para sus funcionarios de confianza, Miguel Ocharán y Delford Sarmiento.

Actualmente el expediente cuenta con más de 600 páginas y todos los involucrados que estuvieron con prisión preventiva, se hallan en libertad.

La tesis del fiscal fue que la licitación fue direccionada a favor de este consorcio con cuyos representantes se coordinó la términos de referencia desde antes de ser lanzada. Además se le concedió pagos anticipados indebidos y no se cobró la penalidad prevista por incumplimiento de concreto.

La denuncia fue realizada por el puentólogo Jack López, cuya empresa integró el consorcio a sugerencia de los propios funcionarios del Gobierno Regional, según dijo, con el único fin de acreditar la presencia de profesionales peruanos reconocidos, lo que ignoraron después desechando su diseño del puente y sus aportes técnicos con el fin de “encarecer innecesariamente la futura obra y reducir su calidad”.

Según dijo López en sus primeras declaraciones, todo indicaba que se tenía previsto elaborar estudios con un diseño inconveniente y costoso, pues ya había otro consorcio español que se preveía se adjudicaría la ejecución de la millonaria obra. El ingeniero se ha acogido a la colaboración eficaz al estar comprendido también en la supuesta colusión, aportando pruebas.

LOS ACUSADOS

Los principales imputados son los exasesores del entonces presidente, Miguel Ocharán y Delford Sarmiento, quienes lo acompañan en su carrera política desde que Guillén fuera rector en la Universidad Nacional de San Agustín, luego alcalde provincial y, posteriormente, dos veces presidente regional.

Además han sido comprendidos los funcionarios del GRA que tuvieron que ver con el proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato y pagos al consorcio Arequipa – La Joya, como son Víctor Mantilla Chávez, René Huanca Ramos, Arcemia Bustamante Quispe, Rossana Morays Velásquez, Fernando Castillo Gutiérrez, Jorge Aguilar Gallegos, Nadia Heredia Espiniza y Juan Velille Torres, entre otros.

Los representantes del consorcio peruano español Arequipa – La Joya comprendidos en la investigación son Jesús Tolmos Toledo, Fernando Toledo Arburúa (ex viceministro aprista), Raúl Fuentes Reynoso, Carlos Ríos Sánchez, Antonio García del Villar, Emiliano Sanz Cañada, Ignacio Cerredo Villa, Sergio Hernando Alvarez y el empresario boliviano Carlos Camacho Sevillano.

LAS PRUEBAS

Respecto al sustento del caso que estuvo a punto de ser desestimado por la inacción de los fiscales locales, se sabe que las pruebas principales son los correos electrónicos intercambiados por los funcionarios de Guillén, Ocharán y Sarmiento, y los empresarios españoles, antes de lanzarse la licitación que ganaron.

Además un audio aportado por un testigo clave, conocido solamente con el numero 01-2015, en el que se escucha a Guillén y sus colaboradores hablar del caso y de su estrategia para responder a las denuncias, mencionando a Jack López. En el audio se les escucha reír confiados. Debido a que el tono de voz de la exautoridad regional es bajo, se ha usado ese argumento para intentar desestimarlo.

Fuera de presentar una serie de recursos para invalidar las pruebas y el proceso en sí, los involucrados no han desvirtuado la acusación. La defensa de Juan Manuel Guillén se centra en asegurar que desconocía el caso y lo que sus funcionarios de confianza realizaban a sus espaldas.

Aquí las primeras declaraciones de Jack López sobre el caso, donde explica como sus consorciados españoles casi triplicaron el costo del proyecto,a pesar de lo cual fue aprobado por el GRA. Luego de esta denuncia se publicó un reportaje en el programa Cuarto Poder, lo que hizo que la fiscalía anticorrupción de Lima abriera proceso, pues los representantes locales del Ministerio Público, desestimaron ésta y otras denuncias sobre probable corrupción en el GRA.

Esta es la denuncia que hizo en su momento Jack López y ha dado origen a esta investigación.

 

 

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