El Búho

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El Apra teme

La matanza de El Frontón es el eterno caso que le pisa los talones al APRA en búsqueda de justicia. Luego de que en el 2013 un Tribunal Constitucional (TC) integrado por Álvarez Miranda, Mesía Ramírez, Calle Hayen y Vergara Gotelli aprovechara el hábeas corpus de un investigado por el caso para señalar, “de gratis”, que el crimen no era de lesa humanidad y que entonces prescribía; hoy, un nuevo Tribunal con la firma de Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza-Saldaña Barrera ha señalado que eso no es así. Resultado: el favor hecho a Alan García y compañía, para que no pudieran ser investigados, se acabó.

La nueva decisión es producto del pedido de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, el IDL, la CNDDHH y APRODEH que dieron cuenta de una contradicción en uno de los votos que sustentaba la primera decisión de impunidad. Así, no eran 4, sino 3 los que apoyaban la decisión del 2013; es decir, no alcanzaban el quórum para formar decisión. En efecto, el magistrado Vergara, no obstante firmar, decía en parte considerativa que no estaba de acuerdo con el fundamento 68 y en el punto 1 de la parte resolutoria, donde justamente se señalaba que el crimen no era de lesa humanidad.

Hay cuestiones procedimentales que se critican: que quienes presentaron el pedido de “reconteo” no eran parte en el caso, que el plazo aludido para corregir ese “error” estaba ya vencido, que lo que se cambia es una decisión de fondo… Sin duda, apuntes que no hay que pasar por alto, y por los que creemos que el TC pudo motivar mejor la justificación al analizar el pedido, porque principistamente no se podía dejar así una decisión que podría haber significado la impunidad de un crimen de lesa humanidad (el famoso ius cogens, la no impunidad, o incluso quizá la autonomía procesal del TC pudieran haber servido). Y eso, porque en la balanza jurídica y de derechos humanos, siempre va a pesar más no dejar impune un caso de esa naturaleza.

Claro, ese balance no es de agrado del APRA. En su lugar, se ensalzan los argumentos jurídicos que ¡oh sorpresa! coinciden en los hechos con la no investigación a su líder García. Ya en otras oportunidades fue así: el uso del derecho a conveniencia pura y dura. Que, para variar, es acompañado con frases dignas de una pelea en el charco, y esta vez no fue la excepción.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República había invitado hace unos días al Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a conversar sobre los avances de su gestión. Mulder aprovechó, y le fue con todo contra el juez del TC Eloy Espinoza-Saldaña, el ponente del caso. “Juez rastrero”, le dijo. Y agregó que cuando estaba postulando al Tribunal Constitucional fue “casi llorando” a pedirle su voto en esa elección. Le dio su voto, y hoy por hoy, al ver lo que ha hecho, se arrepiente de ello.

Claro que se arrepiente. La idea es que Alan García no se enfrente en ningún lado sobre temas en los que pueda salir perdiendo.

La defensa de los marinos de El Frontón además ha señalado que presentará un recurso de nulidad y hasta la denuncia por infracción constitucional de 5 magistrados del TC ante el Congreso, donde se espera que sus amigos de la mega bancada fujimorista hagan lo suyo. Luis Giampietri, el entonces jefe de las Fuerzas Especiales de la Marina habló de “injusticia total”, y que se acabó la justicia en el Perú, en el diario Expreso.

¿Justicia? ¿Cuál? ¿La que impone la impunidad de un caso de lesa humanidad? ¿La de la decisión del 2013, firmada por magistrados altamente cuestionados e incluso parcializados? Calle Hayen por ejemplo, es cuestionado por avalar decisiones en casos como “Wolfenson” (2008), o De Valdivia Cano (2008, aquel que parece en un vladivideo pero que puede seguir siendo juez supremo), con cuyo voto singular en el caso de Tula Benites (2009), incurre en conflicto de interés como magistrado del TC.

El Apra grita e insulta, y cuando eso pasa es porque algo teme.

Recordemos que el acusado y ex marino Carlos Castillo ya aceptó la existencia de ejecuciones extrajudiciales. “Yo fui parte de uno de los pelotones. La orden (de matar a los reos rendidos) fue extrajudicial”, dijo. “¡Disparen, disparen!, escuché al teniente (Luis Enrique) Román. Yo le escuché gritando. Daba la orden: Disparen, disparen, disparen. No se respetó la bandera blanca que los reos sacaban” (La República). Hoy es investigado en el juicio iniciado en octubre del 2016. Y por su lado, la valiente fiscal Luz Ibáñez ha referido que “García ya está citado como testigo en mi acusación y tendrá que explicar los hechos. Se debe tener en cuenta que hay una cadena de mando, por lo que en el dictamen fiscal hemos dejado en claro que falta considerar quiénes estuvieron por encima de los militares ese día (18 de junio de 1986), controlando lo que pasó en el penal. Son los mandos políticos que también deben responder” (Diario Uno).

Así las cosas, la nueva resolución del TC sobre el caso pone a García muy cerca, cerquísima, de ser investigado y no solo aparecer como testigo en el caso. Con razón Mulder se le fue con todo al juez constitucional.

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