Al margen del moribundo debate sobre la reforma electoral, toma fuerza la propuesta de revertir la reforma constitucional del 2015 que prohibió la reelección inmediata de los alcaldes. Gracias a que la Constitución permitía la reelección indefinida de las autoridades municipales, en muchas zonas hubo alcaldes que se mantuvieron por varios períodos, sin que ello se tradujera en una gestión que trajera bienestar. Por el contrario, las denuncias fiscales contra decenas de presidentes regionales y alcaldes por escandalosos casos de corrupción, llevaron a la indignada pero simplona decisión parlamentaria de prohibir la reelección.
El origen de la corrupción de tamaño hormiga, pero en gran escala, no está en una suerte de debilidad moral congénita de los alcaldes. Si el refrán popular advierte que “en arca abierta el justo peca”, es la Ley Orgánica de Municipalidades la causante de los problemas al otorgarle prácticamente todo el poder al alcalde en la administración de los bienes y recursos municipales; sin que haya un organismo de contrapeso a ese enorme poder. La reforma legislativa producida en 2003 lo dejó intocado. La Contraloría, dadas sus limitaciones de personal, presupuesto (y conducción, como se ha visto en los últimos meses), no tiene la capacidad de controlar a los ahora 1874 (¡!) gobiernos distritales; de manera que la falta de transparencia en los manejos de los dineros municipales genera muy rápidamente la sospecha entre los vecinos.
En las tres últimas elecciones municipales (2006, 2010, 2014), el 60% de los alcaldes en ejercicio quiso ser reelegido, pero los ciudadanos sólo ratificaron su confianza al 32%. La situación, empero, no es uniforme: en Piura, Lambayeque, Cajamarca, Loreto, Lima Metropolitana, Callao y Tumbes, el 80% de los alcaldes distritales postularon a la reelección; mientras que menos del 35% quiso repetir el plato en Puno (¿el mal recuerdo de Ilave?), Apurímac, Pasco y Moquegua. Con partidos que son cascarones, los alcaldes bailan con el pañuelo del presupuesto que administran, tratando de hacer carrera política transfugando según la necesidad. Pero el transfuguismo, no es mal visto, como se ha comprobado varias veces. Como a Deng Tsiao Ping, el gran timonel de la modernización china, al elector rural no le importa de qué color sea el alcalde, con tal que cace ratones.
Tampoco se puede decir que exista una alta correlación entre el afán reeleccionista del alcalde y las actitudes violentistas de sus opositores, puesto que, por ejemplo, sólo en 30 de los 82 distritos en los que ocurrieron actos de violencia en las Elecciones Municipales del 2006, los alcaldes postulaban a la reelección.
Como resulta obvio, en una municipalidad rural con 100 mil o un millón de dólares de presupuesto al año (en el caso de las municipalidades rurales las transferencias desde el gobierno nacional prácticamente constituyen el total) bien poco se puede hacer para organizar un aparato administrativo que cumpla mínimamente con sus funciones, y menos aún, hacer inversiones para satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores. En estas condiciones (que eran más deficitarias pero no cualitativamente peores en los años 80) se puede entender que Sendero Luminoso pudiera avanzar durante largos años controlando zonas –muchas veces con el consenso de los campesinos ninguneados por la miseria y el racismo- y llegara a cuestionar la estabilidad del Estado.
De las constataciones anteriores surge la pregunta ¿cómo puede funcionar un Estado manteniendo a la mitad de la población en la miseria y con esa incapacidad administrativa local que cubre las cuatro quintas partes del territorio? La respuesta es obvia: no puede funcionar bien, siempre estará en crisis, por más que haya propuestas autoritarias para resolver el desorden social. Sin contar con que las absurdas iniciativas del Humalismo que dieron vida a 36 nuevos distritos y en el caso del actual, a 21 en menos de un año, han profundizado la atomización del presupuesto.
Pero no sólo es cuestión de falta de dinero. Es también falta de hombres y mujeres preparados para gobernar. En el Perú rural, la élite política local heredera o asociada al gamonalismo y que gobernó hasta antes de la Reforma Agraria ya no existe ni se ha recompuesto, puesto que la transición de los años 80 voló por los aires con el conflicto armado interno que persiguió o aniquiló a la capa ilustrada que iba a tomar su posta en el gobierno local. El ensanchamiento de la brecha económica y social entre las ciudades y el campo y el deterioro de la vida rural no se debe a la Reforma Agraria sino a la liquidación o migración de esa capa ilustrada. Los campesinos que a partir de 1993 se han hecho cargo de los gobiernos municipales rurales no han logrado formar una clase política local que se haya capacitado en el arte de gobernar. Persiste la brutal exacción centralista que deja sin cuadros a la sociedad rural.
Distancia entre las promesas de la campaña electoral y los resultados concretos de la gestión. Este parece ser un común denominador a la gestión de la inmensa mayoría –si no la totalidad- de los alcaldes, provocada por el desconocimiento del tempo de la política gubernativa, de cómo funciona el presupuesto público, de sus montos y de las posibilidades reales de lograr en poco tiempo el número suficiente de obras visibles a las que se comprometen siendo candidatos. Dada la precariedad de los partidos, la renovación de autoridades que exige la población se ha convertido en un círculo vicioso, pues desde los años 80 tenemos un cíclico retorno a un nuevo comienzo con cada gestión local, a la invención del papel y de la pólvora, que por lo demás, carece de los recursos para tener un mínimo aceptable de burocracia entrenada en el manejo de los recursos y de los procedimientos públicos. Todos los políticos poseen, -y aún más los que no tienen ni doctrina ni tradición partidaria- el complejo de Adán, todos quieren pasar a la historia dejando su huella personal. En el caso de los gobernantes y alcaldes ello se traduce en obras públicas inútiles, en pequeñas pirámides o arcos del triunfo que perennicen sus memorias.
La ausencia de los alcaldes en sus distritos es un mal que afecta particularmente a los distritos rurales de relativa cercanía a las ciudades de la Costa y de las capitales provinciales en general. Es frecuente ver que los alcaldes -con la disculpa de estar haciendo gestiones en la capital departamental o en la capital de la República-, trasladan su domicilio a la ciudad o se ausentan casi en forma permanente. Esto en realidad forma parte de la gran e indetenible corriente migratoria que afecta a los pueblos chicos, que ninguna solidaridad de los migrantes organizados en las ciudades puede compensar.
Pero también hay un elemento más sutil pero no menos efectivo a la hora de provocar disensiones entre gobernantes y gobernados: el maltrato de que son víctimas los vecinos por parte de alcaldes envanecidos por el pequeño poder del que gozan y que niega todo el discurso seudodemocrático del candidato en el sentido de que es sólo un mandatario del pueblo que es el que conserva la soberanía.
No sorprenderá, por tanto, la conclusión a la que arribaron hace casi diez años Carrión y Zárate: “encontramos que el Perú se coloca en un lugar bastante bajo en la región en lo que se refiere a la confianza en el gobierno municipal. Solo los residentes de Haití presentan niveles más bajos.”[1]
Entonces, puesto frente al dilema de mantener la prohibición de la reelección inmediata y echar suertes para que haya alcaldes honrados y capaces, cuando lo más probable es que sigan los improvisados, demagogos, ignorantes del abecé de la administración pública; o permitir la reelección por una sola vez de los que ya aprendieron algo sobre el manejo presupuestal y saben que si no les cae la Contraloría, al menos les caerá la Revocatoria y la vergüenza; opto por el segundo camino, que también puede ser más de lo mismo. Es que no vivimos entre ángeles, pe.
