Por: Josué A. Del Mar
Edgar Alarcón no solo perdió los papeles, también perdió el cargo de Contralor General y su trabajo en la Contraloría. En esta nota, los malos pasos de quien fuera la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, desde su titulación hasta sus horas más negras, vividas desde Arequipa.
El martes 27 de junio, el Consejo Universitario de la UNSA asestó un duro revés al, hasta hace poco, Contralor General de la República. El órgano directivo de la casa agustina ratificó lo que el abogado Javier Lizárraga adelantara días antes: descubrieron una serie de irregularidades en el proceso de titulación de Edgar Alarcón.
Con los reflectores puestos sobre las anomalías encontradas en su grado académico, incluido el presunto plagio del trabajo-informe con el que se tituló, Alarcón permaneció en medio del escándalo como la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Y pese a que en el documento final de la comisión Arana no se consideró estos cuestionamientos, la historia de los días finales de Alarcón en la Contraloría estuvo marcada por Arequipa y a la Universidad Nacional de San Agustín.
PROFESIONAL EN IRREGULARIDADES
Entre los años de 1978 y 1983, Edgar Arnold Alarcón Tejada estudió la carrera de Contabilidad en la UNSA. Para los docentes que aún lo recuerdan, el excontralor fue un alumno discreto. Sin contar con grado académico, inició su carrera en la Contraloría como Analista Técnico Financiero en diciembre del 97. Al año siguiente, el 14 de agosto de 1998, recién obtuvo su grado de Bachiller en Contabilidad.
En marzo del 2000, dos años y tres meses después de ingresar a la Contraloría, Alarcón inicia el proceso para titularse como Contador Público. Para ello opta por la modalidad de Servicios Profesionales, que requería la elaboración de un trabajo-informe que recogiera las actividades y experiencias de tres años consecutivos de labor en una institución pública o privada.
Pese a no haber completado los tres años estipulados en la norma, el extitular de la Contraloría presentó su documentación y sustentó el trabajo “Sistema Integrado Modelo Administración Financiera Sector Gubernamental – Aplicación en el Perú” de más de 220 páginas. El trabajo del Contralor fue investigado por El Búho, que encontró sólidos indicios de un presunto plagio de documentos de capacitación de un curso al que Alarcón asistió en agosto del 98.
Conforme consta en el expediente de titulación, el legajo presentado por Alarcón fue rechazado en primera instancia por múltiples observaciones. La de mayor importancia es la referida al incumplimiento del requisito de acreditar tres años de trabajo continuo en una institución. Firma el acta, el ex docente Carlos Nieto, quien a la fecha ha fallecido. Pero inexplicablemente, aparece un nuevo documento en que –sin ningún argumento- se da por cumplidos los requisitos y se autoriza al sorteo del Jurado Calificador para la sustentación del entonces trabajador de Contraloría. Suscribe este nuevo documento, el mismo Carlos Nieto.
Los documentos también dejan ver que la titulación de Alarcón tuvo otras irregularidades aún más graves. El acta de sustentación en que se consigna la ponencia del hasta entonces bachiller, registra como hora las doce del mediodía del día 03 de mayo. Mientras que el acta de sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Contables, donde se aprueban los grados y títulos, tiene como hora de cierre las 11:30 horas del mismo día. ¿Cómo así es que el Consejo de Facultad ya consignaba la graduación de Alarcón cuando este aún no había sustentado su trabajo-informe?, ¿Se hizo realmente la sustentación o el acta se confeccionó como una formalidad? El jurado estuvo integrado por el ya mencionado Carlos Nieto y los catedráticos César Málaga, entonces Decano, y Jesús Tellez.
Al término de esa supuesta sustentación es que se produce la reunión-almuerzo entre el excontralor, su esposa María Gordillo Andía, y catedráticos de la escuela de Contabilidad de la UNSA, en una picantería de la ciudad. En la misma, Gordillo habló de su cercanía a influyentes figuras fujimoristas y la prometedora carrera de su esposo dentro de la Contraloría.
Una Comisión de Decanos de la UNSA, actualmente tiene el encargo de investigar estas irregularidades y pronunciarse en el plazo de 30 días que vencen a fines de mes.
CONTRALOR CON METRALLETA
Pero antes de que se supiera de estos hallazgos, la mañana del miércoles 21 de junio último, la conclusión de la Comisión presidida por Javier Lizárraga era la noticia del momento: el título de Edgar Alarcón no cumplía los requisitos de ley. Los certificados presentados no cumplían con acreditar los tres años de experiencia estipulada en el Reglamento de Grados y Títulos de la UNSA. Los medios de comunicación buscaron a Lizárraga quien declaró que el cartón del Contralor “fue obtenido de manera fraudulenta”.
La reacción de Alarcón no se hizo esperar: la noche del mismo miércoles 21 emitió un comunicado intentando refutar lo señalado por la comisión Lizárraga y al día siguiente llegó a la ciudad. Su primera visita fue al rector de la UNSA, Rohel Sánchez Sánchez, a quién “mandó llevar” a la sede de la Contraloría de calle Peral. Ante la negativa del rector, quien a esa hora se reunía con investigadores de la Universidad de Purdue de Estados Unidos, el mismísimo Edgar Alarcón llegó a la UNSA para concretar la reunión.
Once personas formaron parte del encuentro. Alarcón, quien estuvo acompañado de su abogado y los altos mandos de la Contraloría en Arequipa, exigió a Sánchez y dos funcionarios presentes, explicaciones sobre las conclusiones expuestas por Lizárraga. Además, entregó al rector informes de control sobre el paso de Lizárraga por el Consejo Regional y la Facultad de Derecho, que lo comprometen con supuestos actos de corrupción, a manera de descalificarlo. Sánchez se limitó a informarle que el Consejo Universitario aún no se había reunido y no había tomado ninguna decisión. Luego de la tensa reunión, enrumbó a la sede de Peral para dar una conferencia de prensa.
El excontralor no se guardó nada. Además de afirmar que Rohel Sánchez había desconocido el informe de Lizárraga, disparó contra la gobernadora regional Yamila Osorio, al alcalde Alfredo Zegarra e incluso Juan Manuel Guillén. En sus declaraciones, Alarcón denunció que estas autoridades formaban parte de una campaña de “demolición” en contra suya y de la Contraloría con el fin de desacreditar los informes en los que se encuentran comprendidos. La guinda del pastel fue el amenazante anuncio de próximas auditorías a las obras del GRA y la municipalidad provincial.
CONTRALOR VS. GOBERNADORA
La primera en responder al contralor fue Yamila Osorio, quien mediante su cuenta de Twitter denunció el intento de vincularla con Lizárraga. La gobernadora lamentó las declaraciones de Alarcón, a las que atribuyó un tono amenazante.
Al día siguiente, el 23 de junio, el anuncio de Edgar Alarcón se cumplió: Contraloría realizaba una visita inopinada a las obras del Tramo III de la variante de Uchumayo que ejecuta el GRA. Los auditores estaban casualmente acompañados por la congresista fujimorista Alejandra Aramayo, tenaz crítica de la gestión de Osorio. La inspección encontró riesgos menores en los trabajos, pero también mejoramiento en los plazos de ejecución frente a visitas anteriores.
Curiosamente, fue un familiar de Alarcón quien desvió la atención de la inspección y volvió a fijar los reflectores en el contralor. Su primo hermano, Jossef Soto Tejada, dirigió un comentario a la gobernadora en una publicación del fanpage de El Búho, donde le aconsejaba, mejor, quedarse “calladita”. Yamila Osorio, ni corta ni perezosa, realizó una captura del comentario del hermano de Noelia Soto Tejada y denunció la amenaza en sus redes sociales. A los pocos minutos, el comentario fue borrado y el perfil deshabilitado. Soto Tejada dijo luego que su cuenta había sido hackeada.
LO QUE MAL EMPIEZA
Tal como se relató al inicio de este informe, el Consejo Universitario de la UNSA refrendó lo concluido por la Comisión Lizárraga el 27 de junio. El informe solo se pronunció sobre el incumplimiento de requisitos para la titulación, considerando innecesario investigar sobre el presunto plagio, presumiblemente, para no comprarse un pleito mayor. No obstante, el órgano directivo de la casa agustina decidió instalar otra comisión, con 30 días de plazo, para que decida si la falta ameritaba sancionar a Alarcón o a otros involucrados en las irregularidades y en qué forma.
La etapa de Alarcón al frente de la Contraloría llegó a su fin el 3 de junio, cuando la Comisión Permanente del Congreso decidió destituirlo del cargo. Tres días después, el vicecontralor Oswaldo Yupanqui le informaba que se le había despedido. Su salida de la institución todavía deja dudas. ¿Su retiro significa una reforma en el Sistema Nacional de Control? ¿O acaso es el chivo expiatorio necesario para frenar una verdadera reestructuración de la Contraloría?
En tanto, ha quedado sin investigar, el plagio de su trabajo-informe, denunciado en la edición virtual de El Búho.
