El Búho

Política y Cultura desde Arequipa Perú.

La sanción a la corrupción de “cuello y corbata”

Por: 

José Alejandro Godoy

Sin duda, la imagen de José Graña Miró Quesada entrando a la carceleta de Palacio de Justicia es bastante fuerte. Pero creo que termina siendo parcial.

Es claro que el juez Richard Concepción Carhuancho le podría dictar prisión preventiva hasta a una hormiga, lo que resulta bastante discutible (y debería dar para un debate sobre la aplicación de esta medida). Y que también es cierto que, si no es por los casos de los prófugos Lelio Balarezo y Gustavo Salazar (exvicepresidente de CONFIEP y exgerente de La Positiva, respectivamente), no tendríamos a Graña, Camet Jr. y otros preguntándose en qué penal pasarán la noche.

También es notorio que existe clara evidencia que las constructoras consorciadas con Odebrecht y las otras empresas brasileñas están metidas hasta el cuello en el caso Lava Jato (lean el duro editorial de Semana Económica). Y que a estos señores les valdría la pena ir acogiéndose a la colaboración eficaz, no solo para reducir la pena, sino también para aminorar el riesgo sobre sus empresas, amenazadas por una norma que, lejos de garantizar la reparación civil, disuade la cooperación con la justicia.

Sin embargo, creo que haríamos mal solo con quedarnos con la foto del día.

Cuando terminó el régimen autoritario de Fujimori, varios empresarios se vieron inmersos en procesos penales. Recordarán que, por primera vez en la vida, Dionisio Romero terminó declarando ante una fiscal (la incorruptible Ana Cecilia Magallanes). O que Jorge Camet estuvo varios años en arresto domiciliario.

Sin embargo, todos estos procesos terminaron con la absolución o la prescripción a favor de estas personas. Salvo los empresarios de televisión (básicamente, porque a todos los vimos recibir cerros de plata en la salita del SIN), casi ninguno (con la excepción de Boloña) terminó con una sentencia condenatoria.

Hace algunos meses, le pregunté a gente que conocía del tema las razones de este fenómeno. Las respuestas fueron variadas: la investigación judicial privilegió a los delitos vinculados a la administración de fondos, se creó una Sala Anticorrupción “VIP” donde terminaron yendo la mayoría de los casos vinculados a grandes empresarios, estos personajes tenían abogados de peso detrás de sus defensas y la cantidad de información existente tampoco permitió armar todos los casos posibles. Quizás haya que añadir un factor jurídico más: en general, en estos procesos, los casos no estuvieron del todo bien armados.

Pero creo que también terminó pesando aquella vieja conducta limeña de la carencia de “sanción social”. Muchos de estos personajes ni siquiera fueron retirados, por decoro, de sus clubes (salvo recientemente, en el caso de Salazar, pues al descubrirse sus conexiones con Odebrecht, era presidente del Regatas) y, menos aún, fueron contrariados por sus conexiones con un régimen que no solo era inmundo, sino también autoritario. Basta ver la cantidad de panegíricos que hubo a la muerte de Jorge Camet, personaje que se quedó 5 años en el MEF de Fujimori, sin cuestionar que trabajara para un autócrata que, hoy sabemos, es un asesino y un ladrón y sobre el que existían sospechas – por lo menos, de encubrimiento – desde 1993.

Como comentaba el politólogo Alberto Vergara en una reunión académica, Jorge Barata era parte de la “gentita”: mismas reuniones, integración plena a la sociedad limeña, un personaje “de moda”. Y todo sabiendo que Odebrecht tenía una reputación cercana a la de “Los Injertos”. Recién cuando las papas quemaron en Brasil, es que algo de “sanción social” hubo, pero no mucho más.

Por ello, es momento que los empresarios comiencen a ver más allá de su propia burbuja. El hecho que la CADE de este año haya sido criticada por todo el espectro habitual de comentaristas (consenso pocas veces visto) da muchas luces sobre un evento ya tradicional en la escena peruana, tanto en su vocación por el networking, como en la poca profundidad del debate y la autocomplacencia, salvo excepciones.

Quizás ver a algunos de los suyos yendo a Palacio de Justicia pueda romper, finalmente, un circulo de ombliguismo que, sin duda, dice mucho de quienes se ufanan de “cortar el jamón” en el Perú.

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