La opción por la guerra en Venezuela

Columnista invitado Nicolás Lynch

Hemos visto en estos días en Lima el último episodio de la crisis política en Venezuela. El denominado “grupo de Lima” en el afán de echarle más leña al fuego, ha decidido señalar que “el Presidente Maduro no será bienvenido” a la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo abril en el Perú. La razón que ha dado es que se han convocado a elecciones presidenciales sin acuerdo con la oposición.

Sin embargo, esto no es verdad. Sí ha habido un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana en las reuniones llevadas adelante a fines de enero en la República Dominicana. El caso es que este acuerdo, alcanzado en un primer momento entre las delegaciones asistentes, no fue ratificado luego por los partidos opositores en Caracas y no se pudo proceder a la firma definitiva. Todo ello ha sido revelado en una carta  que el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero  le envía a la delegación de la oposición, señalando que ha echado por la borda meses de negociaciones llevadas adelante y que han perdido una oportunidad para lograr una salida democrática para su país. No está demás señalar que por esta misiva Rodríguez Zapatero está siendo sometido a una campaña de desprestigio liderada por el diario El País a nivel internacional.

No se trata de un acuerdo perfecto para que se den elecciones 100%  libres y justas, pero sí de un avance sustantivo frente a la situación actual, que permite garantías electorales para el desarrollo de los comicios, entre ellas la presencia de observadores de las Naciones Unidas en los mismos. Igualmente se acuerda un esfuerzo conjunto para suspender las sanciones internacionales contra el país, afrontar el problema humanitario, lograr la coexistencia institucional y formar una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de violencia sucedidos en los últimos años.

¿Qué pasó entonces? Que hay una agenda muy clara de la derecha tanto venezolana como continental, impulsada principalmente por los Estados Unidos, que no quiere una salida democrática en Venezuela, a través del diálogo y la competencia electoral, sino que prefiere una salida por la fuerza, a través de las diversas variantes golpistas que hemos visto poner en acción en los últimos veinte años en la región. Unas elecciones que surjan de un acuerdo son entonces peligrosas para esta perspectiva, porque suponen, cualquiera que fuera el resultado, una negociación que no va a desaparecer al otro del escenario político venezolano. La derecha, en cambio, aspira a desaparecer a Maduro, al chavismo y cualquier cosa que se le parezca de Venezuela y de América Latina, por lo que prefiere una solución por la fuerza.

Esta aclaración que hago no pretende avalar el giro autoritario del Presidente Maduro en el último quinquenio. Este mandatario, elegido democráticamente el 2013, no ha podido crear un espacio común con la oposición dando las concesiones respectivas, para mantener una dinámica de competencia política que reduzca la polarización y siente las bases para un futuro democrático. Ciertamente esto es difícil cuando se tiene un programa de transformación social en curso, pero es el reto de la hora en América Latina porque las dictaduras, de cualquier tipo, son cosa del pasado.

Es vergonzoso, por último, el doble estándar con que actúan, en especial la Cancillería peruana, bajo el ex canciller Ricardo Luna y la actual canciller Cayetana Aljovín; así como el maestro de maestros Luis Almagro que avala hasta el indulto a Fujimori. Miran exclusivamente a Venezuela hoy, pero se olvidan del Brasil y el golpista Temer que tiene como Presidente y de Honduras y el monstruoso fraude electoral que ha permitido “reelegir” a Juan Orlando Hernández; sin olvidar los golpes blandos y duros de años anteriores contra Manuel Zelaya también en Honduras el 2009, Fernando Lugo en Paraguay el 2012 y el propio Hugo Chávez en Venezuela el 2002 y el 2003.

Esta agenda del grupo de Lima no tiene que ver con la democracia, ése es el pretexto de su actuación, tiene que ver con censurar cualquier atisbo de gobierno progresista que pretenda salirse del libreto neoliberal y ensaye una democracia distinta que ponga la cuestión social y no los derechos de propiedad por delante.

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