¡Pucha, la grúa!

la Silla Prestada Alfredo Herrera

Cada vez son más los conductores que se quejan, especialmente a través de algunas radioemisoras, de la presencia de alguna grúa que se llevan sus autos al depósito por estar mal estacionados. Durante los últimos meses el accionar de las grúas es más intenso, parecieran estar por todas partes y a todas horas del día, y el depósito de la avenida Independencia, donde antes se instalaban circos y juegos mecánicos, hoy están llenos de autos particulares y conductores que a rabiar tienen que pagar el costo de su descuido.

¿Pero a qué se refieren las quejas de los conductores si entendemos que las reglas dicen que si un auto está mal estacionado se lo debe llevar la grúa? Pues hay dos razones: la primera es que las grúas han aparecido en zonas donde no debiera considerarse un mal estacionamiento, como por ejemplo las zonas residenciales, y en segundo lugar por el costo que hay que pagar para poder liberar el auto del depósito.

En el primer caso, las grúas efectivamente aparecen por urbanizaciones de zonas como Umacollo, Paulo VI, La Negrita, por ejemplo, donde las veredas tienen una zona franca, como una franja tierra de nadie, en la que los propietarios estacionan sus carros en las frenteras de sus viviendas, pues a partir de ahí la línea amarilla marca la prohibición del estacionamiento y no hay letreros expresos de esta medida. Entonces, llevarse el vehículo de un lugar permitido es un delito, un abuso de autoridad.

De la misma manera e zonas alrededor de instituciones de mucha afluencia de público, como universidades, hospitales, municipalidades o centros comerciales, a pesar de que no hay señalización explícita, los vehículos son retirados. Un conductor se quejaba de que su auto fue retirado de una calle clausurada, por ejemplo. El problema es que una vez retirado el vehículo del depósito, con los ajos y cebollas hacia la policía y los conductores de las grúas, el propietario ya no se da la molestia de denunciar el abuso ante la Municipalidad, o la propia policía, pues estas dos instituciones son las que han puesto las reglas.

De otro lado, el conductor afectado debe pagar un mínimo de 250 soles para poder retirar su auto del depósito, la mitad es un pago a la Municipalidad, por el servicio de guardianía, y la otra mitad debe pagar en una oficina particular a la empresa de la grúa, por el servicio de uso de la grúa. No hay ningún pago o multa por infracción a las reglas de tránsito. ¿Tiene todo esto una lógica en el sistema de administración pública? Si un conductor comete una falta a las reglas de tránsito ¿no le corresponde una multa por infracción? ¿Por qué, entonces pagar a la municipalidad por un “servicio” que no se ha solicitado? ¿Y por qué pagar el “servicio” de grúa si en todo caso es la Municipalidad la que está gestionando ese uso y no el conductor? ¿Está todo esto debidamente normado? ¿Ha intervenido, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que logró anular cobros indebidos en varias instituciones públicas, para garantizar un adecuado servicio a la ciudadanía?

De todas estas inquietudes, que deberían ser debidamente respondidas por la autoridad competente, se derivan otras dudas. ¿Cómo se ha hecho para que solo dos empresas de grúas sean las que se dediquen exclusivamente a esta función? ¿Hubo alguna licitación de por medio y ésta fue legal? ¿No será uno de los propietarios pariente cercano de un regidor? En fin. Lo cierto es que los conductores están cada vez más molestos, porque así como uno reconoce que comete una infracción, de la misma manera uno se da cuenta cuando hay un abuso de autoridad.

Tema, como muchos, que afectan a los ciudadanos sin que se pudiera hacer mucho para revertirlos, pues evidentemente hay un abuso de autoridad en la acción. Se ha visto aparecer hasta cuatro grúas juntas, por ejemplo, en la urbanización Paulo VI, y no se han llevado a los autos mal estacionados frente a las clínicas, sino a los autos estacionados al frente de sus casas, o de la misma manera aparecen en las calles circundantes a la universidad de Santa María, donde los policías permiten aglomerarse a taxistas y no permiten estacionar a los propietarios de viviendas en la zona. Vale la queja de los conductores, lo que no vale es el abuso de autoridad y el silencio de las autoridades.

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