Feminicidios imparables en Perú
El Búho Connectas
Continúa hacia abajo

Pese a nuevas leyes y una considerable asignación presupuestal, la violencia contra la mujer no ha disminuido en el país

El presupuesto del Programa de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer se ha multiplicado por cinco veces entre 2016 a 2019 desde que comenzó a regir en el país la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En paralelo, la cantidad de actos de violencia denunciados por mujeres, también crece de manera inexplicable.

En este mismo periodo, 560 mujeres expiraron a manos de sus parejas o exparejas, entre ellas, 177 que habían denunciado amenazas o agresiones previas y doce que, pese a haber atravesado exitosamente el complicado proceso judicial que implica, habían conseguido medidas de protección del Estado, que no evitaron su muerte.

Esta investigación revela que la política para combatir el feminicidio en el Perú, no ha considerado factores culturales que afectan a toda la cadena del sistema de justicia. Además, que el presupuesto creciente ha sido mal asignado y gran parte de las medidas dictadas por los jueces son extremadamente vagas o casi imposibles de cumplir en los hechos. Así, durante el año 2020, pese al aislamiento por cuarentena, las cifras de la violencia siguieron agravándose, mientras el presupuesto volvió a incrementarse en más del 30% respecto al año anterior.

Una investigación de Mabel Cáceres e Ibón Machaca

aribel Barrera había ido 5 veces a la comisaría, para advertir que su vida corría peligro. Incluso se mudó a espaldas de la comisaría de Huacho (Lima), pero no impidió que fuera asesinada por su expareja. Cinco horas después del crimen, llegó un policía con un papel en la mano para notificar a las partes que el juez había dictado una medida de protección para ella.

Y así, como una tendencia irreductible, el número de feminicidios registrados por año, no ha dejado de crecer en Perú. En 2019 fueron 168 crímenes de este tipo, en algunos casos, planificados con imperdonable crueldad. No es raro la presencia de niños en la escena del crimen y el saldo de huérfanos –de padre y madre- como secuela de la repentina muerte materna y la consiguiente ausencia paterna.

En el año 2020, en medio del confinamiento por COVID-19, 127 mujeres ya han muerto con consecuencia de un lío de pareja; pero una cifra mucho mayor de mujeres ha sido reportada como desaparecida. Aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo cifraba en 4 052 las niñas y mujeres desaparecidas en Perú en que lo va del año, organizaciones especializadas aseguraron que son más de 8 mil. Según esa cifra, cada hora que trascurre, desaparece una mujer en Perú. Y la mayor parte de estos casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, de acuerdo a la experiencia pasada.

La paradoja de una mayor intervención estatal para detener esta violencia, con un resultado opuesto al esperado, tiene su explicación en una diversidad de factores, según se deduce de un análisis de la estadística oficial, la encuestas de hogares y una revisión del presupuesto para esta investigación.

Este trabajo demuestra que las medidas de protección innovadoras que la ley dispone desde 2016, han tenido una aplicación tardía, concentrándose en 2018 y 2019. Antes del confinamiento, el sistema Judicial en el país tenía vigentes 686 mil 257 medidas de protección dictadas por un juez en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Esto representa el 70% de un total de 986,972 denuncias por violencia que llegaron a instancia judicial. Pero deben ser atendidas por solo 1319 comisarías existentes a nivel nacional.

Además, esta investigación señala que la Policía Nacional no ha recibido presupuesto adicional para atender esta nueva tarea y, aunque ha implementado módulos especiales para la atención de denuncias, sigue siendo el blanco principal de críticas a la hora de evaluar los resultados. De acuerdo al número de medidas de protección que les ha remitido el Poder Judicial para ejecutarlas, cada policía especializado debería monitorear a unas 900 mujeres con una medida de protección. Esto es, mantener el contacto con ellas, efectuar rondas cerca del domicilio en los casos críticos, visitar el domicilio y elaborar informes sobre la situación para los juzgados penales donde su ventila el caso. Pero de acuerdo con los testimonios obtenidos de policías, estas tareas son imposibles de realizar si el dinero se va a cualquier otro lado, menos a las tareas policiales. La Defensoría del Pueblo verificó que, de 146 comisarías observadas, solo 105 cuentan con los vehículos y un 10% no tienen personal destinado a realizar las visitas a las víctimas.

Por otro lado, en los primeros años de aplicación, la medida más frecuente ordenada por el juez fue “el cese de la violencia de parte del acusado”, u otras declaraciones vagas o extremadamente difíciles de cumplir. Así, debido a su total ineficacia, este año, durante la pandemia, fue prohibida expresamente.

Desde la Defensoría del Pueblo acusan una falta de empatía del juez y de la cadena de operadores de justicia, a la hora de garantizar protección efectiva a las potenciales víctimas de feminicidio. Y desde la policía, explican sus carencias con una sola cifra: este año el Ministerio de la Mujer recibió más de 400 millones de soles para el Programa de Lucha Contra la Violencia, mientras que la Policía Nacional, a través de la división de Policía de Familia que tiene a su cargo la ejecución de medidas de protección, solo recibió 3 millones y medio de soles adicionales.

Todos estos números, son apenas una parte de las múltiples causas que explican el imparable número de feminicidios en el Perú y que se presentan en los cuatro capítulos que integran esta investigación realizada por El Búho, en colaboración con CONNECTAS y el International Center for Journalists (ICFJ).