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La bolsa
equivocada
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ada la ola de violencia creciente contra la mujer, en los últimos años, el gobierno se ha esforzado por implementar programas y planes con el fin de promover la igualdad de género y erradicar la violencia. Desde el año 2016, por ejemplo, rige el Plan Nacional contra la Violencia de Género (2016-2021) con una partida presupuestal que se ha ido incrementando año a año. Asimismo, se han promulgado leyes para promover la igualdad de oportunidades , prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y para modificar el Código Penal en contra del feminicidio .

Entre el 2016 y 2019 el presupuesto del Programa de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer se cuadruplicó, en el Perú. En el último año llegó a 435 millones de soles, comparado con los 84 millones asignados a principios de 2016. Asimismo, para este 2020, la asignación presupuestal aumentó 138 millones más (31.78% de crecimiento), esto es equivalente a 573 millones, la cifra más alta que ha invertido hasta el momento el Estado en cualquier programa de seguridad.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Transparencia Económica

De otro lado, este esfuerzo por erradicar la violencia de género ha concentrado la mayor parte de sus recursos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manejado de manera centralizada desde Lima. La distribución del gasto, en promedio, llega al 99.4% para proyectos que maneja el Ministerio de la Mujer y menos del 1% se transfiere a los otros niveles como el Gobierno Local y Regional; gasto que, además, ha ido decayendo en los últimos años en estas instituciones.

En el 2018, con la aprobación del Plan de Acción Conjunta (PAC), como instrumento de articulación entre entidades vinculadas a este programa, se establecen políticas públicas más concretas con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, sobre todo aquellos considerados casos de alto riesgo.

Sin embargo, el Plan Nacional contra la Violencia de Género establece que “las acciones necesarias para la implementación y desarrollo del Plan Nacional (...), a cargo de las entidades competentes, así como lo establecido en el presente Decreto Supremo, se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. Así, la única entidad que tiene recursos nuevos para cumplir este plan es el MIMP.

Solo a partir del 2020 más sectores reciben un presupuesto destinado a cumplir con las metas fijadas dentro del PAC como son el Poder Judicial, Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Educación, entre otros sectores.

La distribución presupuestal para este año es como sigue:

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica

Un 72% del presupuesto (416 millones) sigue en manos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mientras el Poder Judicial y Ministerio Público han recibido transferencias importantes; sin embargo, el Ministerio del Interior (donde se adscribe la Policía Nacional), es uno de los menos favorecidos, con menos del 2%. La cantidad asignada para que cumplan la función esencial que se les ha asignado resulta claramente insuficiente para atender, en este año, más de un millón de personas con medidas de protección otorgadas por el Poder Judicial.

En los 4 años que evaluamos, sin embargo, las transferencias bajo este Plan fueron insignificantes. Bajo el programa de Asistencia Social, que se usó para atender las medidas de protección, esto fue lo que recibió la Policía Nacional.

Etiquetas de fila Suma de Ejecución Suma de Ejecución2
2016 291,055 18.41%
2017 339,029 21.44%
2018 388,189 24.55%
2019 562,697 35.59%
Total general 1,580,970 100.00%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica

Esta escasez presupuestal se suma al hecho que la oficina encargada de ejecutar las medidas de protección es la División de Protección contra la Violencia Familiar, una dependencia de tercer nivel de jerarquía; no obstante, es responsable del planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de las actividades dirigidas a la prevención, protección, investigación y denuncia de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Auxilio ex post

En la distribución presupuestal también se nota concentración en medidas de atención o auxilio para quienes ya han sufrido una agresión, lo que contradice el espíritu de la ley que es la prevención de la violencia y, como fin último, evitar los feminicidios.

Así, poco más de dos tercios del presupuesto del Programa para erradicar la violencia contra las mujeres del año 2019 están destinados a actividades de atención y protección, mientras que se gasta solo un 27.73% en prevención de la violencia.

Silvia Patricia Arispe Bazán, jefa del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer señala que el grueso del presupuesto asignado a este programa ha sido para implementar servicios, logística, espacios para la atención, etc. Además, contratar personal y servicios.

Otro factor que llama la atención es la poca ejecución del gasto en las instancias descentralizadas. Pese a que es una cantidad menor, tampoco se ha culminado los proyectos para los que se han destinado.

En estos proyectos se tiene que apenas el 41% se ha ejecutado. Para ser más precisos, de 14 proyectos que se han ejecutado con presupuesto del PNLCVFS, apenas se han ejecutado la mitad; solo dos han sido culminadas.

¿Por qué, si el presupuesto para combatir la violencia aumenta, ésta no disminuye?

Romy Natalí García Orbegoso, es consultora de la ONG Demus, organización dedicada al estudio y vigilancia de políticas públicas en temas de violencia, seguridad y género. Para ella, lo que se destina a prevenir la violencia es insuficiente, pues casi la mitad del presupuesto se utiliza para servicios de atención, luego de haber ocurrido la agresión. Concretamente, el programa de lucha contra la violencia lo gestiona fundamentalmente el Ministerio de la Mujer y, dentro de éste, el programa denominado Aurora.

“Los últimos cinco periodos presupuestales, los servicios contaron con una asignación presupuestal que se destinó principalmente a atención psicológica, albergados en hogares de refugio temporal, fortalecimiento de los servicios de atención para afectados y afectadas, por ejemplo, apoyo legal, capacitación, formación de redes. En el campo de la prevención, el dinero se ha ido en implementar una estrategia comunicacional para la prevención, en construir servicios para orientación a varones, campañas focalizadas sobre varones para que reconozcan su violencia; y también el empoderamiento socio económico de las mujeres”.,

Así, el mayor obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia, habría sido presupuestal. Fuera del Ministerio de la Mujer, solo el Ministerio del Interior (Policía) y el Ministerio de Salud, tenían partidas muy pequeñas y los otros sectores debían implementar acciones con su propio presupuesto, sin recibir asignaciones especiales para implementarlas.

Esto cambió solo a partir de 2020. García explica que, por ejemplo, al Poder Judicial se le ha otorgado, por primera vez, cerca de 37 millones 560 mil soles, con la meta prevista de resolver 10 mil expedientes de casos de violencia acumulados en los distritos judiciales de Lima Este, Ancash, Arequipa, Callao y Ventanilla, a través de 48 juzgados nuevos con sus respectivos equipos disciplinarios.

El Ministerio de Justicia recibió 9 millones 861 mil para brindar apoyo legal a 2 mil 856 personas víctimas de violencia en Lima Ancash Arequipa, Callao y Ventanilla. El Ministerio Público va a recibir 44 millones 895 mil 738 soles para entregar expedientes resueltos en los distritos judiciales de Lima Este, Arequipa, Ancash, Callao, Ventanilla, a través de 38 nuevas fiscalías, además de implementar laboratorios forenses clínicos con cámaras Gessel.

En contraste, el Ministerio de Interior, donde está adscrita la Policía Nacional, que es el sector que recibe las denuncias y debe brindar la protección, recibió sólo 3 millones. Pero su meta prevista es brindar protección efectiva a 93 mil mujeres que han sido amparadas en el Poder Judicial con medidas de protección. Esa partida su supone sea para que destinen a esta labor a 900 efectivos policiales capacitados en cursos de especialización ubicados en 230 comisarías con materiales y equipos implementados en los distritos mencionados, priorizados por los altos índices de violencia registrados en los últimos años. Así el Plan Nacional basa su posibilidad de éxito destinando 1 policía por cada 900 mujeres con medidas de protección y un monto de poco más de 30 soles (menos de 10 dólares) por cada caso.

“Resulta un poco patético, realmente las comisarías del sector, sobre todo rurales, de provincias, toman a la ligera el tema de las medidas de protección”

¿A qué se ha dedicado el gasto del programa de lucha contra la violencia?

Silvia Arispe, Directora del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer, confirma que, desde la vigencia de la ley, el presupuesto otorgado al programa se ha ido incrementando. En el 2017, la asignación de recursos fue para implementar Centros de Emergencia Mujer (CEM) en comisarías que es el nuevo modelo que se implementó en el 2017 con el fin de darles refugio temporal; fortalecer servicios de urgencia y darle sostenimiento a la línea 100 (línea de emergencia).

“En el 2017 el programa Aurora tenía 295 CEMs en todo el Perú, para el 2018 subimos a 346 CEMs, para el 2019, 396; y este año, vamos a pasar los 400 a nivel nacional, de los cuales, 150 son en comisaría. Ahora el modelo apunta a estar dentro de las comisarías porque es el primer lugar donde van a denunciar alguna situación”.

Como explica Arispe, el grueso del presupuesto se destinó a implementar estos servicios, la logística y contratar personal para atenderlo. Además, crear programas de prevención y reforzar los servicios.

¿En qué acciones debería invertirse entonces para lograr efectividad en la reducción de la violencia?

Wilson Hernández Breña, investigador de GRADE en temas de género y desigualdad, enfatiza al decir que no es con más dinero que se va a reducir los feminicidios y que, en una realidad como la peruana, es muy difícil que ese dinero vaya a intervenciones que lleven a la consecuencia que una mujer en riesgo no sea asesinada.

“La pregunta de política pública debería ser dónde están esas mujeres y cómo llegamos a ellas o como identificarlas, pues están en muchas partes. En ese sentido hay dos problemas: Las tasas no van a bajar porque se les dé dinero. Las medidas de prevención tienen una eficacia limitada porque protege a las que denunciaron, pero hay un 80 % que nunca denunciaron; y en el caso de las que tienen medidas, ocurre que la Policía no puede ofrecerles protección, porque son tantas que es inviable, incluso si toda la policía se destinara a esto. En comisarías hay 30 mil policías, solo en Lima habían cerca de 150 mil medidas de protección que no caducan y se van acumulando. Hay que tener mucha suerte para que, en una visita, se pueda encontrar a la víctima”.

Para él, se debe empezar las campañas por la gente joven, ya que es muy difícil cambiar patrones de conducta agresivos para personas por encima de 25 a 30 años: “Es más efectivo trabajar con adolescentes, hay muchos programas para trabajar estereotipos de género, nuevas formas de socializar entre hombres y mujeres, tejer relaciones sentimentales adecuadas, desterrar la idea del control o el acoso a mujeres o parejas y ese campo de masculinidad es muy poco trabajado en el Perú. Y está el factor cultural: presión familiar y presión social, marcadas por el estigma que tienen un hombre a su lado, muchas reportan que se quedan por el “qué dirán” de la familia frente a un divorcio.

Finalmente, advierte que la violencia puede escalar si no se denuncia, por lo que hay que fomentar que se haga la denuncia.

Maribel Barrera denunció por violencia a su expareja Cristóbal Minaya, hasta 5 veces. Ante sus constantes amenazas, pidió garantías para su vida y medidas de protección. Huyendo de él se mudó hasta 4 veces en menos de un año y la última vez buscó una vivienda a escasos metros de la Comisaría del Centro de Emergencia Mujer de Huacho. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para evitar que Cristóbal la asesinara de dos tiros, dentro de su propia casa. Su victimario tenía 6 procesos por robo agravado, violencia y lesiones; y sin embargo estaba libre. Seis horas después de que fuera asesinada, un policía llegó a su casa con una notificación en la que se ordenaba medidas de protección para Maribel. Un año después del ese hecho, en el juzgado de Huaura aún se investiga el porqué de la demora en el otorgamiento de las Medidas de Protección.