Formalización minera: ¿Para qué?

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Lo ocurrido en Madre de Dios recientemente, con el lamentable saldo de dos muertos y decenas de heridos ante las movilizaciones de los mineros informales que reclamaban suspender la intervención y destrucción de dragas, empujan –no sabemos por cuánto tiempo- a mirar con preocupación el problema de la minería informal. Tal vez, lo que deberíamos evaluar si es prioritario, importante, trascendental, vital formalizar esa minería, que no sabemos si es artesanal, a pequeña escala o una mediana minería.

Definitivamente, la ley 27651, de formalización y promoción de la pequeña minería y minería informal diferencia los niveles de minería desarrolladas en el país, complementando a la Ley General de Minería. En este marco, se establece criterios para identificar quienes son pequeños mineros y quienes mineros artesanales. En el primer caso, definen a la pequeña minería aquellos productores mineros que poseen por cualquier título, entre denuncios, petitorios y/o concesiones mineras, hasta 2,000 hectáreas y cuya capacidad instalada de producción y/o beneficio no exceda de 350 TM/día, tratándose de minerales metálicos.

Mientras que se define como productores artesanales a los que en forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se dedican habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos; posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios u concesiones mineras, o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros; y posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio metálico de 25 toneladas métricas por día.
Sin embargo, no existe marco alguno que defina o establezca criterios de identificación sobre la minería informal. Fundamentalmente, por que se les identifica como minería artesanal por cumplir, aparentemente, hasta con dos de los tres criterios mencionados: por sus métodos manuales y/o equipos básicos, y por su nivel de producción.

La informalidad en este sector se concibe principalmente por su situación de ilegalidad que conlleva el no cumplir con el criterio de autorización del Estado para la realización de la actividad. Sin embargo, este concepto también debe poner atención en otros aspectos como el manejo ambiental y los aspectos de seguridad ocupacional.

Esta condición de informalidad minera no sólo compete a la minería artesanal, sino cabe que esta situación abarque a cualquiera de los otros niveles de producción minera, como lo que viene ocurriendo en Madre de Dios donde los costos de las disputadas dragas se calculan por encima del medio millón de dólares o con el uso de las maquinarias pesadas en Puno, por lo que no le podemos llamar minería artesanal.

De hecho para formalizar lo primero que tiene que haber es voluntad de formalización, y una de las características de esta actividad es que un sector importante no quiere o no le conviene formalizarse. Por ejemplo, los titulares de las concesiones que pagan un dólar por año por hectárea concesionada, de acuerdo a la ley, que permiten “por lo bajo” que mineros informales exploten dicha labor recibiendo ganancias sin mayor inversión nos les conviene; nos les conviene a los propietarios de las chupaderas, que a pesar de ser los responsables del 80 por ciento de la contaminación en Madre de Dios fueron protegidos por la R.M. 038-2010-MINAM excluyéndolos del D.U. 021-2010 que ordenaba la erradicación de las maquinarias utilizadas en la actividad minero informal en esa región, sobre la cual se identificó que varias autoridades locales eran propietarios y promotores del uso de este tipo de equipos.

No les conviene a la o las empresas formales, seguramente, que comercializan el cianuro o mercurio por miles de toneladas usados en esta actividad, ni a los comercializadores de explosivos, con toda la cadena de corrupción que la sostiene, ni a las grandes firmas que deben ser quienes vienen comercializando el oro extraído; no le conviene al ejecutivo que para mayor intervención de supervisión y fiscalización tendría que trasferir a los gobiernos regionales mayor recursos para cumplir esta labor. Tal vez nos les convenga a muchas autoridades que tienen en permisos temporales, tras papeleos, demoras en los resultados de las investigaciones de comisiones o gestiones diversas, el claro interés en los beneficios de esta actividad, como el descubierto en minas informales en Puno con el congresista Tomas Cenzano el año pasado.
Entonces, para qué hacer tanto esfuerzo formalizador o para qué aparentar, mejor seguir haciéndose los locos como con la tala ilegal favoreciendo los capitales de grupos “de inversionistas”, que son los que pagan el jornal de los mineros que salieron a las calles en Madre de Dios, total es más importante proteger la inversión.
(*) En noticiaser.pe

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