La Red de Medios Regionales del PerĆŗ, en el marco de los 20 aƱos del Informe Final de la ComisiĆ³n de la Verdad y ReconciliaciĆ³n (CVR), conversĆ³ con especialistas sobre los avances en materia de derechos humanos y las deficiencias que persisten hasta la fecha en el paĆs.
Tal como lo recuerda Iris Jave Pinedo, politĆ³loga e investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la ComisiĆ³n de la Verdad y ReconciliaciĆ³n (CVR) investigĆ³ a profundidad y recogiĆ³ 17 mil testimonios, culminando hace 20 aƱos un documento que abordĆ³ todas las dimensiones del conflicto armado en el PerĆŗ y a todos los actores posibles, no solo los armados, sino tambiĆ©n los de instituciones sociales, Poder Judicial y medios de comunicaciĆ³n.
Por su parte, Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cuestiona -dado que han pasado 40 aƱos desde lucha armada-, si la justicia es tardĆa, Āærealmente es justicia?, “porque de por sĆ, se van vulnerando otros derechos, porque son los familiares quienes tienen que seguir los procesos y prĆ”cticamente pierden sus propias vidas tratando de lograrla”.
Y si en efecto, como lo dice Javier Tineo Vargas, presidente del Consejo Regional de VĆctimas de la Violencia PolĆtica – Ayacucho, pese a las reparaciones a las vĆctimas estĆ”s han sido Ćnfimas. Y en el camino hubo muchas deficiencias y, pese a que se han dado avances en las leyes y reglamentaciones, no se cumple en la atenciĆ³n que deberĆa darse a los familiares desde los tres niveles de gobierno, segĆŗn estipulan las normas.
āHay avances, pero a la hora de implementar las recomendaciones, se tienen deficienciasā
Para Iris Jave las comisiones de la verdad, tanto en el PerĆŗ como en el mundo, dejan un conjunto de recomendaciones que en el caso peruano fueron incorporadas en la arquitectura institucional a travĆ©s del Plan integral de reparaciones, la ComisiĆ³n multisectorial de alto nivel, el Consejo de reparaciones y, mĆ”s recientemente, el Consejo de personas desaparecidas. Sin embargo, las vĆctimas no se sienten āreparadasā aunque se haya invertido mĆ”s de 300 millones de dĆ³lares.
SegĆŗn explica Jave Pinedo, lo que la comisiĆ³n pudo hacer, lo hizo, pero los gobiernos desde el 2003, ĀæcĆ³mo se han comportado?, se pregunta. En el caso de las Fuerzas Armadas se recomendĆ³ una reforma de los institutos armados, dado que fueron el segundo actor armado perpetrador de la violaciĆ³n de derechos humanos. āSin embargo, esa reforma no se ha producido. No comprendieron lo que significĆ³ ese proceso, ni tampoco en lo que tienen que cambiar para conectar con la democraciaā.
En el sector EducaciĆ³n, de forma temprana se acogiĆ³ la propuesta curricular para enseƱar el pasado reciente. Todo se hizo de manera formal, pero ha quedado desdibujado porque los docentes no tienen herramientas para enseƱar, no estĆ”n capacitados y no conocen el tema. “Y en este contexto de terruqueo y negacionismo tienen temor a la hora de abordar un tema tan complejo”, dijo.
āEn tĆ©rminos de justicia hemos avanzado. Tenemos a Fujimori y Montesinos presosā
Dador Tozzini seƱalĆ³ respecto a los avances que se han dado desde el informe de la ComisiĆ³n de la Verdad que, en el campo de la justicia, si bien por la magnitud del conflicto y por el nĆŗmero de vĆctimas resultarĆa imposible llevar procesos judiciales donde se puedan tener sentencias, hay un conjunto de casos que se han ido armando, entre cien a 101, como el de Cayara, en el que se han obtenido sentencias.
āSĆ hemos avanzado en tĆ©rminos de justicia. Somos el paĆs de la regiĆ³n con un estĆ”ndar donde ningĆŗn sujeto que tiene un proceso por crĆmenes de lesa humanidad puede ser favorecido por un indulto o ley de indulto. Tenemos a Fujimori y Montesinos presos por violaciĆ³n de derechos humanos y por corruptosā, refiriĆ³.
La representante de la CNDDHH, dijo tambiĆ©n que cada vez que se intenta liberar a estos sujetos, la sociedad se moviliza. Es decir que, socialmente, sĆ hay una nociĆ³n de derechos de justicia de lo que no debe ser. Se pide que se cumpla una sentencia impuesta con garantĆas judiciales. Se les juzgĆ³ con todas las garantĆas por la vĆa judicial y mecanismo judicial y el indulto no les corresponde. No son indultables.
Jennie Dador advirtiĆ³ que faltan reformas institucionales o lo que tendrĆamos que haber trabajado en nuestra propia cultura de intolerantes, autoritarios. Sigue este estigma y desprecio por quienes fueron las vĆctimas. “Sigue ese no verlos, ni pensarlos como a nuestros igualesā, lamentĆ³.
āHay mucho desacuerdo y descontento por las reparaciones hechasā
Tineo Vargas explicĆ³ que, a raĆz de que mataron a su padre, comenzĆ³ a participar en las organizaciones en el tema de las reparaciones a las vĆctimas. ReconociĆ³ que hay avances, pero no se cumple lo que dicen las normas.
āSe percibe el avance en las leyes y reglamentaciones, pero no se aplican, por lo que las familias estĆ”n en desacuerdo y descontentos con las reparaciones, aunque una vida vale mucho mĆ”sā.
SegĆŗn comentĆ³, hay mucha deficiencia. De acuerdo a la ley, se estipula que los tres niveles de gobierno deberĆan de atender a las vĆctimas, sin embargo la atenciĆ³n es del gobierno central. Las recomendaciones fueron puestas en gabinete no estĆ”n mĆ”s en el campo. āCreo que sĆ salieron, pero no han recogido todas las expectativasā.
āEl rĆo Huallaga es un gran cementerio, allĆ yacen los desaparecidosā
Iris Jave Pinedo dijo que al territorio del Huallaga, en la regiĆ³n San MartĆn, se le reconoce como el segundo mĆ”s afectado por la lucha armada, pero ademĆ”s por el narcotrĆ”fico y los grupos subversivos. Se trata de un contexto muy complejo y si se tiene que comparar con el sur, fue muy intenso y muy duro. Las reparaciones econĆ³micas en el Huallaga fueron casi al 96 % de la poblaciĆ³n. Pero son reparaciones Ćnfimas para la afectaciĆ³n que sufrieron.
āEl Huallaga, segĆŗn reportes de la propia Coordinadora de los DD.HH. en el aƱo 1992, sostenĆa que habĆa una gran cantidad de personas desaparecidas. Se considera que el rĆo Huallaga es un gran cementerio y un āespacioā de memoria porque contiene los restos de los desaparecidosā.
Sin embargo, no se tiene un espacio simbĆ³lico, de recuperaciĆ³n de las vĆctimas y asĆ, dar cuenta de la reparaciĆ³n a las familias afectadas. HuĆ”nuco tambiĆ©n estĆ” esperando un lugar de memoria. Los propios familiares impulsan algunos procesos, un espacio para rememorar a sus seres queridos, agregĆ³.
āNo hemos avanzado en una de las recomendaciones. La ausencia del Estadoā
SegĆŗn contĆ³ Jennie Dador, en el marco de los 20 aƱos del informe de la CVR, pudo ver algunas actividades realizadas en el rĆo Huallaga. En tĆ©rminos de justicia ha habido algunas trabas que tienen que ver con la identificaciĆ³n de personas o el registro de violaciones especĆficas, que se condensan en los desaparecidos. Ahora sabemos que, previamente, a las personas las torturaron y violaron sexualmente.
ExplicĆ³ que esto tiene que ver un poco con el territorio, la difĆcil conectividad entre un lugar y otro. Las vĆctimas no tenĆan informaciĆ³n, no se habĆan registrado. āHay zonas donde todavĆa no se ha avanzado ni se ha profundizado y hay otras formas de crimen organizado que han avanzado en nuestro territorioā, dijo.
āTampoco hemos avanzado con las recomendaciones mĆ”s institucionales de la CVR y es la ausencia del Estado. Son grandes territorios donde el Estado no estĆ”ā.
Se necesitan edificar esas estructuras. El impacto que tuvo la lucha armada se ha profundizado y son otras presencias y otros actores los estĆ”n por resolver la vida de lo que transcurre en la comunidad, pero no es el Estado, refirĆ³.
āLos familiares de las vĆctimas siguen estigmatizadosā
Javier Tineo asegurĆ³ que todavĆa son estigmatizados y discriminados por otro sector. āCuando hacemos nuestros reclamos de acuerdo a normativas y otras organizaciones somos discriminados. Mucho mĆ”s las āmamitasā de la AsociaciĆ³n Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del PerĆŗ (ANFASEP) que tienen puesta la pollera. Los jĆ³venes podemos paliar ese temaā, lamentĆ³.
Dijo que tambiĆ©n en el aspecto laboral no pueden asumir ciertos trabajos como en derechos humanos o temas sociales, porque se les estigmatiza con que tienen problemas psicolĆ³gicos y que no sabrĆan cĆ³mo resolver ciertos problemas en aspectos laborales.
āLo hemos palpado como vĆctimas en la regiĆ³n y a nivel nacional. Hay discriminaciĆ³n hacia las vĆctimas y muchas veces han sido marginados con que ya han sido reparados y quĆ© mĆ”s quieren pedir”.
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