Meritocracia

La columna

burocracia

Que palabra tan difícil para nuestra realidad. No sólo lingüística y semánticamente, sino sobretodo  conceptualmente. Definitivamente, no estamos acostumbrados ni preparados para esto.

Esto implicaría nada menos que el fin de los tarjetazos, de la mediocridad investida de poder para servir a fines subalternos, de la negociación y puja por los “botines” estatales e, incluso, de la corrupción, que es la verdadera causa del copamiento de las entidades públicas por parte de las añejas mafias instaladas en cada una de ellas, al amparo de los “jefes”.

Por todas estas razones, es difícil creer que este gobierno esté en capacidad de implementar y ejecutar una ley que ordene y haga eficiente la administración pública, que privilegie la capacidad y la honestidad de los servidores, que haga justicia en relación al desempeño laboral y que respete la selección de personal y ascensos, en función de los méritos de los aspirantes.

Pero tampoco es fácil creer que los dirigentes sindicales que hoy arengan en las calles estén genuinamente preocupados de que algunos incapaces y parásitos que pueblan la administración pública sean objeto de injusticias, o que las consecuencias sociales de la reforma sean tristísimas y difíciles de soportar. Hay en juego, como todos saben, cuotas de poder sindical que, por décadas, benefician a los partidarios de determinados grupos que han hecho del sindicalismo local, feudos parecidos a los que operan, por ejemplo, alrededor del Congreso de la República y los partidos políticos con presencia en el hemiciclo. Los une una filosofía común: la repartija.

Así pues, si bien en teoría la ley es inobjetable, en la práctica es justificado el temor de que sea utilizada, una vez más, como instrumento de manipulación y copamiento de las entidades-botines estatales por parte del gobierno de turno. Por otro lado, tampoco se puede tolerar que la administración pública siga siendo saqueada impunemente y su característica principal sea la ineficiencia y falta de compromiso con el servicio a la sociedad, como ocurre en la generalidad de casos, hoy en día.

Por tanto, la ley aprobada constituye un avance, un primer paso de un propósito de enmienda que no parece contagiar a la mayoría de servidores públicos, pero su implementación debe ser estrechamente vigilada y fiscalizada por la sociedad. Además, debe ser perfeccionada en aspectos que puedan vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, sin que eso signifique socapar la incapacidad o la ociosidad.

¿Ven lo difícil que es entender y llevar a la práctica esta palabrita singular?  

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