Acreditación educativa… ¿sin eliminar la corrupción?

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corrupcion y educacion

Transparencia Internacional reporta que según el Índice de Percepción de Corrupción que ellos miden, el Perú es un país tipificado como corrupto, y señala al sector educación como uno de los más afectados por este mal.

Beatriz Merino, afirmó en su momento como Defensora del Pueblo, que “la corrupción, se ha convertido en privilegiado componente de la crisis educativa peruana”. De otro lado, el psicoanalista Jorge Bruce, destaca que “uno de los factores más graves para impedir que tengamos una educación de calidad es la corrupción”. Por su parte, el Padre Ricardo Morales, plantea que en tales circunstancias ¿Qué se podrá esperar de la educación en el cumplimiento de su rol formativo? Este panorama se torna más desolador, considerando que el 78% de la población peruana tolera la corrupción, según la última encuesta Ipsos Perú-Proética.

En este contexto la Ley 28749: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aparece como una oportunidad para transformar tan lamentable estado de cosas en educación.

Lograr el diploma de acreditación, exige realizar un proceso de autoevaluación que está a cargo de los propios actores de la institución educativa, para detectar todo aquello que atente contra la calidad. Asimismo, tal diagnóstico debe llevar a plantear planes de mejora que permitan superar las deficiencias y construir bases sólidas de calidad hacia la excelencia.

Este gran reto, pasa ineludiblemente por realizar tres acciones: mejorar, eliminar y construir. Mejorar lo que ya se tiene de bueno y que pudiera alcanzar niveles superiores. Construir lo que falte, integrando todos los aportes y los talentos de los actores. Eliminar lo que no sirve, lo que hace daño, y que finalmente mata todo esfuerzo de cambio constructivo.

La corrupción es lo que hay que eliminar en el sector educación. Entendida ésta como la acción o inacción de una o varias personas reales que desvirtúan los fines institucionales, y manipulan para beneficio propio y/o ajeno, los sistemas y mecanismos establecidos legalmente, en perjuicio del conjunto de ciudadanos a quienes por derecho, se debía servir y beneficiar.

Hay que resaltar, que no existe corrupción sin corruptos que la ejecuten. Se trate de un colegio o de una universidad, los corruptos, encubren su conducta ilegal, con mentiras, agresiones, amedrentamientos, violencia organizada, para delinquir. Una de las formas más frecuentes de corrupción consiste en ofrecer “facilidades” al margen de la ley, para aprobar un curso, u obtener un grado. Peor aún, son varios los casos en que los corruptos logran pervertir a algunos estudiantes incorporándolos a sus mecanismos delictivos.

Este accionar va corroyendo los principios institucionales, desmereciendo todo esfuerzo de mejora, porque el imponerse el miedo y la violencia, se afirma la ilegalidad y la impunidad. Por tanto, no es posible llegar a ser una Institución Educativa Acreditada, si es que en el proceso no se ha enfrentado y derrotado a la corrupción.

De allí que se requiera en primer lugar, que las autoridades competentes den claras muestras de idoneidad, liderando la lucha anticorrupción en su ámbito de influencia. Igualmente es necesaria la participación organizada de docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia. Se trata de emprender una gran cruzada por la verdad y la justicia, como valores poderosos que nos harán capaces de transformar las tinieblas de la corrupción, en luz que ilumine la ruta hacia la excelencia.

Los tibios, los cobardes, los que prefieren “tolerar la corrupción” para no hacerse problemas y acomodarse, son al igual que los corruptos, traidores a los más caros derechos de los niños y jóvenes.

Nuestros hijos, se merecen una educación de calidad que los ayude a crecer y realizarse como personas profundamente humanas, en un mundo crecientemente deshumanizante. Como tributo a los niños y jóvenes peruanos, rescatemos y afirmemos nuestra dignidad de personas, y compartiendo lo mejor de nosotros, formemos REDES HUMANAS, para romper las trincheras de la corrupción y eliminarla de raíz.

 

 

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Una respuesta a “Acreditación educativa… ¿sin eliminar la corrupción?”

  1. Avatar alberto dice:

    CORRUPCION TUMBA A LAS UNIVERSIDADES

    El mal manejo de los recursos y las movidas de mafias enquistadas detienen el desarrollo de casas de estudios superiores.

    —¿Para usted, cuál es el principal problema de las universidades públicas y privadas? Le pregunto porque usted ha hecho un diagnóstico para elaborar el proyecto de la nueva Ley Universitaria.
    —Yo tenía una idea de que el principal problema de las universidades era la falta de calidad, la falta de infraestructura y de laboratorios y la falta de cantidad de docentes. Esto sigue siendo una realidad; pero después de estudiar con cuidado la realidad de las casas superiores puedo decir que el principal problema es la corrupción que está tumbando a las universidades. Hay grupos que se pelean por manejar los recursos.

    —¿En qué universidades ha encontrado casos de irregularidades o de presunta corrupción?
    —Esta semana estuve en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo rector es vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Él tiene denuncias por facturas clonadas y denuncias por otorgar títulos académicos sin reunir los requisitos. La semana pasada estuve en la Universidad Intercultural de la Amazonía. En la madrugada un grupo opuesto al presidente de la comisión organizadora incendió toda el área administrativa y de esta manera destruyeron todos los archivos. Estuvimos en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash donde hay dos grupos que se pelean y uno de ellos financiado por las constructoras y esto pasa porque esta universidad tiene más de 25 millones de soles de canon. Todos los problemas se generan por corrupción en las obras.

    —¿Cómo ayudará esta nueva Ley Universitaria a prevenir la corrupción?
    —La gran mayoría de los funcionarios de los órganos internos de control de las universidades es nombrada por los mismos rectores y es pagada por ellos. Por ejemplo, estuve en Moquegua y el encargado del órgano de control de esa universidad es asesor del rector. No entra la Contraloría porque las universidades se amparan en la autonomía. Esta nueva Ley Universitaria busca, en primer lugar, la transparencia y la fiscalización en el uso de recursos económicos, es por eso que los rectores se oponen a la superintendencia de las universidades. El proyecto de ley contempla que debe publicarse mensualmente los ingresos del rector por todo concepto, así como de los decanos y docentes nombrados y contratados. También será obligatorio publicar qué obras realizarán las universidades, cuánto costará, qué inversiones se harán y en qué tiempo concluirán.

    —¿La Asamblea Nacional del Rectores también es parte del problema?
    —Si usted supiera cuántas denuncias existen contra la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). La ANR no puede ser juez y parte, pues vemos que el presidente de la ANR que también es rector de la Universidad de Trujillo (Orlando Velásquez) está denunciado por actos de corrupción. Otro caso se da en una universidad del sur del país que no puedo decir su nombre cuyo rector fue denunciado por peculado y luego expulsado; sin embargo, hoy está trabajando en una universidad de la Amazonía nombrado por la ANR. También hemos visto en una universidad privada en Pucallpa que ofrecen títulos de abogado en dos meses y estos títulos son ratificados por la ANR. Esta es una de las tantas universidades privadas que no tiene ni estudiantes pero se dedica a dar títulos. Así, en nombre de la autonomía, trafican con títulos.

    —¿Por qué el Estado debe controlar estrictamente a las universidades privadas?
    —Porque las asociaciones educativas privadas sin fines de lucro como son la Ricardo Palma, San Martín, Garcilaso y otras más, están exoneradas de impuestos. Si no pagan impuestos, IGV y el impuesto por importaciones de bienes de capital, entonces el Estado las está subsidiando, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de ver cómo se están usando esos recursos.

    —¿Cómo va el avance en la aprobación de los capítulos de la nueva Ley Universitaria en la Comisión de Educación del Parlamento ?
    —Hasta hoy se ha aprobado hasta el capítulo 8. Dentro de la Comisión el grupo fujimorista y el congresista Yonhy Lescano, quien propuso la creación de la superintendencia, querían que todo volviera a cero. Se tuvo que volver a votar pero fue ratificado todo lo aprobado felizmente. Ahora empezaremos a aprobar el capítulo 9 y 10 que son deberes y derechos de los estudiantes universitarios, el capítulo de los egresados. El capítulo más candente va a ser sobre el régimen económico de las universidades públicas y privadas, luego trataremos sobre la defensora universitaria.

    —¿Qué deben hacer los congresistas que se oponen a esta ley?
    —Tenemos muchos opositores en el Congreso porque hay muchos congresistas que está en la lista de dueños de universidades y deberían inhibirse.

    ES URGENTE
    Necesitamos mayor control

    —¿Es necesaria una intervención directa de la Contraloría General de la República en las universidades?
    —Necesitamos una labor de auditoría y de contraloría más constante a fin de fijar las reglas claras de lo que un rector puede ganar, por ejemplo. No puede asignarse horas de docencia a cada rato y pagándose lo que quiera, incluso hay casos de rectores que reciben ingresos por investigación cuando no la hacen. Ese control interno se requiere porque es un tema gigantesco.

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