Algunas precisiones sobre la unión civil

Columna de humo Jimmy Marroquín

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El debate de la unión civil puebla las redes sociales y los medios y ha suscitado empatía y entusiastas adhesiones, pero también, y mayoritariamente, enconos y divergencias. Eso prueba su trascendencia y lo imperativo de su discusión. Pero creo necesario enfatizar algunas cuestiones, a efectos de su adecuada comprensión.

En primer lugar, el debate exige que se compartan marcos comprensivos elementales, sin los cuales la discusión no sería posible. El tema tiene una dimensión ética (no moral), porque lo que se discute es el reconocimiento de prácticas sociales. Se trata del dominio del hacer, de obvia repercusión social; no es pertinente o idónea para el diálogo, entonces, la valoración de estas prácticas, que puede hacerse bajo variopintos parámetros (religiosos o morales), porque no se trata de valorar, sino de reconocer, o desconocer. El juicio ético reconoce; el moral, califica. El primero estatuye relaciones sociales (que de facto existen); el segundo las valora, de acuerdo con las costumbres imperantes o las creencias personales, que pueden devenir de una conciencia religiosa. Ambos juicios pertenecen a niveles distintos. La ética tiene una presunción de universalidad y reposa en la dignidad humana y en el hecho de que el hombre ha nacido para vivir. La especie humana (cualquier entidad viva) no tiende hacia la muerte. Ese es el presupuesto de la ética. La moral es, por el contrario, local, contingente, y está sometida a la mediación histórica y cultural. El juicio ético se sostiene en la formulación universal de que el hombre defiende la vida. El moral, en que la vida, y su sentido, están justificados en virtualidades metafísicas, transhistóricas, o suprahumanas; creencias, en fin, condicionadas por la heterogeneidad cultural. Es frecuente que se afronte el debate de la unión civil con argumentos de base religiosa o moral, pero el planteamiento del tema condiciona su dilucidación: se solicita la integración de estas prácticas al ordenamiento jurídico, y que tengan efectos consecuentes en el mundo del derecho.

En segundo lugar, se trata de un tema que corresponde al dominio de lo público, porque, reitero, son prácticas sociales, y lo que se demanda es que tengan reconocimiento jurídico. Se gestan en lo privado -como todas las relaciones personales- pero su recurrencia y su proyección las tornan, inexorablemente, públicas. De ello se sigue, entonces, que es un tema que concierne resolver al Estado (que está encargado de lo público; en lo privado se gobierna cada uno, con sus creencias). El Estado está investido, para todo caso, de la facultad de reconocer, a través de la normatividad jurídica, estas prácticas, o de desconocerlas o incluso proscribirlas, pero siempre a la luz de la Constitución y su núcleo duro, que lo integran los derechos fundamentales. El Estado establecerá (a través de una deliberación parlamentaria intensa y suficiente, informada de las posturas del debate público previo y que tenga como horizonte teleológico la dignidad de la persona) que la unión civil merece tener estatuto jurídico, o no. El Estado peruano, según la Constitución, es laico. No profesa ninguna confesión o alienta alguna creencia en particular. Así lo hemos decidido, como poder constituido, y a ello debemos sujetarnos. Ninguna corporación religiosa o moral puede subrogar al Estado en la función de reconocimiento de estas prácticas, que le es propia por antonomasia.

En tercer lugar, esta discusión supone un tráfico de argumentos cuya dinámica es la racionalidad pública. Como no se trata de valorar (si la unión civil es natural o artificial, perversa o angélica, o etc.), porque la cuestión tiene una dimensión ética, y no religiosa o moral; y tampoco de cohonestar la exclusiva legitimidad que tiene el Estado para resolver el asunto, se concluye que el debate solo será posible si se confrontan argumentos que compartan los presupuestos de eticidad y dominio público. Se podrá discutir allí, sobre si la unión civil es conveniente para la sociedad, o no, si es jurídicamente viable, o no, pero no será posible alcanzar consensos, o disensos, si se invoca argumentos que excedan estos marcos comprensivos. Los dogmas y las creencias religiosas se riñen con la racionalidad pública, por ser, obviamente, privados.

El debate es esencial en una sociedad democrática, pero ésta se socava si lo privado, y su saga de creencias, ingresa e intenta desvirtuar lo público.

 

 

 

 

Una respuesta a “Algunas precisiones sobre la unión civil”

  1. Esta es la «Columna de humo» de nuestro nuevo colaborador Jimmy Marroquín. Disfrútenla.

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