Postulación no va más. Poder Judicial revoca medida cautelar que permitió inscripción de Marco Falconí como candidato

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La segunda sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió hoy revocar la medida cautelar que permitió al congresista Marco Falconí inscribir su candidatura a la presidencia del gobierno regional de Arequipa por el movimiento Fuerza Arequipeña. Eso implica que el Jurado Nacional de Elecciones debería declarar su candidatura Improcedente.

La sala compuesta por los jueces Max Rivera Dueñas, Rita Valencia Dongo Cárdenas y Ramiro Bustamante Zegarra, no se pronunció sobre el fondo del asunto, es decir la Acción de Amparo por la que Falconí pide que se le permita renunciar; sino únicamente sobre la medida cautelar que ordena su inscripción en el Jurado Electoral Especial. El argumento central es la incongruencia entre el pedido principal de la Acción de Amparo y el pedido y efecto de la medida cautelar.

En relación a la vulneración de su derecho a participar en una elección como causa que le permita renunciar a su cargo de congresista, los jueces señalan no es posible hacer “un examen sobre la verosimilitud o la apariencia del derecho, ni del peligro en la demora, lo que hubiera permitido hacer otro tipo de actividad procesal y raciocinio mental al respecto, porque al adolecer la solicitud de algo tan sustancial como lo reseñado líneas arriba, es decir la congruencia entre el petitorio de la demanda de amparo y el petitorio de la solicitud cautelar; … no corresponde un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y en esa medida la solicitud cautelar deviene en improcedente”. En otras palabras, la Acción de Amparo solicita se le permita renunciar y la Medida Cautelar solicita se ordene su inscripción como candidato. Siendo dos pedidos diferentes, según su criterio, no corresponde la medida cautelar. Adicionalmente la Acción de Amparo era contra el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso, mientras la Medida Cautelar involucra al Jurado Electoral Especial, contra el que no se planteó la acción principal. Finalmente la parte más débil de la medida cautelar sería la orden al Congreso de suspenderlo en sus funciones y convocar a su accesitario, lo que habría excedido el petitorio y las facultades.

En otra parte de la resolución aclaran que “para conceder o denegar una medida cautelar en materia constitucional, es menester apreciar si existen algunos elementos indispensables, como el hecho de que exista verosimilitud o gran probabilidad en el derecho invocado, que exista grave riesgo de que ocurra algún evento por la demora del proceso sino se accede al pedido o que exista alguna otra razón justificable que demuestre posibilidad de que la demora puede ocasionar perjuicios al solicitante y además deberá verificarse que la medida solicitada sea adecuada al caso concreto para garantizar la eficacia de la pretensión”, lo que no habría ocurrido según el razonamiento anterior.

Al cierre de esta nota, el congresista no se había manifestado, pero lo concreto es que su postulación queda truncada, aunque la Acción de Amparo y la discusión sobre la renunciabilidad del cargo de congresista seguirá viéndose en la Acción de Amparo que, probablemente llegue a segunda y tercera instancia, en el Tribunal Constitucional.

Con ello también es de esperar que el congresista se reintegre a sus funciones en breve.

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