La muerte del sentido común

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Allá por los años noventa, cuando era estudiante de Derecho, estaba de moda un manifiesto escrito por Fernando de Trazegnies: La muerte del legislador. En él se planteaba una especie de “Tercera Vía”, una alternativa al monopolio que el pensamiento positivista y el jusnaturalista ejercían en la Teoría del Derecho. Lo leí varias veces, pues el provocador estilo de Trazegnies poco tenía que ver con la somnífera manera de escribir a la que nos tienen acostumbrados los juristas. No era solamente un texto con pretensiones científicas, sino con ambiciones literarias.

Bueno pues, yo había leído antes Obra abierta de Umberto Eco, y como es natural encontré grandes afinidades entre ambos escritos. Es más, debo decir que me pareció que Trazegnies se había reducido a extrapolar al campo del Derecho las ideas de Eco sobre la obra artística, y que allí donde Eco decía “autor”, Trazegnies ponía “legislador”; y cuando Eco hablaba del “texto” o de la obra de arte, Trazegnies ponía “ley”. Le comenté mi impresión a un amigo que conocía más de estas cosas. Se limitó a decirme que Eco era discípulo de Barthes. Y en efecto, Trazegnies reconocía su deuda con ambos citándolos en los epígrafes y parodiando además el título de un ensayo de Roland Barthes: La muerte del autor, de 1968.

A partir de ahí se desató en mí una fiebre extrapoladora. Creía, siguiendo el ejemplo de Trazegnies, que era válido tomar ideas de una disciplina y aplicarlas a cualquier otra. Que para probar una hipótesis determinada se podía apelar a teorías desarrolladas con otro propósito y en campos de estudio distintos al de dicha hipótesis. Sólo después, cuando me acerqué a la filosofía analítica, me di cuenta de lo errado que andaba. Me di cuenta de las perniciosas premisas que involuntariamente acepté como verdaderas cuando decidí abusar de la extrapolación y de la analogía. Me percaté de que al hacerlo estuve valorando y nivelando todas las disciplinas (tanto las científicas como las no-científicas) a la luz de una teoría literaria. Sin saberlo, fui un adepto a lo que la mayoría llama postmodernismo y que otros, con más precisión, denominan neoirracionalismo francés. Inspirada en el protonazi Nietzsche y en el nazi Heidegger, esta crítica destructiva de la Ilustración y de la “opresiva tiranía” de la razón (el principal valor de la modernidad) se traduce en el relajamiento, o la abolición, de los criterios de cientificidad, lo que lleva a equiparar la física con el psicoanálisis, las matemáticas con la cartomancia, y considerar todas estas disciplinas como “discursos” cuya validez depende del consenso.

Esta suerte de relativismo gnoseológico conduce al relativismo cultural, el cual se introduce en el ámbito del Derecho con el llamado “pluralismo jurídico”. Esto es: existen otras formas, igualmente válidas y respetables, de regular la conducta de los hombres y de resolver sus conflictos aparte de la que nos rige actualmente. El Derecho —todo su contenido y sus métodos— no sería un producto de la razón de carácter universal, sino una ideología impuesta por el imperialismo cultural de Occidente. De este modo los derechos humanos o el derecho procesal sólo valen para nuestra civilización, pues es probable que gente de otras civilizaciones encuentre normal y deseable que se la despoje arbitrariamente de sus pertenencias, que se la torture, que se la destierre, que se la linche, que se la ejecute extrajudicialmente, etc. El derecho a la vida o al debido proceso son sólo instrumentos de dominación contra los cuales es legítimo reaccionar… ¡Bah!

Pero no nos olvidemos Trazegnies. Ahora me parece un disparate elogiar la indeterminación de las leyes, tal como él lo hizo en su manifiesto. La claridad no puede ser “un obstáculo del conocimiento” como alegremente afirma Trazegnies, ya que si hay algo que debe caracterizar a una ley es la precisión y la claridad. Si bien las leyes tienen distinto grado de generalidad según su jerarquía, la polisemia, la oscuridad y la ambigüedad no deben exaltarse como valores, sino que se las debe deplorar, y deben ser achacadas a una mala redacción de la norma. Lo que en el ámbito de la literatura es un valor que enriquece una novela o un poema, se convierte en un defecto cuando se lo percibe en la ley. Una legislación ambigua, oscura y polisémica —es decir, mal elaborada— torna impredecible y arbitraria la interpretación y, por ende, la aplicación de las normas, lo cual atenta contra la seguridad jurídica al generar confusión y temor tanto en la población como en los inversionistas extranjeros. Así pues, los instrumentos teóricos que sirven para explicar Cien años de soledad, pueden llevar a terribles malentendidos si se usan indiscriminadamente con el Código Civil, sin importar lo encantadora que sea la manera como se justifica (¡y Dios sabe lo bien que escribe Trazegnies!).

Como parte de su ataque a la claridad de las normas, Trazegnies también critica el número de leyes, atribuyendo su gran cantidad al desesperado y fracasado intento de los legisladores por suprimir la discrecionalidad. La verdad es que no padecemos una asfixiante hipertrofia normativa, donde cada aspecto de la vida, aún el más trivial, es regulado por la autoridad —como ocurre en las sociedades primitivas o en los modernos Estados totalitarios—. El problema de la abundancia de leyes no es grave, y se resuelve con medidas profilácticas realizadas cada cierto tiempo.

Para no aburrirlos más sólo quiero agregar que la norma ideal es la que tiene un único e incontrovertible significado, pero ese ideal sólo se alcanza en los lenguajes formalizados. Esta realidad no puede servir de pretexto para ensalzar lo contrario del ideal: la vaguedad de la norma y el capricho de su intérprete.

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