ANÁLISIS de El País: Iguala, ¿sólo otra matanza más?

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En México existe el dicho, por desgracia casi refrán, de que a los muertos de hoy los tapan los de mañana. Que no hay noticia mala que no se vaya a olvidar pronto por otra peor. Pero el caso de los 43 estudiantes ha causado una conmoción especial.

“Parece que está habiendo un cambio de tono en la percepción social de lo que significa la violencia del crimen organizado o la de este con sectores del Estado», dice Ariel Rodríguez Kuri, especialista del Colegio de México en historia contemporánea de su país. «Veremos ahora si hay un corte en la actitud general de la sociedad ante la delincuencia y esto trasciende respuestas de acto reflejo que veníamos arrastrando en los últimos años: la pasividad ante lo que sucede y el pensar que estas cosas sólo le pasan a otros”,

Carlos Illades, historiador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que este caso está teniendo un impacto particular en la sociedad, en la prensa y en las organizaciones internacionales, y que crea “severas dudas” en las instituciones por la relación entre policías y criminales. La coyuntura es empinada para el Estado mexicano. El miércoles 22 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó que ocho militares mataron a sangre fría a 15 civiles en lo que ya se conoce como la matanza de Tlatlaya. El domingo 19 apareció en Guanajuato el cadáver de un estudiante de ingeniería que había ido a esa ciudad a ver el Festival Cervantino y que supuestamente fue detenido un día antes por policías locales sin motivo aparente.

La emergencia política, además, se amplifica por la repercusión del caso fuera de México. “Ahora lo nuevo es que el país está abierto al mundo, y cuando se trataba de presentarlo como un país moderno, Iguala viene y recuerda que hay aspectos que no han cambiado, que aquí la vida humana sigue teniendo poco valor y que quienes tienen el poder no están dispuestos a dejarse frenar por un discurso de modernidad», dice Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México, que, aludiendo al final de los estudiantes desaparecidos, añade: «El dictador Porfirio Díaz, que también era un modernizador, tenía un lema: “Mátalos en caliente’”.

“Es la continuidad de una antigua putrefacción”, dice el sociólogo Roger Bartra. “Una putrefacción histórica en la que el Estado tiene responsabilidad por no haber enfrentado decididamente esta siniestra herencia”. Bartra considera que los mecanismos de caudillaje y represión del régimen autoritario posterior a la Revolución de 1910, que se extendió hasta la apertura democrática del 2000, cuando el PAN sucedió en el poder al sempiterno PRI, se han perpetuado a nivel local y estatal. “Son élites de poder ligadas al PRI o a sucesores del PRI que manejan los negocios en sus regiones, monopolizan el poder y mantienen cuerpos policiales y estructuras gubernamentales corruptas para evitar un proceso de transición democrática”.

El catedrático de Historia Lorenzo Meyer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, apunta también al problema de una transición democrática inacabada que arrastra el pecado original de la impunidad política. “La Revolución perfeccionó el autoritarismo de Porfirio Díaz al dividirlo en sexenios en los que el presidente era el único al que cabía entregar cuentas. La irresponsabilidad institucional se volvió una fórmula de la clase política. Luego vino el supuesto cambio democrático y Fox [Vicente, ganador de las elecciones del 2000] dijo que iba a meter en cintura a los peces gordos y no lo hizo. Iguala nos muestra que seguimos teniendo una clase política que, sea de izquierda o de derecha o de centro, tiene los mismos intereses y comportamientos enrarecidos, y que sus instituciones de seguridad y justicia están tan carcomidas que no existen”.

Los académicos subrayan que debe esperarse a ver la reacción final de la sociedad civil ante este caso para ver hasta dónde llega su relevancia histórica. De momento, coinciden en compararlo con el levantamiento zapatista de 1994, en cuanto a que ambos acontecimientos ponen en jaque un discurso de modernización nacional; en aquel entonces fue el de Carlos Salinas, el presidente que aceleró la liberalización del modelo económico, al que la insurgencia indígena puso ante el espejo de un país en el que todavía se luchaba por el primordial derecho a la tierra, y ahora es Enrique Peña Nieto, que ha sido capaz de implantar reformas estructurales inéditas pero se ve debilitado por el problema de las sinergias locales entre poderes públicos corruptos y poderes criminales.

Concluye Meyer: “El sociólogo alemán Max Weber estableció que la autoridad del Estado se basa en el monopolio de la violencia legítima. Parece que en México también se basa en el monopolio de la violencia ilegítima”.

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