Gobierno regional recurrió al PJ para anular laudo arbitral a favor de Oncoserv

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El laudo expedido en diciembre pasado ordena que el gobierno regional de Arequipa debe resarcir por daños y perjuicios a Oncoserv en un monto total de 44 millones de soles. Y aunque dos de los árbitros del tribunal están presos por presuntamente pertenecer a la red de Rodolfo Orellana, los efectos del laudo permanecen vigentes.

Por esta razón, la procuraduría regional ha presentado una demanda en la Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Lima, solicitando que el laudo arbitral sea declarado nulo en todos sus extremos.

Los argumentos tienen que ver con la titularidad de los derechos que la empresa con la que se firmó originalmente el contrato, Oncoserv Inc., que cedió sus derechos para operar en el Iren Sur a la empresa Gimain S.R.L. Pero quien demandó al GRA fue Oncoserv Arequipa.

Otro argumento de la nulidad es la instalación de la sede arbitral en Lima, cuando el contrato se firmó en Arequipa y Oncoserv brindó sus servicios en esta región. También se cuestiona la designación arbitraria de la consultora Laza Manchego Flores, que hizo un peritaje respaldando la demanda de Oncoserv.

Pero el punto álgido de la demanda es el hecho que se le haya concedido pagos anticipados a Oncoserv tras los embargos trabados cuando no había concluido el proceso. Y en el cso del segundo embargo, cuando se había constatado ya que no se habían restablecido los servicios en el Iren Sur, que era el argumento bajo el cual se concedió el primer embargo.

Lo que terminaría por inclinar la balanza a favor del GRA es la innegable participación en la operación de Rodolfo Orellana a quien se aprecia en un video que está en poder de la fiscalía, repartiéndose los 7 millones embargados al gobierno regional con el empresario Eddy Manfreda y otros.

Aunque el proceso arbitral no ha concluido, es también un hecho que estando dos de sus miembros tras las rejas, no es posible reconstituirlo y, ni siquiera han contestado el pedido de aclaración que se hizo sobre el laudo emitido en diciembre.

De lograrse la anulación del laudo se procederá a entablar una demanda por daños y perjuicios, además de solicitar la devolución de los 7 millones sustraídos de las cuentas del GRA.

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