Las propuestas de Reforma Electoral y la democracia local y regional

Elecciones internas universales y hojas de vida con información de patrimonio y rentas

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Jurado Nacional de Elecciones

En la semana que pasó el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que impide la reelección inmediata de presidentes regionales (que pasarán a llamarse gobernadores regionales) y alcaldes.

Con esta medida, las únicas autoridades elegidas que pueden ir a una reelección inmediata son los propios congresistas, lo que ha sido motivo de ácidas críticas en su contra y en contra del sistema parlamentario en general que se escudó en el único argumento que ellos no tienen funciones de ejecución presupuestal.

Pero, además, estuvo en Arequipa el Jurado Nacional de Elecciones en pleno, que integra desde hace poco el fiscal arequipeño, Jesús Fernández Alarcón; y que preside Francisco Távara Córdova, con el objetivo de exponer los principales lineamientos de otras reformas electorales que consideran necesarias y recoger algunos argumentos.

La principal reforma que tiene que ver con las regiones es la posible eliminación de las organizaciones políticas locales y la conversión de los movimientos regionales en Partidos Regionales, con similares características y prerrogativas que los Partidos Nacionales. Esto debido a la constatación práctica de que los movimientos locales no tienen vida activa excepto en periodo electoral y con el objetivo de fortalecer las organizaciones políticas.

Estos partidos políticos regionales gozarían de financiamiento público directo, como en teoría lo hacen los partidos políticos nacionales; pero ambos estarían sometidos a reglas más estrictas como realizar de forma obligatoria elecciones internas universales supervisadas por la Onpe para designar candidatos, rendir cuentas bajo penas efectivas, designar un tesorero, contar con un mínimo de afiliados, entre otros.

Las organizaciones políticas perderán su inscripción si no obtienen más del 10% de los votos válidos (actualmente la valla es 5%). Las elecciones internas para elegir un candidato serán en una fecha programada y en simultáneo para todos. Se eliminarán las asambleas de delegados y la norma será un militante un voto. De esta forma también se eliminaría la votación preferencial en el caso de la elección de congresistas.

La idea de reforzar el financiamiento público, tanto para los partidos nacionales como regionales, es evitar la infiltración en los partidos del dinero del narcotráfico, corrupción, lavado de activos o de cualquier otra procedencia ilícita. Habría financiamiento privado, pero todos los aportes deben ser bancarizados y tener un límite y las cuentas y sus responsables serían supervisados.

CANDIDATOS

Deberán ser producto de una elección democrática al interior de la organización política. Su hoja de vida completa incluyendo su situación financiera y propiedades sería obligatorio y los requisitos más exigentes.

Por ejemplo, el JNE propone que se impida la participación de personas sentenciadas por delito doloso, aun cuando ya esté rehabilitado después de cumplir una condena. Távara señaló que en las últimas elecciones, de los 106,048 candidatos que participaron, dos mil tenían sentencias penales y la habían ocultado al JNE.

Sobre exigencias mayores como cierta preparación para ejercer cargos ejecutivos, aún no hay consenso.

REVOCATORIA

En relación a esta figura que ha sido muy polémica, el presidente del Jurado dijo que “Perú es el campeón mundial revocando autoridades” pues hubo incontables procesos desde 1997 en que se dio la norma, pero solo cuando llega a Lima y afecta a un tercio de la población se comienza a observarla.

En ese sentido, la principal reforma sería que no habrá nuevas elecciones después de una revocatoria, dado que el accesitario se quedará en el cargo.

Además, la fundamentación para plantear una revocatoria deberá estar suficientemente motivada y las firmas que acompañen el pedido estarán acompañadas de huellas digitales.

De otro lado la revocatoria solo se podría plantear solamente en el periodo intermedio del mandato de una autoridad, dado que no puede solicitarse durante el primer año de gestión ni durante el último.

REELECCIÓN

Sobre la aprobación de la no reelección de laS autoridades regionales y municipales, Francisco Távara indicó que esa propuesta no salió del JNE, pero que han visto con simpatía la norma. Aclaró que el porcentaje de la reelección es bajo. De 25 gobiernos regionales, solo hay 4 reelecciones. Pero advirtió que las autoridades en ejercicio utilizan directa o indirectamente los recursos públicos para sus campañas, y con la reelección se frenará esa ilegalidad.

Diversos políticos y voceros de organizaciones han planteado que, dada la imposibilidad de reelección lo conveniente sería que el mandato de los presidentes regionales sea de cinco años, ya que consideran que un periodo de cuatro años no es suficiente para realizar las obras necesarias para el desarrollo de una jurisdicción.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) consideró que esta prohibición que aprobó el Congreso como parte de la reforma electoral trunca el proceso de descentralización, pues tiende a debilitar la gobernabilidad en las regiones. Argumenta que era innecesaria porque solo 16% de presidentes regionales y 17% de alcaldes distritales se reeligieron el 2014.

Por el contrario, podría ser contraproducente para el fortalecimiento de las gestiones municipales y regionales, advierten los investigadores del IEP a cargo del estudio, Jorge Aragón y José Luis Incio.

En esta visita, acompañaron al presidente del JNE, los miembros Jesús Fernández Alarcón, Jorge Rodríguez Vélez, Baldomero Ayvar Castro, y el Director de la Escuela Electoral y Gobernabilidad, José Alfredo Pérez Duharte.

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