«Gobierno debe rechazar prácticas desleales de Southern y suspender indefinidamente Tía María»

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El analista y miembro del grupo de Diálogo Minería y Desarrollo, José Luis López Follegatti, opinó que el gobierno es muy permisivo con la empresa Southern y que, dadas algunas irregularidades cometidas por la compañía, está en capacidad de anular el proyecto Tía María sin consecuencias legales.

En diálogo con El Búho, dio como ejemplo la maniobra por la que Southern Copper habría intentado multiplicar por 10 el área otorgada por el Estado para construir su planta de beneficio la cual pasó, de 488.57 hectáreas, a 4 mil 889.34 hectáreas, según el requerimiento que presentó al Ministerio de Energía y Minas.

Sólo este hecho –dijo- constituiría una razón técnica para suspender el proyecto. Además señaló que el gobierno conocía de esta irregularidad sin haber emitido hasta ahora una decisión u objeción, al respecto. Sólo cuando él lo denunció, la ministra del sector, Rosa María Ortiz, se manifestó por denegar la solicitud, ya que no corresponde a lo aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental.

Sin embargo, el viceministro de minas, Guillermo Shinno, no solo ha justificado este hecho sin reaccionar, sino que ha tratado de dar una explicación como «error de tipeo”, lo que no hace sino restarle legitimidad al gobierno. “Aún no podemos tomar una decisión, … esperaremos cómo se van dando las cosas en los próximos días para resolver la solicitud de Southern», dijo Shinno.

De otro lado, López Follegatti también se preguntó a qué obedece la salida del Director General de Minería del Minem, Eduardo Alba, de su puesto, lo que genera susceptibilidades en este contexto.

Por último señaló como un obstáculo real a la iniciación de Tía María, el hecho que actualmente la empresa no cuenta con autorizaciones para el paso de la tubería que traerá el agua del mar que va a ser desalinizada y su retorno, el cual debe pasar por Mejía, según el diseño.

“La empresa Southern no le está jugando bien al gobierno”, resume López Follegatti y eso no solo no hace posible el diálogo, sino más bien lo entorpece, opina.

“Desde el primer momento en que la empresa llama terroristas antimineros a alcaldes y dirigentes, en general, el gobierno debió ponerle un pare a la empresa”, añade. Entre otros puntos que no se pueden aceptar, el analista menciona el hecho que la compañía mantiene a Morriberón como Director de Relaciones Institucionales, después de un anuncio con evidente propósito de generar reacciones, su involucramientos en los llamados “pepeaudios” y todas las maniobras que se hacen para descalificar a los opositores en lugar de mostrar tolerancia, no hacen viable la permanencia de la empresa, señala.

“Todas estas son evidencias de falta de lealtad y transparencia de la empresa, por lo que en esas condiciones el proyecto no es viable”, apunta.

RAZONES FINANCIERAS

 

Una explicación a la resistencia del gobierno a anular el proyecto o retirarle a la empresa la aprobación del Estudio, la dio a conocer hace unos días el congresista Víctor Andrés Belaúnde.

«La huelga se produce el 23 de marzo, al día siguiente la empresa dice que no va, el gobierno corrige dice que sí va. Pasan 30 días con heridos y hasta un muerto, y la empresa emite bonos por 1,500 millones de dólares a 30 años con una taza de 5,8% para el proyecto Tía María y otros 500 millones para otros proyectos a 10 años a tazas de 3,6%. Parece que hay empresas peruanas que han comprado esos bonos», dijo el parlamentario.

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La información fue confirmada al día siguiente por el diario Gestión, en los mismos términos, mientras el gobierno no se ha pronunciado al respecto.

García Belaúnde prosigue: «La empresa siguió con el proyecto de la mano del Gobierno, emite bonos, ¿y ahora qué va a hacer? Una pausa dicen, pero ya prometió a los bonistas que esto significa un aumento del 82% de la producción de Southern y significan utilidades inmensamente grandes y convertir a la empresa en la primera reserva de cobre del mundo. Con todas esas promesas, emiten esos bonos con el visto bueno del Gobierno. ¿Las pausas para qué sirven? El proyecto lo van a hacer de todas maneras. ¿Nos están engañando? ¿Nos están tomando el pelo? Que digan las cosas de manera verdadera. Yo creo que el Gobierno no nos ha dicho la verdad. El Gobierno está asustado. Va a tener que responder porque la empresa emitió bonos con la garantía del Gobierno», finalizó.

La otra explicación la dio el propio presidente en su críptico mensaje a la nación. El periodista Gerónimo Centurión lo explica así:

Según el cable de Wikileaks del 20 de enero de este año, el gobierno de Humala, en el marco del acuerdo Trans Pacífico, aceptó que empresas extranjeras que consideran que su inversión está en peligro por protestas de origen ambiental o social (como Tía María), podrían apelar a tribunales internacionales para exigir multimillonarias reparaciones.

Esto no sólo beneficia a las empresas extranjeras frente a las nacionales, sino que les permite pasar por alto el sistema jurídico nacional ya que no requerirían agotar el sistema jurídico interno.

Según el wikileak que difundió La República hace dos meses, los inversionistas extranjeros que consideren que están teniendo pérdidas por conflictos sociales o por problemas de índole ambiental o de salud pública, pueden pedir millonarias compensaciones.

Parece una ficción. Pero, empresas como la minera Doe Run, amparados en estos acuerdos ya están denunciando al Perú por millonarias sumas”, finaliza.

Así pues, todo indica que un gobierno extraviado y penetrado por la corrupción, se ha enredado en sus propios dilemas y trampas, pretendiendo ahora, a través de la grita de sus ministros, y la magnificación y maniqueísmo respecto a los actos de violencia en las protestas, imponer a una población las consecuencias de sus propios errores.

Paradójicamente, con su terca insistencia en el conflictivo proyecto, arriesga otros 6 mil millones de dólares en proyectos de inversión en la región Arequipa.

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