Hasta el momento no se ha solicitado detención preventiva de otros implicados en consideración a su edad y problemas de salud, pero la responsabilidad por la forma en que se adjudicó el contrato para realizar los estudios de la vía Arequipa La Joya, alcana al ex presidente regional Juan Manuel Guillén y a una veintena de funcionarios de su gestión que facilitaron el hecho.
Además de Guillén, están en esta condición el ex gerente de proyectos especiales y asesor cercano, Delford Sarmiento, y el propio ingeniero, Jack López.
También están comprometidos el ex gerente general del GRA, Jorge Luis Aguilar, el asesor y ex gerente Berly Gonzales, el ex subgerente de Formulación de Proyecto, Víctor Manuel Mantilla Chávez, quien debió elaborar los términos de referencia, pero que recibió el documento ya hecho de manos de Miguel Ocharán para pasarlo, en el día, al Comité de Adjudicación. Gonzales y Sarmiento están mencionados en los correos electrónicos que intercambió Miguel Ocharán con los empresarios españoles de Clothos y S&S.
EN UN SOLO DÍA
Los indicios de colusión quedarían probados con la serie de correos electrónicos que involucran directamente a Ocharán en las negociaciones con los empresarios para adecuar los Términos de Referencia, de modo tal, que asegurara que sería el consorcio el que gane.
En uno de estos mails, Tolmos Toledo, quien aún no es habido a pesar de la orden de detención que pesa sobre él, envía saludos a Juan Manuel Guillén (el Doctor) y en otro habla de una cena que sostendrían esa noche. Todo esto ocurre a fines de 2012, en una carrera contra el tiempo para aprobar la buena pro antes de que finalice el año y, con ello, un ejercicio presupuestal.
Según la documentación que posee la fiscalía, durante dos semanas intercambiaron correos para finiquitar los Términos de Referencia, luego de lo cual, el día 29, Ocharán entrega el documento listo a Mantilla, quien lo hace suyo y lo presenta en el día, a René Francisco Huanca Ramos, entonces jefe de la Oficina de Programación de Proyectos de Inversión (OPI) que lo aprueba en cuestión de minutos y sin observaciones.
Inmediatamente se conforma el Comité de Adquisición que integra el ex gerente Aguilar, así como el Jefe de Proyectos de entonces, Fernando Castillo, quienes aprueban la propuesta y otorgan la buena pro, en el mismo día.
Al día siguiente (29 de diciembre), se da trámite a todo lo actuado, por lo que también están implicadas la encargada de la Oficina Regional de Administración, Rossana Morays Velásquez y Arcemia Bustamante Quispe, Jefa de la Oficina de Logística y Patrimonio, quien también integró el comité.
El delito que plantea la Fiscalía Supraprovincial especializada en Delitos de Corrupción es el de Colusión Agravada, que contempla una pena de cárcel mínima de 9 años y máxima de 12.
Varios de estos funcionarios implicados se habrían acogido a la colaboración eficaz, por lo que han proporcionado audios de conversaciones que involucran a Ocharán, Guillén y Aguilar en la planificación y ejecución del hecho, mientras los correos electrónicos que le llegaron copiados fueron proporcionados por Jack Lopez, quien también integró el Consorcio, pero posteriormente denunció las modificaciones al proyecto y la mala fe de los empresarios españoles con quienes se unió en consorcio “a sugerencia de Ocharán”, según dijo.
