El dirigente Pepe Julio Gutierrez, no tiene ningún tipo de arraigo. Ese fue el argumento de la fiscal superior coordinadora Miriam Herrera, quien en representación del Ministerio público, asistió a la audiencia de apelación del detenido Gutiérrez. Éste pide que se le cambie la prisión preventiva por un arresto domiciliario. La diligencia se llevó a cabo en la Primera Sala Penal de apelaciones Nº 7. En la reunión también participó como defensor de Pepe Julio, Walter Efrén Alca Bernal, quien a pesar de las pruebas presentadas fue rebatido en cada momento por la fiscal.
Arraigo laboral, familiar y domiciliario
El abogado Alca presentó recibos de luz, agua, y del trabajo que su defendido realizó como contador en la junta de usuarios del Valle de Tambo y también a clientes particulares en otras provincias de Arequipa, además de ser agricultor en la zona, a esto sumo el hecho de que la garantía laboral de Pepe Julio reside solo en el Valle de Tambo, aparte de que la dirección que figura en su DNI está en Cocachacra.
Dicho esto, Miriam Herrera mencionó que algunos clientes de Gutiérrez figuran en Yanahuara, Yura y hasta en Majes, desestimando parcialmente que el acusado siempre se encuentre en dicha localidad, además de que la vivienda que figura en su DNI es alquilada (domicilio fiscal) y por lo tanto no es seguro que sea su residencia específica en estos momentos.
Alca Bernal defendió a su patrocinado aduciendo que Pepe Julio se encuentra al día con todos los pagos de reparación civil interpuestos con anterioridad y que el Poder Judicial nunca lo declaró reo contumaz.
Para sustentar una posible situación de fuga, la fiscal recordó que el día de su captura Pepe Julio estaba con el pasaporte en su auto, y esto, para el Ministerio Público se considera indicio. Sin embargo, el abogado dijo que su defendido siempre guardaba dicho documento en el auto, además de que no traía consigo ninguna maleta ni implemento de viaje.
Pepe Julio ya tiene 2 sentencias, “el señor no podría ser sancionado con el extremo mínimo, mínimamente debería ser una pena mayor a los 4 años”, acotó la fiscal
Finalizando la audiencia el abogado agregó que Pepe Julio fue notificado tardíamente, por lo que no pudo entregarse inmediatamente a la justicia. “Pedimos una reclusión menos gravosa, una comparecencia con restricciones, una caución de aproximadamente 30 mil soles y el impedimento de salida del país”, dijo antes de retirarse.
Petitorio de dinero
Alca Bernal mencionó que en los audios no figura si el monto de dinero es en soles o dólares, desestimando de esta manera los audios, “¿Quién en un acto extorsivo no precisa si el monto a pagar en soles o dólares?, además, el mismo Gonzales Rocha dijo en sus declaraciones que el pedido nunca llegó a su persona, y que la empresa nunca participaría en este tipo de actos”.
A lo que la fiscal adujo, que la “amenaza” no es hecha sobre una persona física, sino, sobre una jurídica; “En este caso viene a ser la empresa Southern Perú, por lo que la amenaza puede ser materializada sobre terceras personas, cualquier directivo de la empresa”.
“El proyecto minero ya está en ejecución, la empresa ya desembolsó dinero en los EIA’s, ha realizado convenios de trabajo particulares y con el Estado, por lo que el pedido de extorsión sí afecta el patrimonio e intereses públicos”, agregó enfáticamente.
Extra:
Los jueces encargados de la sala fueron; Percy Gómez Benavides, presidente, y como jueces superiores, Cecilia Aquize Díaz y Orlando Abril Paredes.
La sala tiene un plazo de 48 horas para emitir un veredicto de acuerdo a las pruebas presentadas.
Según la fiscal Herrera la obtención de los audios es completamente lícita debido a que se obtuvieron después de haber sido emitidos en medios públicos.
El abogado de Pepe Julio Gutiérrez ofreció pagar una caución de 30 mil soles para que su patrocinado afronte su proceso con detención domiciliaria o en libertad.
