VIDEO Y FOTOS. Decisión judicial inédita dicta prisión preventiva a Juan Manuel Guillén

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Tras varias horas de audiencia, JM Guillén lucía desencajado por la previsible decisión

La audiencia duró más de 13 horas, en un recinto minúsculo, donde los periodistas debían permanecer de pie y los acusados tenían que pedir permiso al juez para usar los servicios higiénicos.

Los tres acusados y sus abogados, sentados en primera y segunda fila, aguardaban con cierta expectativa la decisión final del juez, Mandred Vera Torres, quien tomó cerca de dos horas para argumentar y darla a conocer: el ex presidente regional, quien ejerció cargos públicos de importancia por 30 años, según él mismo lo hizo saber, será confinado, por primera vez, a prisión domiciliaria, de manera preventiva, por el lapso de 6 meses, mientras se profundizan las investigaciones.

Guillén y Sarmiento

Sala de audiencias del módulo de justicia de Paucarpata

El juez explicó detalladamente su decisión: en principio, admitió como ciertos y graves los elementos de convicción aportados por la fiscalía, los cuales lo involucran, junto a otros 20 procesados, en el delito de Colusión desleal agravada: correos electrónicos, audios y documentos, así como la correlación de las fechas en que ocurrió todo. Los otros dos procesados en esta audiencia, corrieron la misma suerte: su ex asesor y brazo derecho desde la UNSA, Delford Sarmiento, y el consultor Jack López, quien -paradójicamente- fue el que inició las denuncias en este caso.

También consideró que la prognosis de la pena es suficientemente alta (no menos de 9 años) y que los procesados tienen capacidad económica para fugar o mantenerse ocultos. Aunque reconoció que los tres tienen arraigos y, dos de ellos, problemas de salud, accedió a la prisión domiciliaria solicitada por la fiscalía por la gravedad de los hechos.

prisión preventiva

Juez penal de Paucarpata tomó decisión inédita

Entre los correos presentados, destaca el enviado por Antonio García Villar, director general de empresa Clothos, del 18 de diciembre del 2012, donde señala: “Con el objeto de coordinar los trabajos que venimos realizando, de inmediato para poder determinar los TdR de la autopista, proceso a planificar el procedimiento a seguir…” así como otros antes de la fecha de la convocatoria programada para el 28 de diciembre. Los destinatarios eran Ocharán, Sarmiento, Lopez y otros españoles.

También se presentaron como elementos de convicción, un CD que contiene el reportaje de Cuarto Poder, ¿Qué pasa en la región Arequipa? del 01 de junio del 2014, donde Juan Manuel Guillén aceptaba que el Ing. Jack López tenía la calidad técnica y experiencia profesional para formular el proyecto y que por eso lo convocó. En el mismo reportaje López afirmaba que Ocharán es quien lo convence de asociarse con las empresas españolas, dando a entender que lo usaron a él solo para direccionar la licitación.

Además se escuchó el audio entregado por el testigo clave 01-2015, donde Maricela Paredes, jefa de formulación de proyectos, Miguel Ocharán y Juan Manuel Guillén, quien reconoció que era su voz, hablan del tema entre risas. En esta reunión se acepta que los términos de referencia se adecuaron a ciertos requerimientos que sólo cumplía Jack López Acuña.

Durante la emisión del audio, Juan Manuel Guillén se mostraba impaciente e inquieto en su asiento, por ratos con la mirada baja. Cuando emitieron los audios de la audiencia donde se dictó prisión preventiva al ex asesor Ocharán, en la que éste afirma que los cuadros de costos referenciales que elaboró fue por encargo de Guillén, se tomó la cabeza. Su abogado, Gonzalo Bellido enfatizaba en que no habían pruebas que lo vincularan directamente a los hechos.

Conforme avanzaban las horas y la fiscalía mostraba todos los correos electrónicos, audios y documentación; los rostros de los acusados, particularmente de Delford Sarmiento, evidenciaban su estado de ánimo. Hace sólo un año, antes de que las acusaciones a la gestión de Guillén comenzaran a hacerse públicas, esta situación era impensable.

Desánimo. Sarmiento parecía prever el desenlace, a medida que avanzaba la audiencia

Desánimo. Sarmiento parecía prever el desenlace, a medida que avanzaba la audiencia

Delford Sarmiento Pinto perteneció al entorno íntimo de Juan Manuel Guillén, a quien sirvió de cerca desde los tiempos en que el ex presidente fue Jefe de la Oficina de Planificación de la UNSA, en 1984, convirtiéndose en Rector de esta Universidad entre 1989 y 1998, cuando deja la Universidad para asumir la alcaldía provincial.

Ya en el municipio, Delford Sarmiento fue regidor y, junto a Miguel Ocharán, actualmente recluído en el penal de Socabaya por la misma causa, y Mario Ludeña, conformaban el círculo de poder de JMG, al que se unió en ese momento el ex gerente regional, Berly Gonzales.

Al finalizar la gestión municipal, Sarmiento se aleja del entorno de Guillén y no participa en la gestión regional durante su primer mandato, entre 2007 y 2010; pero a fines del 2012 es contactado por la entonces autoridad y se integra al gobierno regional en los años 2013 y 2014, primero como asesor y luego como Gerente Regional de Infraestructura. Los correos electrónicos que lo involucran, la mayoría de diciembre de 2012, lo incluyen en los tratos previos a la licitación con el consorcio ganador, aún cuando formalmente no tenía cargo alguno.

Su abogado, Henry Zuñiga, se limitó a mostrar cómo es posible alterar correos electrónicos, mientras el propio Sarmiento, el más parco, dijo que cuando se dieron los supuestos hechos ilegales él aún no trabajaba en el GRA y que sólo acudió como visita en una ocasión en que se llevó a cabo una reunión sobre el tema.

El tercer acusado, Jack Lopez Acuña, mantuvo, en cambio, la serenidad. En un momento, encaró al fiscal Arturo Valencia Paiva, quien señaló que sólo hizo las denuncias cuando no obtuvo el pago convenido, como representante de la empresa Jack López Ingenieros. A lo que, airado, replicó: «Le exigo que respete mi nombre, porque es también el nombre de mi hijo y de mi empresa». Aseguró que su participación en este consorcio fue con el deseo de ejecutar una buena obra y que, con 50 años de experiencia en diseño de puentes, no lo movía solo el factor económico.

"Jack el diseñador", como lo apodó la prensa tras su participación en la obra del Puente Chilina, fue el más enfático en su defensa

«Jack el diseñador», como lo apodó la prensa tras su participación en la obra del Puente Chilina, fue el más enfático en su defensa

Su defensa argumentó que fue el propio Jack López quien denunció los turbios manejos que advirtió entre el asesor de Guillén, Miguel Ocharán, y los empresarios españoles con los que se consorció, a sugerencia del GRA. Dijo que hizo pública su denuncia ya en octubre de 2013, en la revista El Búho, cuando aún los estudios no habían sido aprobados por el Gobierno Regional y antes de que se consumen diversas irregularidades. Si bien reconoció haber recibido los correos electrónicos en los que se evidencia el contacto previo entre la cúpula del GRA y los españoles para dirigir la licitación hacia ellos, no participó de los arreglos y no tenía conciencia de que se cometía delito, pues supuso que se trataba de coordinaciones normales. Además, fue él mismo quien proporcionó a la fiscalía estos mails que ahora sirven para inculparlo, así como pruebas a la Contraloría. Lo han traicionado, dijo la abogada.

Fue justamente su denuncia en el programa periodístico Cuarto Poder, la que, en junio de 2014, hizo de conocimiento masivo este tema y dio lugar a que la Fiscalía Anticorrupción de Lima inicie la actual investigación. Y es aquí donde, Juan Manuel Guillén, cometió un grave error: admitió que él mismo ordenó contactar a Jack Lopez para que hiciera un diseño que sirviera de base para la convocatoria posterior a licitación pública. Esa confesión en el reportaje, fue considerado prueba clave de la planificación de la licitación y sus detalles.

Como López lo hizo notar en las denuncias, el direccionamiento no estaba limitado a quién ganaba la licitación para los estudios, por un valor de 10 millones; sino que desde esta fase ya se habría estado previendo quién se adjudicaría la obra, por 500 millones, objetivo final al que  apuntaban empresas españolas, en contacto con las que hicieron los estudios.

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