Marco Arana acusa a Southern Perú por intentar comprar dirigentes de Islay

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La fiscal especializada en Crimen Organizado de Arequipa, María Alejandra Cárdenas Ávila, citó al fundador del movimiento político “Tierra y Libertad”, Marco Arana, para que rindiera su manifestación sobre el caso de extorsión que involucraba al dirigente Pepe Julio Gutiérrez y la empresa minera Southern Perú, a raíz de las protestas contra el proyecto minero Tía María. Fueron más de tres horas en las que Arana debió rendir su manifestación ante representantes del Ministerio Público.

“Aquí no hay un tema de que la pobrecita Southern ha sido extorsionada. Donde hay corrupción es porque hay corruptos y corruptores”, declaró Arana a la salida de la Fiscalía, indicando de forma tajante que la empresa Southern Perú si pretendió comprar a dirigentes que estaban en contra del proyecto cuprífero Tía María.

El dirigente que es precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, estuvo anoche en la localidad de Cocachacra. Allí se reunió con los opositores a la mina Tía María y les brindó su respaldo, rechazando el actuar de los miembros de la policía y las fuerzas armadas en la zona.

Marco Arana negó cualquier vinculación de su persona y del movimiento “Tierra y Libertad” en el caso de la extorsión; en otro momento recalcó que su movimiento busca defender la agricultura, la tierra, y la pesca, por ello siempre apoyarán a los agricultores que se niegan se instalen minas cerca de sus terrenos de cultivo.

La justificación de la Fiscalía para citar a Marco Arana e interrogarle sobre su participación en los actos de protesta en Islay, se debía a una teoría que manejaba el Ministerio Público, de algunos dirigentes que pertenecían al movimiento “Tierra y Libertad”, e impulsaban los actos de violencia para posteriormente pedirle a Southern Perú algún beneficio económico para levantar las protestas.

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Una respuesta a “Marco Arana acusa a Southern Perú por intentar comprar dirigentes de Islay”

  1. Rafael Lopez dice:

    La relación entre las empresas privadas y los funcionarios públicos siempre estará sujeta a sospechas por que no existen mecanismos de transparencia que regulen estas. La historia reciente da muchos ejemplos de la corrupción de funcionarios públicos por parte de empresas que buscaron beneficios ilegales para obtener ganancias sin someterse a las reglas de la competencia, del libre comercio y de la propia ley.
    Es así como resultan casos como los Petroaudios, Ecoteva, MBL, etc. Que muestran claramente lo pernicioso de estas relaciones cuando no existen mecanismos que sancionen a las empresas que corrompen funcionarios públicos.
    En noviembre del 2014 se debatía una ley en el congreso para sancionar penalmente a las empresas que corrompen funcionarios del estado ver http://gestion.pe/politica/sigue-debate-sancionar-penalmente-empresas-2113680 ; y que sería un paso importante contra la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias y la asociación ilícita.
    ¿Cómo es posible que una ley como esta sea sometida a la consulta de un exministro que es funcionario de una empresa transnacional? y ¿por qué no se ha terminado el debate y promulgado la misma?. La respuesta es sencilla, ni al gobierno ni a las empresas que tienen intereses pendientes como la del exministro, les urge, es mas no la desean.
    Esperemos que el próximo gobierno con el nuevo congreso promulguen la ley que ayudara a una mayor transparencia en la gestión pública y privada, para evitar el abuso (delincuencia) de empresas corruptoras.

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