VIDEO. Vera Ballón y Guillén serían responsables en estafa de Oncoserv

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El informe final de la Comisión del Consejo Regional de Arequipa que investigó el millonario embargo al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por parte de la empresa Oncoserv, relacionada con la mafia de Rodolfo Orellana, fue expuesto el día de hoy; entre sus principales conclusiones está la responsabilidad que caería sobre los ex presidentes regionales de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides y Daniel Vera Ballón.

En el informe final se llega a la conclusión que el ex presidente, Daniel Vera Ballón, junto con el ex gerente general y ex jefe del Órgano Promotor de la Inversión Privada, Julián Ponce Dávila, “concertaron con Oncoserv INC la presentación de una iniciativa privada para entregar la concesión de los servicios de radioterapia, imagenología y laboratorio en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur -Iren Sur”.

Esta decisión fue tomada a pesar que la empresa Oncoserv INC no contaba con la infraestructura mínima para poder asumir la responsabilidad de  brindar los servicios que se les había encomendado.

La responsabilidad del ex presidente regional, Juan Manuel Guillén, y del ex gerente general del GRA, Berly Gonzales, sería por Incumplimiento de Funciones, como se describe en la exposición del informe: “(Berly Gonzales) sabía que absurdamente se habían concesionado los servicios de una entidad inexistente, pero terminó preocupándose más por evitar que se comprometa la participación del presidente regional (Juan Manuel Guillén) con la suscripción de la adenda”.

En otro punto del informe se acusa a Juan Manuel Guillén y a su ex gerente general, Jorge Luis Aguilar, de la indebida designación de la Abogada Sheyna Tejada como árbitro del caso, aunque no contaba con los requerimientos necesarios para asumir tal función. La Comisión de Investigación calificó de ridícula la justificación de designar a la árbitro por ser mujer y amiga.

Los ex funcionarios del GRA, Elio Vásquez Rodríguez, Yuri Ramos Herrera, Hugo Rodríguez Arias y María Teresa López Orihuela también estarían comprometidos: “facilitaron la concertación, (…) hicieron una evaluación superficial, sin requerir informes complementarios, sin analizar hasta qué punto era confiable el enfoque financiero que el proponente estaba proyectando, ni siquiera se verificó los valores aproximados de los equipos que se decía se habría de utilizar, ni se exigió precisar el plazo máximo de reposición”.

El informe será enviado a la ORCI y a la comisión Orellana del Congreso de la República para que sus conclusiones sean tomadas en cuenta y se inicien las acciones correspondientes.

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