La contraofensiva conservadora

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El último 15 de agosto, en el marco del aniversario de Arequipa, tuvo lugar un manifiesto en el Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa promovido por la Coordinadora Regional por la Vida, presidida por Edwin Heredia, la cual agrupa a asociaciones como Médicos por la Vida, Ética y Derecho, Comunicación y Diálogo, Promujer y DDHH, Vida y Familia y Proyecto Esperanza. El Manifiesto de Arequipa fue suscrito por diversas autoridades políticas, educativas, policiales, militares y eclesiásticas de la región, entre las que destacan la gobernadora regional Yamila Osorio, el alcalde Alfredo Zegarra y el arzobispo Javier del Río Alba.

Conforme se aproximan las festividades locales, en ciertos sectores de la población arequipeña se agudizan las agresiones en nombre de la identidad cultural de la Ciudad Blanca. Entre la xenofobia contra los migrantes puneños, la paranoica extirpación de danzas altiplánicas del Corso de la Amistad, los agravios racistas en las redes sociales, el Manifiesto de Arequipa adquiere singular importancia, pues evidencia cómo el discurso conservador apela a la identidad cultural y a una peculiar noción de democracia para sustentar su intervención pública, como es propio de todo manifiesto, y para reconvenir al Estado hacia una conducta moral, a todas luces, reñida con el pluralismo democrático.

La asunción de una voz neutral es una de las estrategias más frecuentadas por el discurso ideológico para situarse por encima de los discursos que lo interpelan. En tal sentido, el Manifiesto de Arequipa se esmera por asegurar la superioridad moral de los derechos e instituciones que promueve basándose en la supuesta condición natural de algunas de ellas. De este modo, se pretende invisibilizar la postura representativa de un grupo concreto con intereses particulares y organizados institucionalmente en torno a un objetivo. En lugar de ello, es el «pueblo» el que aparentemente se expresa a través de la voz de sus representantes.

El manifiesto señala al pueblo de Arequipa, representado por sus autoridades y distinguidos miembros de la sociedad civil, como la voz que emana del pronunciamiento. Es decir, se asume que su contenido sintoniza sin fisuras ni tensiones con la opinión de la ciudadanía que no las eligió o que habiéndolas elegido no discreparía en materia de derechos sexuales, reproductivos y educación sexual. Y esto es posible porque la noción de pueblo borra la disidencia y sobrevalora la homogeneidad. O dicho de otro modo: el manifiesto hace hablar a un grupo social en particular bajo la etiqueta aglutinante del pueblo bloqueando la diversidad de posturas frente al aborto, la eutanasia, la educación sexual y la unión civil («[…] el pueblo de Arequipa […] en fidelidad a su identidad cultural y tradición democrática») o confinando a un reducto a quienes difieren de su discurso, lo cual da lugar a que ese excedente no sea propiamente parte del «pueblo» que el manifiesto imagina para sus destinatarios («[…] expresa su firme decisión de unir esfuerzos para evitar que la colonización de ideologías extranjeras continúe afectando a nuestras nuevas generaciones […]»). Pero, realmente, el pueblo no habla sino que es hablado por los suscribientes del mismo. Cuando se desea aglutinar a un colectivo ante lo que se considera una amenaza y, consecuentemente, construir a un enemigo, apelar a la categoría «pueblo» ha sido históricamente muy rentable para los poderes fácticos. Dicho de otro modo, el manifiesto refrasea el racismo en clave moral: feministas, colectivos pro aborto, pro unión civil, madres y padres solteros, y convivientes sin hijos quedan fuera de la comunidad moral conformada por los sujetos y asociaciones que lo suscriben, en el mismo sentido que los negros, los cholos, los gays, las machonas, los puneños, etc., son esos «otros» inaceptables a los que es menester colocar en el último escalón moral para restarles humanidad progresivamente.

Utilizada de este modo, la categoría «pueblo» es más reductiva que inclusiva: ese pueblo al que este manifiesto asegura representar no es una masa indiferenciada y aglutinada sólidamente en torno a un núcleo ideológico, político, social o cultural que imagina Arequipa hoy tal cual hace más de medio siglo; ese pueblo es el sector más reaccionario, conservador, racista, homofóbico e intolerante ante el pluralismo. No obstante, apelar al pueblo o nombrarlo es rentable para generalizar un discurso atribuible a toda una comunidad pese a que, en principio, es más representativo de un grupo específico. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, los firmantes del «Manifiesto de Arequipa» no tendrían problema en declarar que hablan en nombre de Dios.

Otra modalidad que refuerza la superioridad moral de los derechos e instituciones promovidos por el manifiesto es la actitud ante la «crisis de valores», la cual es, en verdad, la crisis de «sus» valores. No obstante, expuesta impersonalmente, posiciona el discurso de este manifiesto en un lugar más allá de la diversidad, como si tales valores e instituciones fueran igualmente regentes para toda sociedad, y cuyo peligro de extinción debiera preocuparnos a todos por igual.

El fragmento más cercano a un estado de alerta frente a lo foráneo es la invocación a cerrar filas contra la colonización de ideologías extranjeras. Y pesar que podría interpretarse como una alerta del tipo «¡Oigan, esos valores ponen en riesgo los nuestros!» se lee «los valores e instituciones están en crisis». Efectivamente, la colonización ideológica ha empleado el discurso científico, filosófico y académico en general para garantizar la dependencia epistemológica en la periferia occidental persuadiéndonos de que necesitamos de teorías y categorías eurocéntricas para comprendernos a nosotros mismos. Sin embargo, este no es el sentido del manifiesto —como no es tampoco problematizar tales ideologías— sino conjurar el efecto pernicioso que estas ideologías provocan en los sujetos cuya voluntad les es cada vez más difícil controlar. Pues las jóvenes generaciones que tanto preocupan a la Coordinadora Regional por la Vida hoy pueden comparar y decidir entre una amplia gama de posibilidades de vivir en comunidad. Pueden discutirlas o quizá simplemente defender a ultranza alguna, pero no podrán negar la diversidad.

Esta preocupación es semejante a la sostenida desde la excepción cultural por los Estados que rechazan la universalidad de los derechos humanos en lugar de discutirla. Arguyen que en el fondo se trata de la imposición de un paradigma eurocéntrico que ignora la particularidad de otras culturas, por lo cual enarbolan la bandera del etnocentrismo. Lo paradójico es que el sustento para rechazar los derechos humanos proviene de reflexiones sociológicas, antropológicas, históricas y filosóficas elaboradas por pensadores europeos. Así, cancelan el esfuerzo por construir una mínima moral o una ética de mínimos reemplazándolo por la autoafirmación. Por ello, no es el origen geográfico de las ideologías lo que verdaderamente importuna al discurso del manifiesto, sino su propia incompetencia para contrarrestar ideológicamente la disidencia dentro de un sector de la población que es renuente a acatar sin reparos los mandatos tradicionales.

Esa crisis global de valores e instituciones es representada como un hecho incontrastable que amenaza la estabilidad de un pueblo que siempre habría sido fiel a su identidad cultural y tradiciones, como si más de cuatro siglos y medio de historia no hubiesen transformado la forma de imaginarnos como ciudad. Desde esta perspectiva, el manifiesto imagina Arequipa como el último reducto de la contraofensiva conservadora ante la crisis global de «sus» valores, una comunidad cercada e impermeable al influjo de otros modos de imaginar la vida social.

El pueblo, como metáfora de la comunidad cercada, nos conduce hacia otro tópico ideológico: la construcción del enemigo. Fuera de la tradición, los valores e instituciones tutelares no habría garantías: caníbal, el bárbaro, el degenerado, el pervertido, el sucio es el otro. Si semejante crisis de valores se debe al influjo de «ideologías extranjeras», entonces ese nosotros implícito (el pueblo de Arequipa) carece de toda responsabilidad en dicha crisis. Aquí emerge otra estrategia del discurso ideológico: el otro es el culpable de nuestras desgracias, sentencia que obtura la asunción de responsabilidades propias.

Una lectura más aguda apunta que los suscribientes de este manifiesto admiten que los valores e instituciones que promueven atraviesan un momento crítico: son confrontados, discutidos, existe resistencia a seguirlos como pautas morales, lo cual antes podía ser controlado. Por ello evidencian una recepción negativa de esa crítica, ya que no es posible una crisis de valores sin sujetos que los cuestionen. Por consiguiente, aparte de que sus valores atraviesan una profunda crisis, el panorama se complica para los guardianes de la tradición toda vez que el control disciplinario sobre los sujetos es cada vez menos eficiente.

Tal actitud contradice en un sentido la tradición democrática a la cual los firmantes expresan ser fieles. Aunque examinándolo mejor, refrenda de manera perversa una cierta idea de democracia donde se cierra el disenso, se excluye al «otro», que no solo es considerado diferente, sino también una amenaza, cuyo modo de vida e ideologías pone en crisis los valores e instituciones de ese «nosotros».

Urge recordarles a los firmantes del manifiesto que han sido elegidos para gobernar en beneficio de todos los ciudadanos y no exclusivamente de quienes los eligieron o de los que simpaticen con su negativa ante el aborto en caso de violación, la unión civil o la educación sexual como un asunto de interés público y no solo familiar. Recordarles que así como es una insensatez que el Opus Dei exija a la población católica de Estados con altos índices de natalidad, enfermedades de transmisión sexual, agresiones sexuales contra menores, embarazos no deseados, inseguridad ciudadana y precariedad de servicios sociales que abandonen el uso de anticonceptivos porque es pecado, lo es que diversas asociaciones civiles católicas exijan al Estado peruano dé un paso al costado en materia de derechos sexuales y reproductivos, y salud sexual pública en un país donde la desigualdad social, lingüística, sexual, laboral y económica determina un trato injusto para muchos ciudadanos precisamente debido a que no se les admite como sujetos de una democracia radical.

En lugar de empeñarse por vigilar la virtud ciudadana, la Coordinadora Regional por la Vida, y Edwin Heredia en particular, deberían promover la consecución de una sociedad de ciudadanos racionales.

acaballerom@pucp.edu.pe

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