Licencia social

La columna Mabel Cáceres Calderón

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A propósito de la realización de la convención minera Perumin, en Arequipa, y un conversatorio sobre este tema y los conflictos sociales derivados de la minería; pude llegar a la conclusión que, en la precisión de este concepto y su institucionalización en las normas como un mecanismo de garantía de las comunidades contra posibles impactos negativos de las actividades extractivas, está la clave para disminuir la conflictividad en el país y superar los actuales enfrentamientos a partir de una definición.

La licencia social –se dijo- es algo que necesitan las empresas mineras para sobrevivir, en un contexto de creciente conflictividad y desencuentros con las comunidades afectadas por sus actividades. Y ese algo no es sino un “estado de ánimo” de la población, un clima en el que no se generen conflictos y se desarrolle una actividad productiva de manera armónica y cooperativa, dentro y con las particularidades de un determinado contexto. Así pues, aunque no esté normada, ni legalmente reconocida, la licencia social es lo que posibilita, en la práctica, que un proyecto industrial extractivo, vaya o no vaya.

Por tanto, ¿qué tendría que hacer el gobierno para disminuir la conflictividad y aumentar la productividad de las empresas extractivas que trabajan en un entorno de comunidades olvidadas, postergadas o directamente burladas en sus expectativas? Establecer reglas claras de protección a las comunidades y el medio ambiente para que los estados de ánimo adverso a la actividad productiva se diluyan en medio de un trabajo conjunto, efectivo, beneficioso para ambas partes y metodológicamente supervisado por el estado. Con el fin de garantizar que las comunidades otorguen esa licencia social, pactada con transparencia, bajo normas generales y acuerdos específicos, pero que sean vinculantes para las empresas interesadas en una inversión productiva que afecte una comunidad.

En otras palabras, institucionalizar la licencia social, manteniéndose en el papel de garante de su cumplimiento. Es decir, junto a su obligación de supervisar el cuidado ambiental y las normas técnicas para las operaciones, asumir como obligación estatal la vigilancia del cumplimiento de los pactos entre empresas y comunidades, del compromiso mutuo, cuya suscripción formal sea un requisito previo a la autorización de la actividad.

Es así como el creciente número de conflictos socioambientales se ha venido solucionando en el mundo, y el Perú no podrá ser la excepción porque, cada vez más, las comunidades y personas son conscientes de sus derechos, de la inequidad en la distribución de la riqueza, de la desigualdad de oportunidades; y aspira a una mejor calidad de vida, y no solo a la supervivencia, como antes. Y es así como se debe construir una sociedad más equilibrada, democrática y civilizada.

A los cavernarios que no les guste la idea, es seguro que la licencia social les parecerá “una cojudez”. Y como tal, siempre estarán en medio del fuego cruzado entre los pros y los antis, entre el pasado y el futuro, entre la soberbia y la ira desatada, entre la imposición y la sed de justicia.

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