Tremenda fiscal

Picotazos

La titular de la fiscalía contra el crimen organizado, María Alejandra Cárdenas, parece decidida, con el apoyo del Ejecutivo, a criminalizar la protesta contra la mina Tía María en Islay generalizando sus acusaciones a buena parte de la población, adelantando la conclusión que se ha conformado una Asociación Ilícita para delinquir en la que incluye a alcaldes, presidentes de juntas de usuarios y otros ciudadanos de Cocachacra que suman cerca de 40. Incluye a los alcaldes Helard Valencia, José Ramos, Marilú Marroquín, entre otros.

Según ella, el Frente de Defensa del Valle de Tambo, es una organización criminal que se formó  con el único objetivo de realizar actos delictivos y obtener ventajas personales. Incluye en las acusaciones al abogado Héctor Herrera por haber asumido, de manera uniforme y gratuita, la defensa de los detenidos, muchos de los cuales fueron sembrados por la policía, como es el caso de Antonio Coasaca.

Si bien es cierto que sus investigaciones, en el caso “Pepeaudios” no dejan lugar para muchas dudas sobre la acción aparentemente ilícita de Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo; extender y generalizar esta conducta, sin pruebas, a toda una colectividad es una exageración que da cuenta de su falta de objetividad e idoneidad para seguir con estos casos.

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