Dos ex presidentes regionales, dos ex gerentes generales, y al menos dos docenas de funcionarios de dos gestiones anteriores en el Gobierno Regional de Arequipa, incluyendo consejeros, serán investigados por el Ministerio Público por su responsabilidad penal en la estafa que consumó la empresa Oncoserv, lo que derivó en el embargo de 7 millones de soles y la retención de otros 4 millones de los fondos del GRA.
Esto debido a las conclusiones de un informe de Contraloría que determinó que el perjuicio total para el GRA, por la firma y ejecución del contrato de concesión de servicios en el Iren Sur, para la empresa Oncoserv, suma un total de 25 millones de soles. Por este motivo se ha enviado el informe al Ministerio Público que inicie las acciones penales y se ha ordenado la apertura de procesos administrativos al personal que está involucrado.
La gobernadora regional, Yamila Osorio, señaló que su administración exigirá a quienes sean hallados responsables de este perjuicio al GRA, una indemnización por daños y perjuicios a los fondos regionales y a los usuarios del Iren Sur.
La gobernadora señaló que el procurador ad hoc para este caso, Fernando Bustamante, ya inició un proceso para la recuperación de los 11 millones, luego que una sala comercial declarara nulo el arbitraje que -de manera fraudulenta- falló en favor de la empresa Oncoserv ordenando al GRA una reparación económica equivalente a 44 millones de soles. Esta suma incluye los 7 millones que lograron cobrar los empresarios de Oncoserv, coludidos con miembros de la red Orellana y otros 4 millones que, si bien no lograron embargar, fueron retenidos en las cuentas del GRA.
Los ex presidentes regionales, Daniel Vera Ballón y Juan Manuel Guillén Benavides, son mencionados expresamente en el informe de Contraloría que señala responsabilidad punible en ambos casos, dado que permitieron que se perjudique los intereses regionales al no acatar las normas.
