Por: Guillermo Vidalón del Pino (*)
La minería en el Perú representa el 14.6% del Producto Bruto Interno, entre el 55 y el 60% de las exportaciones nacionales, lo que ha facilitado que todas las actividades económicas se beneficien. Recordemos que en el 2003 el tipo de cambio ya había alcanzado S. 3.51 soles por dólar y descendió hasta S. 2.638 soles el 2012, esos 10 años permitieron financiar, en gran medida, la reconversión del aparato productivo nacional.
También es cierto que el alza de los precios de los metales permitió que el sector extractivo asimile el significativo descenso del tipo de cambio, su reciente alza a S. 3.48 no compensa la caída de los precios de los metales. Durante esos diez años de precios altos las utilidades crecieron, así como la recaudación fiscal y la inversión pública y privada, los aportes privados del sector extractivo en favor de las poblaciones de su zona de influencia fueron los más altos de la historia.
En el pasado, ha existido una visión clara de hacia qué estadio de desarrollo queremos llevar al país y la consecuencia social que ello genera en favor del empleo productivo y el bienestar para un mayor número de peruanos. Un objetivo definido facilita que todos los agentes económicos direccionen libremente sus esfuerzos hacia la consecución del mismo. Sin éxito económico es imposible financiar iniciativas de Responsabilidad Social.
En concordancia, existen dos tipos de Responsabilidad Social, una que corresponde exclusivamente al ámbito del Estado, propiciar las condiciones económicas que hagan posible la Responsabilidad Social; es decir, haciendo una analogía con conceptos económicos, al Estado le correspondería la Macro Responsabilidad Social mientras que a los privados la Micro Responsabilidad Social.
En el ámbito de la Micro Responsabilidad Social, el sector minero empezó su aplicación en su ámbito interno, modernizó sus operaciones y redujo su impacto ambiental. Posteriormente, con el alza de los precios de los metales, las favorables políticas de Responsabilidad Social alcanzaron al primer anillo de las denominadas zonas de influencia y luego al segundo. Las expectativas crecieron desmesuradamente y la demanda social por acciones a favor de las poblaciones ubicadas a mayor distancia de las operaciones se fue transformando. El diálogo se convirtió en exigencias referidas a la acción del Estado, construcción de caminos, mejora de los servicios educativos y de salud, etc. Lamentablemente, el Estado no revirtió de manera eficiente y expeditiva los recursos generados por la minería en favor de los pobladores y la demanda social se acrecentó en contra del sector.
El descalce entre el Estado Central y los niveles iniciales de gobierno se agudizaron y el desacato a la autoridad no fue ajeno a nuestra realidad social. Desafortunadamente, el ejercicio reiterativo de soslayar a la autoridad, de desafiar y vulnerar el Principio de Autoridad hace que la institucionalidad se diluya y termine cuestionada su legitimidad.
Un liderazgo dubitativo y un Estado ausente, que dejan de lado el horizonte de largo plazo que ofrece la minería, impiden poner en valor la riqueza natural de que disponemos e incumplen con su Responsabilidad Social con el Perú.
(*) Superintendente de Relaciones Públicas Southern Peru Copper Corporation
