El gasoducto Sur Peruano en peligro 

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El proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP)  implica la construcción de un sistema tipo ducto que tendrá una longitud de 1080 km, donde se transportará gas natural del yacimiento de Camisea (Cusco) hacia la costa sur del país pasando por las regiones de Puno, Apurímac,  Arequipa, Moquegua y Tacna. El contrato prevé que la obra debería estar concluida a fines de 2017.

Lamentablemente, este proyecto energético prioritario para las regiones del sur de nuestro país está en peligro. ¿Por qué? Desde el año pasado la Contraloría General de la República detectó cinco irregularidades en la licitación del  GSP, mega obra adjudicada en junio del 2014 al consorcio integrado por la brasileña Odebrecht, con el 75% de participación  y la española Enagás que  tiene el 25%.

Incluso el proyecto, valorizado en más de US$7 mil millones, fue considerado como un “hito histórico” por el presidente de la República, Ollanta Humala. Las  irregularidades halladas  por parte de la contraloría sobre el gasoducto del sur están plasmadas en un informe del 26 de agosto pasado (2015), remitidos a la Segunda Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la investigación de la Contraloría a este proyecto comenzó a inicios del 2015 y que los problemas tienen que ver con el monto de inversión del proyecto, el proceso de licitación, el impacto financiero económico y las interferencias asumidas por el concedente.

Por otro lado,elGSP requiere de un financiamiento de unos US$4.200 millones  a cargo de un conjunto de 15 bancos. El préstamo, que debía salir a fines del año pasado, se ha retrasado en medio de las noticias desfavorables para la empresa, cuyo expresidente Marcelo Odebrecht, ha sido condenado en Brasil a casi 20 años de prisión por corrupción. La firma informó en Brasil que planea vender activos por unos US$3.300 millones, en momentos en que la empresa enfrenta una crisis vinculada al caso ‘Lava Jato’, que consistió en el pago de sobornos de parte de empresas constructoras a políticos de distintos partidos brasileños y funcionarios de la estatal Petrobras, a cambio de contratos. Recordemos que una comisión del Congreso y la Fiscalía investigan el caso.

En febrero, un informe preliminar de la Policía Federal brasileña sostuvo que Odebrecht supuestamente sobornó con 3 millones de dólares al presidente peruano Ollanta Humala, algo que  el mandatario negó vía diplomática.El retraso en la financiación es un ejemplo más de cómo el escándalo de corrupción más grande en la historia de Brasil está teniendo repercusiones más allá de sus fronteras.Recientemente se anunció que  la compañía Odebrecht  habría vendido su paquete accionario -que equivale al 55% del total- a sus socios: la española Enagas y la peruana Graña y Montero, aunque la operación aún  no tiene fecha. Hasta el momento, la europea tiene un 25% de la participación en el consorcio y la peruana un 20%.

Finalmente, hace unas semanas, Enagas asumió la gerencia general del proyecto, en reemplazo de Odebrecht, “con la finalidad de salvaguardar al Gasoducto Sur Peruano de cualquier impacto reputacional ajeno al proyecto», según dijo en ese momento la firma brasileña en un comunicado.  Posteriormente la propia  ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, anunció que la empresa española Enagás asumirá la gestión del Gasoducto Sur Peruano, sustituyendo a Odebrecht en un acuerdo por unanimidad de la junta general de accionistas de la empresa concesionaria. Lo cierto es que este gasoducto necesario para reforzar el suministro de energía y ayudar a reactivar la economía del país, dependiente de la minería, después de la caída de los precios de los metales, podría quedar simplemente en eso, un proyecto frustrado por la incompetencia de algunas autoridades y la mezquindad de ciertos intereses; esperemos que esta situación cambie, aunque parece difícil,  y que el GSP pueda ser una realidad.

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