Gobierno Regional y Municipio Provincial habrían falseado documento para ejecutar Puente Chilina

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Por: Unidad de Investigación.

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El afán por dejar una obra monumental, habría llevado al expresidente regional, Juan Manuel Guillén, a ignorar diversas normas legales que no le permitían ejecutar ese proyecto por ser de competencia municipal. En ese objetivo, él y el exalcalde provincial, Simón Balbuena, habrían suscrito un documento con fecha falsa. En una actitud reiterativa, tres fiscales del Ministerio Público se han negado a investigar el tema, a pesar de la evidencia.

Se trata de la Addenda N° 01-2008-GRA/PR al Convenio para la Formulación del Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal Exclusiva (SNIP 13 N° 268-2008-GRA/PR) suscrito entre el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El Convenio 268-2008 que posibilitaba la cesión de competencia, del municipio al GRA, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, pero todo parece indicar que olvidaron ampliarlo mediante una Addenda y, en el año 2009, en que se hicieron importantes inversiones a cuenta de este código SNIP, subsanaron esta falta suscribiendo la ampliación del convenio en un documento que tiene como fecha de suscripción el 28 de diciembre de 2008, ¡pero que hace alusión a una norma promulgada el 2009!

Fechado en la parte inferior como diciembre de 2008, en la parte superior se menciona a una norma del MEF, de fecha febrero de 2009, lo que no deja duda que la fecha real de esta Addenda al Convenio entre el GRA y el MPA no es loq ue señalan.

Fechado en la parte inferior como diciembre de 2008, en la parte superior se menciona a una norma del MEF, de fecha febrero de 2009, lo que no deja duda que la fecha real de esta Addenda al Convenio entre el GRA y el MPA no es loq ue señalan.

Como puede verse en el detalle, este lapsus pone en evidencia que, tal como señalan hasta 3 denuncias en el Ministerio Público por el delito de Falsedad Genérica, el documento que suscriben Juan Manuel Guillén, como Presidente del GRA, y Simón Balbuena, como alcalde provincial, tiene una fecha falsa. No obstante, ningún fiscal ha querido asumir esta investigación, cuya primera denuncia data de 2011. Después de idas y venidas por los despachos fiscales, durante cinco años, ha sido archivada.

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CONSECUENCIAS

La inconsistencia no fue algo menor, pues el expresidente Guillén habría incurrido también en Usurpación de Funciones según las denuncias respaldadas por el Procurador Anticorrupción de la región, Javier Cornejo Portocarrero, ya que una obra urbana como la Vía Troncal Interconectora (Puente Chilina) no tendría que haberla ejecutado el GRA, en ningún caso, sino el Municipio Provincial.

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Entre el perfil  del proyecto, el estudio de Prefactibilidad y el de Factibilidad, realizados hasta el 2009, se invierten 350 mil soles que no tienen respaldo legal, pues el convenio ya había caducado en diciembre de 2008. Más aún, incluso si el Convenio entre ambas instituciones hubiera estado realmente vigente, este proyecto no estaba comprendido entre las obras prioritarias a ser consideradas en el presupuesto participativo de ese año (2009), luego que las reuniones con los actores sociales se llevaron a cabo. Y por último, la Directiva vigente del Ministerio de Economía y Finanzas para la Programación y Formulación del Presupuesto que regía ese año, prohibía expresamente a los entes de gobierno invertir en proyectos que no fueran de su competencia (RD N° 024-2007-EF). En el mejor de los casos, solo podía cofinanciarlo, junto al Municipio, pero no financiarlo directamente, como es el caso, a pesar que se hizo en la modalidad de Obras por Impuestos, pues el presupuesto afectado será exclusivamente el del GRA, en el monto de 260 millones.

A todo esto se suma el hecho de que el GRA efectúo compras de material, antes incluso que se hicieran los estudios definitivos, parte de las cuales fueron derivadas a otras obras y otra cantidad (20 millones) no ha quedado claro cuál ha sido su destino final.

ITINERARIO FISCAL

Lo que resulta todavía más extraño, es el recurrente comportamiento evasivo de los titulares del Ministerio Público que, argumentando diversas razones, se han negado a ver este caso o lo han archivado sin mayor fundamento.

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La primera denuncia, efectuada por Andrés Risueño Portugal data de 2011 y en ella se acusa a Juan Manuel Guillén, Simón Balbuena, los miembros del Consejo Regional y los regidores del municipio provincial de ese entonces, de los Delitos de Malversación de Fondos, Falsedad Ideológica y Falsedad de Documentos, porque –se decía- simularon haber suscrito la Addenda en fecha anterior y, en el caso de concejales y consejeros, por consentir ese procedimiento y no denunciar. Curiosamente, ni el denunciante, ni el fiscal que entonces archivó el caso, Carlos Martínez, advirtieron lo que hemos señalado en el primer párrafo, es decir, que la inconsistencia de fechas en el documento prueba que no son las reales. Al parecer no lo notaron.

Risueño Portugal basa su denuncia, más bien, en las declaraciones periodísticas de ambos personajes donde se refieren a la ampliación del convenio recién en 2009. Varias publicaciones dan cuenta de este hecho que hacía pensar que no se suscribió la Addenda sino hasta mediados de 2009. También resulta irregular que la aprobación de la Adedenda no haya sido un acuerdo del concejo de Regidores y del Consejo Regional, respectivamente, pues no existen actas a ese respecto. Citados los denunciados, Guillén y Balbuena se reafirman en que suscribieron el documento en 2008 y alegan tener competencia suficiente para hacerlo, con lo cual, el fiscal archiva el caso.

En el año 2012, el ciudadano Ricardo Burgos presenta otra denuncia refiriéndose a éste y otros hechos derivados, pero con documentos probatorios, ya que Risueño solo anexó publicaciones periodísticas, lo que da lugar a que se inicie la investigación fiscal N° 2012-1808 que la fiscal Silvia Pinto Rodríguez archiva sin más después de 3 años.

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En el año 2014, el procurador anticorrupción remite esta misma denuncia,  que se encontraba en su despacho desde 2012, a las nuevas fiscalías anticorrupción donde la fiscal Lizbeth del Carpio inicia una investigación con el número 2014-63. La magistrada fallece por una enfermedad y la sucede en el cargo Marita Cueva Ojeda.

Al conocer que se ha abierto esta investigación, Burgos presenta una ampliación de denuncia en esta fiscalía, solicitando se integren las nuevas pruebas a la investigación abierta, pero en la Fiscalía le asignan un nuevo número de expediente y recae en otro despacho, el de la Fiscal Madeleine Cordova Iriarte, con el número 2015-391.

Córdova, al conocer que esta denuncia se tramitaba en otra fiscalía, se abstiene de conocer el caso y lo remite al despacho de la fiscal Cueva, quien se lo devuelve porque ella, a su vez, también se abstuvo de conocer la denuncia 2014-63 al conocer que un caso similar había sido investigado años atrás por la fiscal provincial Silvia Pinto, a quien remite este expediente.

Silvia Pinto, quien ya había archivado el caso, lo devuelve a Madeleine Córdova con la misma figura de la abstención, con lo que ésta última lo archiva definitivamente. Por su parte, Marita Cueva, se abstiene de conocer el expediente 2014-63 por la misma razón: que ya había sido visto antes por otra fiscalía y que no se puede investigar a nadie, por los mismos hechos, más de una vez, como argumentaron todo el tiempo los acusados.

Ninguna de estas dos fiscales especializadas en Corrupción de Funcionarios repara que – a pesar de la confusión generada- existen pruebas certeras como la de la Addenda y fundamentos nuevos, amparándose, sin analizar cada uno de los hechos, en el archivo de la Fiscal Pinto, quien a su vez se basó en el archivo del fiscal Carlos Martínez, cuya investigación –del año 2011- careció evidentemente de rigor al no percatarse mínimamente, en ese “pequeño gran detalle” de la inconsistencia de fechas.

Así, en el juego del gran bonetón entre fiscales, el caso ha pasado “piola”, hasta ahora, como otros tantos relacionados con la exautoridad regional.

Fiscales en inauguración de ambientes. Preocupa reiteradas abstenciones y paso lento en causas anticorrupción.

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Una respuesta a “Gobierno Regional y Municipio Provincial habrían falseado documento para ejecutar Puente Chilina”

  1. Avatar otorongo dice:

    Ademas de este caso hay que revisar cuantas investigaciones sobre Usurpación se han archivado, ya que esta actitud indolente de la Fiscalia es el mejor apoyo que reciben los invasores de terrenos, ojala reestructuren esta cada de nuevos fariseos.

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