Justicia, por favor

La columna Mabel Cáceres Calderón

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Si existe un grupo de personas empeñadas en arruinar su imagen profesional colectiva, parece ser el que componen los fiscales y jueces del país. La institucionalidad en el Poder Judicial y la predictibilidad de los fallos en función a su estabilidad, son apenas un concepto vago e inalcanzable.

Este reclamo que, a modo de letanía, se escucha frecuentemente en las manifestaciones que tienen lugar en las afueras de la sede del Poder Judicial, tiene para el imaginario popular la fuerza de una frase hecha; parece un reclamo artificial, por inverosímil.

Solo en la una edición de El Búho, dimos cuenta de hasta dos casos que resultan emblemáticos y ejemplificadores de lo dicho. La informalidad con ribetes delictivos y con víctimas vulnerables, está por consagrarse tras la liberación de la pareja Apaza- Candia, dueños de la cadena de chifas El Gavilán, después de un operativo que le tomó meses a la fiscalía Contra el Crimen Organizado. Un sonmoliento y desganado juez, no habría querido chocar con el soterrado pero inmenso poder económico de estos acusados.

El otro caso reviste mayor relevancia pública pues se trata de la administración del Gobierno Regional en las dos gestiones de Juan Manuel Guillén. El juego del gran bonetón que ejercitan los fiscales Anticorrupción, en este caso, es de antología. Todas las investigaciones abiertas en los últimos años están cayendo, una a una, por inexperiencia de los magistrados o por falta de voluntad. Sólo cuando intervino la Fiscalía Supraprovincial, a cargo del respetado fiscal Hamilton Castro, hubo resultados tangibles y hasta detenciones. Con su ausencia y el pase de los casos a las novatas fiscalías locales, toda la investigación previa está cayendo como un castillo de naipes. En nota aparte mostramos sólo un ejemplo del proceder de los fiscales, quienes se “abstienen” de investigar, motivados por el temor, la conveniencia o la comodidad.

El problema es mayor si analizamos lo que ocurre a nivel nacional. Otra vez las víctimas indefensas y vulnerables como son las mujeres agredidas salvajemente por sus parejas, ven como el sistema de administración de justicia les da la espalda. Los casos son incontables, fuera de los mediáticos, y por todos conocidos, que se han ventilado en días pasados.

Mientras otros magistrados quisieron ampliar hasta el infinito la prisión preventiva de Goyo Santos, en un caso de abuso judicial sin precedentes, incluso si resultara culpable de lo que se le acusa. El limbo de su caso es inexcusable. Entretanto, liberaban prontamente a peligrosos marcas y, como en la época de Alan García aunque en menor medida, el sistema favorece frecuentemente a narcotraficantes, marcas, y policías convertidos en delincuentes, gracias a sus armas e información privilegiada.

Aunque la economía es un aspecto central para la salud democrática de un país, la administración de justicia es estratégica para dar soporte institucional a una sociedad. El gobierno que iniciará en pocos días su mandato tiene, en este aspecto, uno de sus mayores retos, pues nada ganará el país si es que los esfuerzos de millones de microempresarios, estudiantes dedicados, amas de casa sacrificadas y jóvenes trabajadores, se estrella con un sistema judicial corrupto y perezoso, que sigue consagrando la impunidad del delito y el abuso de poder.

La reforma policial y judicial, siendo palabras mayores, son, en el contexto actual y si queremos avanzar, ineludibles, desesperadamente urgentes y estratégicos.

 

 

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