La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, denunció al alcalde provincial, Alfredo Zegarra, a los miembros del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) y a nueve regidores de la comuna, por el delito de Otorgamiento Ilegal de Derechos al haber aprobado el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) que pondría en riesgo la campiña y el paisaje de la ciudad, al permitir la urbanización de varios terrenos agrícolas.
La denuncia fue presentada en el modulo de justicia de Cerro Colorado y los hechos se remontan a enero del año 2016, fecha en que fue aprobado el PDM en medio de polémica que venía desde cuando se encargó la elaboración de este documento a la empresa española García de los Reyes, cuya propuesta fue objeto de cientos de observaciones.
La titular de esta fiscalía, Carolina Cáceres, ha solicitado para todos los acusados,, una pena privativa de la libertad de 4 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos por 7 años y el pago de una reparación civil de un millón de soles, en forma solidaria. Figuran como autores del delito el alcalde Zegarra y el arquitecto Gustavo Delgado, quien lo formuló; y como cómplices el Presidente y el Director del Impla, Luis Alemán y Francisco Ampuero , así como los regidores de la mayoría , Pedro Quispe, Willy Cano, Fernando Figueroa, Mario Melo, Ricardo Medina. Miguel Mendoza, Otilia Paredes, Daniel Muñoz y Lilia Pauca.
Junto a la demanda, se ha presentado una medida cautelar que ordenaría detener todo proceso derivado del PDM, con el objetivo de cautelar la cmapiña. Así, varios proyectos quedarían paralizados.
PROCEDIMIENTOS
La fiscal recordó que en enero de 2016, hizo una exhortación a los miembros del Concejo Municipal para abstenerse de aprobar el PDM, advirtiendo que se estaban vulnerando procedimientos y normas, entre ellas, el de aprobación de Planes Directores que requiere exponer el documento con una antelación de 30 días y realizar consultas públicas, lo que no se hizo. Incluso los regidores se habrían enterado horas antes de la sesión convocada para la aprobación.
Además se habría cambiado la zonificación a ciertas áreas de usos especiales denominándolas de recreación, por ejemplo, lo que permite su urbanización. Ese es el caso de la zona donde se realizó la ampliación de la Universidad San Pablo y de algunos cambios en la zona de Carmen Alto, en Cayma.
La demanda ha tomado pro sorpresa a los implicados, por lo que aún no se han manifestado. No obstante, en la época en que se aprobó, señalaron que la fiscal toma como nuevo el PDM que presentaron, cuando solo es una adecuación, según las observaciones, al PDM elaborado por García de los Reyes, por lo que no estaban obligados a los procedimientos que se menciona en la demanda.
