El letrado sostiene que en el conflicto por Tía María, en el valle de Tambo, hubo una asociación entre la empresa Southern, el gobierno de entonces , la Policía y algunos fiscales, con el objetivo de criminalizar la protesta.
Herrera es abogado defensor de más de 140 inculpados por las protestas y él mismo ha sido denunciado por favorecer una supuesta Asociación Ilícita para delinquir, con el objetivo de extorsionar a la empresa.
Dice haber probado en el Poder Judicial, varios operativos armados, pruebas falsas y «sembrado» de otras, razón por la que hasta el momento no hay ningún culpable de delitos entre los protestantes contra el proyecto minero en Cocachacra y alrededores.
Aquí la segunda parte de la entrevista
