Aterrizando el tema, tras la desbordante discusión que se ha generado a nivel nacional, la primera lección es que la tentación, viniendo de la formidable Odebrecht u otras gigantes, resultó irresistible para TODOS los que tomaban alguna decisión sobre los fondos públicos, con excepciones contadísimas.
De ese mal de males no estuvieron exentas las autoridades regionales, como puede verse con el cercano caso del cusqueño Acurio Tito. En especial, porque los gobiernos regionales han sido arcas abiertas y viva tentación, aún de los justos. Algo que tenemos que tener muy presente, de aquí en adelante, si queremos salvar el proceso de la descentralización.
La segunda lección aprendida es que la Contraloría es un adorno inútil porque su raro sentido de la oportunidad ni siquiera es estético. Aunque su extraño dinamismo de hoy en día quiera negarlo, su función ha sido nula en los grandes procesos de corrupción a nivel nacional y regional. En Arequipa, su aparatosa y opaca oficina regional de la calle Peral, ciega como un topo, dejó pasar todas las irregularidades de las hoy denunciadas megaobras como el Puente Chilina, la carretera Arequipa La Joya, la Variante de Uchumayo, el INEN Sur, el balneario de Tingo, el palacio metropolitano de Bellas Artes, y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), por mencionar solo las más notorias.
En un reciente encuentro con periodistas latinoamericanos que investigan el megacaso Lava Jato en sus respectivos países, se concluyó que el modus operandi de las empresas brasileñas y su incursión en otros países, obedecía un patrón común a todos los casos de corrupción: sobornos a funcionarios de primer y segundo nivel, consorcios y postulaciones arregladas previamente, multiplicación de los costos originales mediante adendas, escasa o nula supervisión de la calidad, y la intervención de lobistas y publicistas, encargados de la “sensibilización” de las poblaciones afectadas, sobre la importancia de las obras truchas y la imperiosa necesidad de dichas inversiones.
Es ahí cuando recordé cómo se quiso imponer en Arequipa un monorriel brasileño, en sustitución del sistema de buses articulados. Empresarios locales actuando como lobistas, una débil autoridad municipal que no hizo respetar sus fueros y un ejército de troles que invadieron las redes para insultar a expertos y medios que nos opusimos al malhadado proyecto. Cuando el escándalo estalló en Brasil y Queiroz Galvao se reveló como una más de las empresas corruptoras en busca de fondos públicos, los lobistas y los troles callaron, hasta ahora.
Lo común en estos casos de corrupción es la falta de transparencia en las decisiones sobre obras y fondos públicos, la existencia de un coro de defensores de las grandes empresas, en los medios, y nivel empresarial, la complicidad de muchos, las dádivas a políticos y dirigentes, la existencia de todo un andamiaje que facilita el latrocinio del cual se beneficiarán todos sus defensores.
Y es entonces cuando encontré similitudes en el modus operandi de las constructoras brasileñas con otras grandes empresas como Cerro Verde, en Arequipa: cooptando dirigentes y medios de comunicación, autoridades y opinólogos, que por años la acompañaron en su autoritarismo y soberbia, solo para enterarnos luego que eluden sistemáticamente el pago de impuestos y que le han sustraído a Arequipa miles de millones de dólares con la complicidad de algunos arequipeños, que la historia juzgará más adelante.
Por ahora, lo que tenemos que hacer es exigir más transparencia, como ha ocurrido con el caso del aeropuerto de Chincheros, donde se ha conseguido tumbar un negocio millonario, del cual aún no sabemos quiénes eran los beneficiarios ocultos. Y sobre el cual, tarde como siempre, la Contraloría intenta ganarse puntos, como general después de la batalla.
La única contraloría confiable, hoy por hoy, es la propia ciudadanía. Estemos vigilantes.
