“Esta ley consiste en una distribución económica para diferentes entes del Estado. Nosotros queremos que sea más equitativa. Para los procedimientos de subasta pública y venta directa; el 70% va al Tesoro Público, el 15% para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el otro 15% para el Gobierno Regional”, declaró.
“Los procedimientos de subasta pública y venta directa demoran de diez meses a un año”, continuó. Manchego aseguró que junto a la demora del proceso, la retribución que recibe el Gobierno Regional no es beneficiosa.
Comentó que, si bien se ha recibido transferencia de funciones con motivo de la descentralización, que permite a la autoridad regional administrar los bienes del Estado, “no hemos recibido transferencia presupuestal y la implementación de todas las acciones para los actos de disposición y administración de los terrenos”, apuntó.
Explicó que esta medida legislativa busca que el Gobierno Regional pueda implementar mejor las áreas técnicas con las que cuenta. “Hasta la fecha, tenemos una venta (de terreno) concluida y una con opinión técnica favorable”, manifestó. En los tres años de gestión sólo se han realizado dos ventas de predios, expresó. Estos impedimentos legales perjudican y acortan los ingresos que debería tener el GRA.
