Cerro Verde es la mina de cobre más grande del Perú y la segunda en Sudamérica, después de La Escondida, en Chile. En el 2016 produjo más de 500 mil toneladas métricas finas de cobre, con lo que superó a las minas Antamina y Las Bambas. Sin embargo, en 2015 declaró una ganancia neta de 33 millones y al finalizar el 2016, DE 340 millones, lo que implica que el impuesto a la renta que paga y, por tanto, el canon minero que llega a Arequipa ha sufrido un dramático desplome.
Además, Sociedad Minera Cerro Verde, representada por la abogada arequipeña Julia Torreblanca Marmanillo, se niega a pagar regalías y saldos del impuesto a la renta de años pasados, que le reclama Sunat, presentando acciones judiciales en Lima y Arequipa, argumentando un contrato de estabilidad suscrito en la época de Fujimori y destinado a apoyar su primera inversión en la planta de lixiviación.
Desde entonces, en que producía menos de 100 toneladas métricas, ha pasado a producir más de 500, con sucesivas inversiones, siempre protegidas por un contrato de estabilidad. SMCV ha sido la empresa que ha tenido vigente por más tiempo este beneficio extraordinario ideado para atraer inversiones en tiempos de gran depresión económica. Sucesivos contratos, por el lapso de 30 años, le dan una protección especial, de la que no ha gozado ninguna empresa en el país.
SUNAT ha concluido su revisión del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas desde el 2002 al 2010, en las que ha hecho acotaciones por pagos no realizados en esos años que alcanzan la suma de 480 millones de dólares
Paradójicamente, entre el 2005 y 2012, Cerro Verde obtuvo utilidades extraordinarias —con un ratio entre utilidad neto/ingresos totales que varió entre el 37% y 61.7%—, y que sumaron un total de US$ 5,860 millones de utilidades netas, según ha hecho conocer un estudio de la organización de vigilancia, Propuesta Ciudadana.
LOS “AHORROS” DEL PODER
Según los reportes de la empresa ante la Bolsa de Valores de Lima, donde cotiza, y de acuerdo a la investigación realizada por Propuesta Ciudadana, entre el 2004 y 2007, la compañía reinvirtió utilidades en la construcción del Proyecto de Sulfuros Primarios, por un aproximado de US$ 800 millones. De acuerdo a los beneficios establecidos en su contrato, este monto estuvo libre de Impuesto a la Renta, lo que le permitió ahorrar US$ 240 millones en impuestos, e implicó US$ 120 millones menos de canon minero para Arequipa.
Con esa inversión Cerro Verde triplicó su producción al pasar de 90 mil toneladas anuales de 2001 a 2006, a 285 mil toneladas entre 2007 a 2015.
Y a partir de 2016, ha vuelto a duplicar su producción con 522 mil toneladas, gracias a su proyecto de Expansión, también protegido por otro contrato de estabilidad tributaria vigente por 15 años, entre 2014 y 2028, aunque esta vez no tiene.
Otro beneficio del que gozan las compañías mineras es el de la Depreciación Acelerada, que les permitió depreciar sus activos a una tasa anual de 20% lo que, nuevamente, le permite incrementar sus gastas y disminuir sus utilidades. Y, por si fuera poco, existe la doble depreciación que le permite revalorar sus activos y volver a depreciarlos.
REGALANDO REGALÍAS
El pago de regalías mineras es un concepto establecido en 2004 y es un monto porcentual sobre las ventas totales de mineral, al que Cerro Verde se sustrajo amparándose en su primer contrato de estabilidad tributaria, hasta 2013.
Si bien es cierto su primer proyecto de lixiviación estaba protegido, Sunat cree que el proyecto de sulfuros primarios es independiente del primero y no implicó ninguna inversión riesgosa, más bien, se hizo con beneficios tributarios por reinversión de utilidades, por lo que sí está afecto a la regalía minera. El monto que dejó de pagar por este concepto la SMCV, entre fines del 2006 y 2013 en que vence el contrato, ha sido estimado por la propia empresa en 544 millones de dólares. La empresa ha realizado pagos condicionados a devolución equivalentes a un poco más de 104 millones de dólares.
La minera fue requerida a pagar, pero insiste en que ambos proyectos están amparados por su contrato, argumento con el que ha judicializado todos los requerimientos de Sunat y las resoluciones del Tribunal Fiscal que lo confirman. Estas acciones contencioso administrativas se tramitan en la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, planteó una acción de amparo en Arequipa pretendiendo anular las acciones contenciosas, lo que fue rechazado en segunda instancia hace pocos días.
Pero eso no quiere decir que pagará, pues ha anunciado mediante comunicado que seguirá dando batalla judicial para evitar el pago. Con todo, ha realizado pagos condicionados por 80 millones. Eso no ha desanimado a la minera que ha comunicado que continuará litigando y no está dispuesta a pagar lo reclamado por Sunat.
En esa época estuvo vigente el óbolo voluntario, programa mediante el cual SMCV aportó solamente 422 millones de soles, es decir, unos 130 millones de dólares que distribuyó a voluntad a través de la Asociación Civil Cerro Verde. Parte de ese fondo financia la planta de tratamiento de agua La Tomilla II, a pesar que ese fue un ofrecimiento independiente que había hecho la minera años antes ante las protestas por la reducción de canon debido a la reinversión de utilidades.
El pago de estas regalías depende de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, hasta donde ha apelado la minera, luego que un tribunal le diera razón a Sunat.
OTRAS ELUSIONES
De otro lado, SMCV ha informado que sus declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2012 al 2016 y el Impuesto General a las Ventas del período comprendido entre los años 2012 al 2016 serían fiscalizadas por las Autoridades Tributarias. También informó que SUNAT ha concluido su revisión del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas desde el 2002 al 2010, en las que ha hecho acotaciones por pagos no realizados en esos años que alcanzan la suma de 480 millones de dólares.
Si consideramos este último concepto y lo sumamos a lo que se dejó de pagar en regalías (544) y lo que se sabe con certeza por reinversión de utilidades (240), serían cerca de 1 300 millones de dólares que, de ser pagados, solucionarían buena parte de los problemas de Arequipa, la ciudad que tienen a menos de 30 kilómetros del campamento, pero que sólo recibe dádivas y un trato despectivo de parte de estos empresarios.
Pero hay más. El ciudadano Dante Martínez sostiene que el contrato de estabilidad quedó resuelto cuando la empresa Cyprus fue absorbida por Phelp Dodge y ésta, a su vez, por Free Port Moran, lo que el contrato prohibía hacer de forma unilateral. En ese supuesto, si sumamos todos los beneficios que obtuvo por la vigencia de este contrato, la suma alcanza los 2,500 millones de dólares. No hay duda que los arequipeños somos mendigos sentados en un banco de cobre, que otros explotan sin compartir.