Congresista Aramayo acusa a Yamila Osorio de ser “la gobernadora de PPK”

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Las redes sociales se han convertido en campo de batalla entre la gobernadora  regional,  Yamila Osorio, y la congresista Alejandra Aramayo. Fue a raíz de un comentario de la parlamentaria, en el cual acusaba a la autoridad regional de pretender suspender la evaluación docente. También, de haber llegado a un acuerdo con los maestros para presentar un proyecto de ley en ese sentido.

Alejandra Aramayo y Yamila Osorio enfrentadas.

Alejandra Aramayo y Yamila Osorio enfrentadas.

Ante esa declaración en el pleno del congreso, Yamila Osorio publicó un tweet señalando: “No mienta congresista Aramayo. No he presentado ningún proyecto de ley para evitar la evaluación de los maestros”.

La parlamentaria reaccionó enérgica ante el tweet de la Gobernadora, presentando el documento en cuestión a la prensa.

“Tengo que tener mucha calma para responder, porque es autoridad, pero representa al gobierno de PPK y eso le hace mal”. Anunció que ella no iba a “poner sus buenos oficios para lograr la aprobación de la modificatoria de Ley de la Reforma Magisterial, porque todo el país quiere evaluación al docente”.

DENUNCIA  POR DIFAMACIÓN

Aramayo sostuvo que podría realizar una denuncia por difamación, pero que  no lo hará por falta de tiempo. “Por esta vez lo paso por alto, pero que pida disculpas (…) ella es dañina con lo que hace. Lamento que no sepa lo que firma y que sea malcriada. Que deje de ser la gobernadora de PPK”, dijo.  También sugirió a Osorio que no se involucre en problemas nacionales, y que le de prioridad a la región.

En el supuesto documento presentado por Osorio en el despacho de congresista, el pasado 11 de agosto, le pide a Aramayo que ponga sus buenos oficios. Se trata de lograr la aprobación del Acuerdo Regional N°070-2017 que busca se suspendan los artículos 44, 45, 46, y 47 del Decreto Supremo Nro. 05-2017-Minedu. Los artículos en mención están ligados, en su totalidad, al examen docente.

Ante esta situación, la gobernadora regional, a través de su programa radial indicó que jamás presentó dicha iniciativa. Al parecer, el documento es un acuerdo del Consejo Regional que ella cumple con remitir al Congreso.

“No tengo facultades para presentar iniciativas legislativas. Lo que se ha remitido es el acuerdo del Consejo Regional para que haya capacitación, previa a la evaluación. No tengo ni decisión ni votación; así, es poco serio que se acuse a la gobernadora de proponer iniciativas”, declaró.

Esta no es la primera vez que ambas figuras políticas se enfrentan.

2 respuestas a “Congresista Aramayo acusa a Yamila Osorio de ser “la gobernadora de PPK””

  1. Avatar carlos guzman dice:

    LAS DOS SON UN PAR DE INUTILES ESO NOS PASA POR ELEGIR GOBERNANTES QUE SE DICEN GABINETE DE LUJO Y AHORA SOMOS GOBERNADOS POR UN ANCIANO QUE SOLO LE INTERESA VENDER EL PERU A SUS SOCIOS CHILENOS Y QUE SUS AYAYEROS GOBIERNEN EL PAIS, A SUS ANCHAS, URGENTE CAMBIO DE PRESIDENTE Y NUEVOS CONGRESISTAS, NECESITAMOS GOBERNATES NO CORRUPTOS CAMBIO TOTAL DEL PODER JUDICIAL ,UN NUEVO LIDER NI DE DERECHA NI DE IZQUIERDA TIENE QUE SER UNO DE CENTRO CON GENTE HONESTA QUE QUIERA AL PERU SIN ROBARNOS A NOSOTROS MISMOS

  2. Avatar Francisco dice:

    OPERACIÓN LAVA JATO ODEBRECHT LA PELÍCULA TRAILER SEPTIEMBRE 2017.

    Estas son las Verdaderas Noticias que nos ocultan y no quieren que todos nosotros estemos Informados. A continuación vean siguiente video trailer cualquier parecido es pura coincidencia.
    Luego de ver Video trailer reflexiona y hagamos algo para cambiar a una Nueva Sociedad. Importante Aporte Cultural para un verdadero Cambio.
    Mostramos tambien el siguiente fragmento del diario la nación donde da a conocer realmente al detalle esta dificil situación. Fuente: lanacionperu.com
    Usted vea la otra cara de la noticia. Favor de reenviar este email se agradece. Fuente Cortesía Canal YouTube Tiempo26.com

    Operación Lava Jato Odebrecht La Película Trailer.

    Basada en el caso de corrupción más grande de América Latina, “Policía Federal, la ley es para todos”, recrea la operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción y lavado de dinero en la historia brasileña.
    “La Ley es para todos” se estrenó en cerca de mil salas de cine de todo el país, de acuerdo con los productores de la película, lo que explica su buen desempeño.
    Asimismo, el largometraje basado en Lava Jato cuenta con actores de talla mundial, como Antonio Calloni y Flavia Alessandra, y trata un tema coyuntural.
    Por otro lado, la producción adelantó que esta será la primera parte de una saga de al menos tres filmes vinculados al caso.

    Polícia Federal – A Lei é Para Todos [Trailer Oficial]
    https://youtu.be/WdgD4g-JfFA

    EMBARGUEN A ODEBRECHT

    *INCREÍBLE, GOBIERNO, PPK Y MINISTRA DE JUSTICIA PERMITEN QUE ODEBRECHT VENDA CONCESIONES Y PROYECTOS Y HASTA LA FECHA NO HAN SOLICITADO EMBARGOS

    *FISCALÍA Y PROCURADURÍA DEBEN DEFENDER DERECHOS Y PATRIMONIO DE PERUANOS QUE FUERON ROBADOS POR ODEBRECHT EN COMPLICIDAD CON LOS GOBIERNOS DE TOLEDO, ALAN GARCÍA, HUMALA Y FUJIMORI
    *HASTA LA FECHA EL GERENTE DE ODEBRECHT NO HA SIDO DENUNCIADO POR LA FISCALÍA NI TIENE PROCESO

    El clamor en el país es proceder al embargo de Odebrecht para recuperar el patrimonio de millones de peruanos que fueron robados por esta corrupta trasnacional brasileña en complicidad con los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Alberto Fujimori y se impone que la fiscalía y la procuraduría actúen ya para defender los derechos del estado peruano pues hasta la fecha el ex representante de Odebrecht, Jorge Barata, no ha sido ni denunciado por la fiscalía ni tiene proceso alguno, ni embargo a sus bienes ni nada, en comparación con lo que ocurre con un simple ciudadano cuando comete el más mínimo delito contra el estado.
    Por todo esto, resulta increíble que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, permiten que Odebrecht venda concesiones y proyectos, como el lunes ocurrió con Olmos en Lambayeque, y hasta la fecha no han solicitado embargo alguno
    Como se recuerda, en noviembre pasado, Odebrecht confesó a la justicia de Estados Unidos que entre 2005 y 2014 pagó 29 millones de dólares a funcionarios de distintos gobierno para obtener licitaciones de obras públicas en Perú.
    Tal como lo había denunciado la ex procuradora Katherine Ampuero, antes de ser echada por el gobierno que se puso la camiseta de Odebrecht, la Fiscalía solo investiga a 2 de las 54 empresas del consorcio Odebrecht y eso impide que sean comprendidas como sujetos pasivos de una acción penal que permita dictar medidas como la desaparición de documentos y la venta de sus activos.
    “[Estas] han obtenido la buena pro de megaproyectos en base al pago de coimas, donde no solo Odebrecht se ha visto beneficiada, sino todas las empresas que han conformado consorcios con esta empresa brasilera. A partir de ahí, estamos viendo que el Ministerio Público no está incluyendo en calidad de investigadas ni a la empresa Odebrecht ni tampoco a las otras empresas peruanas que han sido beneficiadas”, subrayó Ampuero en una valiente declaración que sustentó con pruebas la cual le costó el cargo.
    “No están como sujetos pasivos de la acción penal. El único proceso judicializado es donde está dos de las 54 empresas que conforman el grupo económico Odebrecht, solo dos están en un proceso en calidad de tercero civil y a pedido de la Procuraduría, y el resto no”, puntualizó entonces.
    Ampuero Meza había subrayado que detrás de los megaproyectos se puede observar que se han cometido hechos ilícitos, pero cuestionó el hecho de que no se haya incluido a las compañías que integran el consorcio. Refirió que no conocen cuál es el tenor del acuerdo entre la Fiscalía de Perú y la constructora brasilera.

    CON LA CAMISETA DE ODEBRECHT
    No era una semana cualquiera. Ampuero, había programado una reunión con los representantes de Odebrecht para informarles cuál sería el monto de la reparación económica por los perjuicios económicos generados al Perú con el pago de sobornos a cambio de la ejecución de proyectos millonarios. Pero la cita no se concretó. La compañía envió una carta informando que no podía asistir, asegura Ampuero. Sin embargo, traería otras novedades en vivo y en directo: la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó la salida de la procuradora Ampuero y de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe.
    Pérez Tello explicó entonces que “perdió la confianza” en el trabajo de Ampuero por decisiones tomadas sobre el proyecto de irrigación Olmos que ayer obtuvo luz verde para ser vendida por Odebrecht. Ella fue la procuradora que solicitó ante el Poder Judicial que se prohíba a cualquier representante de Odebrecht transferir acciones de sus concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A. con el propósito de que el Estado pueda asegurar el cobro de una reparación civil por los hechos ilícitos.
    Katherine Ampuero tenía otras cifras que mostrar en la frustrada reunión con Odebrecht: una reparación civil a favor del Estado que superaría los mil millones de soles por los sobornos relacionados a cuatro obras. Para Ampuero era insuficiente el decreto de urgencia 003-2017 que aprobó el Ejecutivo para que empresas condenadas por actos de corrupción o que admitan haberlos cometido contra el Estado, en forma directa o en consorcio, no puedan vender sus bienes o transferir al extranjero sus ganancias o utilidades. La medida estaba vigente solo hasta febrero de 2018, denunció Príncipe. Con eso se corría el riesgo que Odebrecht pueda vender todos sus activos sin pagar la reparación civil al Estado, aseguró la saliente procuradora. Y los hechos hoy le dan la razón.
    El 6 de julio, el juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de Ampuero, quien asegura que esto permitía “que cualquier acreedor de Odebrecht pida un préstamo o de como garantía las acciones de Olmos”. En respuesta, la empresa difundió un comunicado para informar que dicha medida bloqueaba la posibilidad de vender las obras del proyecto y con ello “los flujos necesarios para recuperar la cadena de pago y proceder al pago de la reparación civil al Estado”.
    Por esos días, Ampuero asegura que tuvo una reunión con los representantes de la empresa en la que le manifestaron que podían asumir el pago de una reparación de 60 millones de dólares. “Era una suma irrisoria por todos los hechos ilícitos que han cometido, supuestamente el doble de la coima pagada en Perú”, señala en entrevista.
    Katherine Ampuero tenía otras cifras que mostrar en la frustrada reunión con Odebrecht: una reparación civil a favor del Estado que, según indicó a este medio luego de conocerse su salida de la Procuraduría, supera “los mil millones de soles” por los sobornos relacionados solo a la carretera Interoceánica, Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento del Cusco. “Mi trabajo ha incomodado mucho a algunas personas”, aseguró Ampuero.
    Y recién el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró improcedente el pedido de prescripción por tráfico de influencias solicitada por Jorge Barata, ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú, que es investigado por pago de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo. El Poder Judicial informó que Ricardo Manrique tomó esta decisión al considerar que el delito que se atribuye a Barata no ha sido delimitado por la Fiscalía en forma adecuada.
    La resolución de Manrique señala que, ante tal situación, “no es posible” —por parte de su despacho— “emitir un pronunciamiento de fondo” sobre este caso “en aras de proferir una decisión y adecuada a un debido proceso”.
    ?La defensa legal del ex ejecutivo brasileño había demandado, en audiencia previa, declarar fundada su solicitud al señalar que el ilícito por tráfico de influencias habría prescrito en el 2010, cuando supuestamente la firma Odebrecht acordó pagar $20 millones a Toledo a cambio de ganar la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

    NO HAY EMBARGO
    Pero ayer el Poder Judicial levantó el impedimento de venta del millonario proyecto norteño de Olmos, medida que dará luz verde a Odebrecht para que lo venda a otra trasnacional y proceda a llevarse todo el dinero, burlándose otra vez del país.
    La empresa brasileña Odebrecht podrá vender los activos que posee en las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A., a cargo de las operaciones del proyecto Olmos ya que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial (PJ) revocó una prohibición que impedía a la constructora vender su proyecto de irrigación en Lambayeque a un consorcio integrado por la canadiense Brookfield y la francesa Suez.
    El impedimento, ordenado por la procuradora del Estado Katherine Ampuero —que fue despedida en julio—, había detenido la operación acordada en noviembre entre Odebrecht, Brookfield y Suez.
    En dicho mes, Ampuero solicitó una orden que impedía a la firma la venta de acciones en Olmos. La solicitud fue admitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del PJ.
    Odebrecht busca deshacerse de algunos activos en Perú para afrontar el pago de reparaciones civiles por un escándalo de corrupción y obligaciones con sus acreedores.
    En la resolución publicada por el Poder Judicial, la Sala señala que la medida que prohibió la venta de activos a Odebrecht “no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil”. De mantenerse, apunta que esta “generaría como consecuencia desacelerar las inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la cadena de pagos”.
    La revocación de la medida dispuesta en julio pasado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue solicitada por la defensa legal de la firma brasileña, así como por la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht a cargo de Jorge Ramírez Ramírez.
    Según la sentencia, el colegiado sostiene que la medida de inhibición para este caso concreto, no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil y que de mantenerse, generaría como consecuencia desacelerar las inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la cadena de pagos.
    El fallo en primera instancia soslayó las consecuencias colaterales negativas de orden económico y social para el país, además de colisionar con el artículo 58 de la Constitución. Durante la audiencia, realizada en agosto pasado, las partes coincidieron en recalcar que lo dictado en primera instancia perjudica el pago de la reparación civil a favor del Estado por parte de Odebrecht, empresa investigada en nuestro país por actos de corrupción en la licitación de obras públicas.

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