¿Cómo participó Guillén en los 74 contratos directos por los que está enjuiciado?

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La intervención de Juan Manuel Guillén en el sistema de contrataciones directas, diseñado por el exgerente regional, Jorge Luis Aguilar, fue explicada por el auditor Enver Chahuayo Medina. El especialista fue citado como testigo en juicio oral seguido contra el expresidente regional y siete exfuncionarios de su gestión.

Chahuayo tomó parte en la elaboración de la Carpeta de Control N° 032-2014, que fue utilizada por el Ministerio Público para presentar la acusación por negociación incompatible contra los acusados. El documento consiste de una recolección y registro de hechos e irregularidades evidenciadas por Contraloría.

Conforme a lo relatado por el auditor, Guillén no habría puesto freno al sistema de contrataciones directas ideado por Aguilar. Manifestó que el expresidente regional solo se limitó a pedir la suspensión del régimen.

Asimismo, como máxima autoridad del Gobierno Regional, no habría propuesto ninguna medida correctiva para evitar estas irregularidades. Tampoco habría solicitado investigación alguna. Chahuayo recalcó que el accionar del acusado al frente del GRA fue “ausente”.

Por otra parte, aclaró que la Contraloría respeta la relevancia que la Fiscalía haya atribuida a la carpeta de control.

GUILLÉN LO NIEGA TODO

Al concluir la audiencia, Juan Manuel Guillén negó enfáticamente lo declarado por el auditor. Recalcó que él envió un oficio directo a Jorge Luis Aguilar, exigiéndole que se abstenga de continuar con la modalidad.

“En la comunicación que yo envíe dice claramente que se abstenga de llevar a cabo o realizar los contratos directos. No que se suspenda temporalmente. Está mintiendo el perito cuando dice que yo ordené que suspenda temporalmente. Eso no dije. Dije claramente absténgase de efectuar contratos directos”.

Además negó el perjuicio de 38 millones de soles que le atribuye la Contraloría. Se mostró extrañado porque se considere como perjuicio el monto total del contrato.

En su defensa, Guillén argumentó que no hay montos concretos de perjuicio. Incidió en que Contraloría no detectó ni sobrevaloraciones ni beneficios personales en sus pesquisas. Adicionalmente, aseguró que los funcionarios no buscaron enriquecerse con los contratos directos.

INFIRIENDO

Durante las intervenciones de los abogados defensores se infirió que la elaboración de la carpeta de control fue en el marco de un sistema de incentivos por productividad. Programa que estuvo vigente en el año 2014, cuando se elaboró el documento.

El auditor negó en todo momento conocer de este programa de incentivos. No obstante, reconoció saber que si se les abona un adicional por temas de productividad, aunque no supo responder el concepto.

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