Miguel Ocharán: GRA no entregó canon a UNSA por crisis mundial

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El Gobierno Regional de Arequipa no transfirió el canon a la Universidad de San Agustín (Unsa) por temor a la crisis mundial. Así lo expresó en juicio Miguel Ocharán, exasesor del expresidente regional, Juan Manuel Guillén. De esta manera trató de deslindar responsabilidades en el proceso penal por presunta malversación de fondos. Entre los involucrados está también Guillén Benavides y otros exfuncionarios.

“Había vientos de que iba ver cortes presupuestales. En el 2008 había una seria crisis económica mundial y ésta golpeaba al país. Además había poca predictibilidad de los recursos. Había anuncios de que iba realizarse más recortes”, afirmó.

Agregó que la Unsa solo gastó 13 millones, de los 41 millones que se le habían transferido entre el 2007 y el 2009. Asimismo, para el entonces jefe de Planeamiento y Presupuesto del GRA, la universidad no tenía necesidad de dinero y tampoco tenía un gasto efectivo del canon. Estas evaluaciones hicieron que el GRA retuviera dicho recurso.

Sin embargo, para la Fiscalía el monto sí representa un perjuicio para la universidad, puesto que habría evitado que se realicen obras en el campus y laboratorios. Además, en el 2010, el GRA tampoco transfirió nada de dinero a la Unsa y este monto sirvió para financiar Majes Siguas II.

Cabe mencionar que Miguel Ocharán Pichu fue uno de los pocos acusados que ha preferido declarar en juicio. El segundo en pasar al banquillo será el exgerente general Jorge Luis Aguilar Gallegos, quien contestará por las 73 contrataciones directas. El Juzgado Unipersonal de Paucarpata ha fijado audiencia para el próximo 29 de enero.

Fiscalía pide 3 años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 3 años de prisión para Guillén Benavides, Miguel Ocharán,  Eliana Vargas Paz y Víctor Hugo Quispe Rodríguez. Además se ha solicitado la inhabilitación de los acusados para ejercer cualquier cargo público en proporción a la condena.

Cabe precisar que este proceso se lleva de manera conjunta con el caso de contrataciones directas. La jueza Rosmery Quiroz, quien atiende el proceso, ha señalado que la sentencia saldrá antes de febrero. Esto sucederá una vez que se expongan los alegatos finales del complejo proceso.

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