Los asesinatos de líderes indígenas y la impunidad

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Nuevamente una noticia de un asesinato de una lideresa indígena nos interpela. Olivia Arévalo, lideresa shipibo-konibo, ha sido asesinada de cinco balazos y su cuerpo fue encontrado en la comunidad de Victoria Gracia, a 20 minutos de la localidad de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali.

Olivia Arévalo era una incansable defensora de los derechos culturales de su pueblo y una reconocida lideresa de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes. Si bien hasta el momento se desconocen los motivos de este crimen, este hecho nos recuerda otros casos de líderes indígenas y defensores ambientales asesinados.
Por ejemplo, ya han pasado 4 años y el asesinato de Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, cuatro líderes asháninkas que luchaban contra mafias de taladores ilegales, sigue impune. Peor aún, los sospechosos del crimen han sido liberados y se denuncia que la justicia peruana pretende archivar el caso.
Como se recuerda, Edwin Chota y sus hermanos asháninkas, se habían enfrentado a las mafias de taladores ilegales que operan al noroeste del Complejo de Conservación del Purús. Desde el año 2002, venían denunciando, en todas las instancias posibles, a los taladores ilegales que venía depredando las tierras comunales, sin obtener ninguna respuesta. Fueron acribillados cerca de la frontera con Brasil.
Lo cierto es que un conjunto de actividades ilegales, entre las que destacan la tala indiscriminada de diferentes especies de madera, la minería, principalmente aurífera, el narcotráfico y las mafias de traficantes de tierras, vienen avanzando y buscan imponerse de manera violenta en los territorios, frente a la inacción e indiferencia de nuestras autoridades.
Lamentablemente, la lista de activistas ambientales y autoridades locales asesinados en nuestro país no cesa de aumentar: según el reporte de Goblal Witness, el año 2015 el Perú ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a líderes ambientales asesinados y el año 2016 el décimo tercer lugar: la gran mayoría de líderes asesinados pertenecen a comunidades indígenas. En la última década son cerca de 280 personas fallecidas y más de 4,600 heridas en conflictos de índole ambiental.
Lo peor de todo para estas poblaciones es la indiferencia de las autoridades. Los representantes del Ministerio del Ambiente, del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o del Ministerio del Interior, no llegan  a estos territorios. Lo mismo que ocurre en Saweto (Ucayali), también pasa en Tambopata (Madre de Dios), Chaparrí (Lambayeque) y otras zonas del país donde las mafias se vienen imponiendo de manera violenta. Diversas actividades ilícitas han crecido y controlan cada vez una mayor porción de territorios en varias regiones del país y aparte de la violencia que implantan, los impactos en el deterioro ambiental y la depredación de bienes naturales son cada vez más importantes.
Los defensores ambientales, las comunidades y los pueblos indígenas son aliados para enfrentar esta serie de amenazas de actividades ilegales cada vez más violentas. El Estado debería dejar de tratarlas como un obstáculo.
Si no se reacciona a tiempo, el riesgo es enorme. La primera tarea es que todos estos crímenes sean esclarecidos y que los culpables sean drásticamente sancionados.

 

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