Omar Candia: ¿Cuál es la imputación que hace la Fiscalía en el caso de las cámaras de seguridad?

Destacados Noticias Avatar

Por meses, el alcalde de Alto Selva Alegre, Omar Candia, ha tenido que afrontar un largo y complejo proceso penal. La presunta adquisición irregular de 40 cámaras de seguridad lo obligó a concurrir a los juzgados.

Sin embargo, hasta ahora no se conocía claramente la imputación concreta por el  que se le acusa al burgomaestre del delito de colusión. La pena que ha pedido el Ministerio Público para él es de 10 años de cárcel efectiva y la inhabilitación para ejercer un cargo público.

La autoridad edil tiene grandes aspiraciones para esta próxima elección, con su casi segura postulación como alcalde provincial. Sin duda, este proceso podría poner en riesgo esta pretensión.

En tanto, el proceso penal está a puertas de cerrarse y pasar a la lectura de sentencia. Se prevé que esto ocurra a finales de mayo o principios de junio.

Cómo surge el problema

El 6 de noviembre de 2012, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre inauguró la central de videovigilancia con 40 cámaras. El proyecto tuvo un valor total de 2 millones 346 mil 940 soles.

Pero al poco tiempo, la Contraloría General de la República realizó observaciones a este “moderno sistema”. Una de ellas fue el direccionamiento hacia la empresa ganadora, consorcio Soluciones Andinas, integrada por Soluciones del Perú S.A. y Technology Leader SAC. Asimismo, se puso en cuestión la contratación del consultor del proyecto, Sandro Martínez Sardón, quien no reunía el perfil profesional requerido.

De acuerdo a la acusación fiscal, el alcalde y sus funcionarios  se habrían coludido para direccionar la compra de las 40 cámaras de seguridad. El beneficiado, fue el consorcio ganador de la Buena Pro. Los acusados  habrían intervenido desde los preparativos de las compras. Incluso realizaron cambios internos en las áreas de contrataciones y ejecuciones presupuestales, para direccionar la compra.

Imputación

Para el Ministerio Público, la conducta del alcalde generó perjuicio a la comuna y las especificó de la siguiente manera:

El alcalde no tomó en cuenta el informe del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) que le pedía declarar nulo el segundo proceso de licitación. Esto, porque la empresa Electric Internacional Security S.A. formuló una denuncia al  no integrarse sus observaciones a las bases del concurso.

El burgomaestre no tomó ninguna acción al conocerse que el consorcio incumplió el contrato. Según la Fiscalía, la empresa había decidido cambiar las especificaciones del contrato, después de ganar la licitación. En concreto, decidió modificar el sistema de comunicación, de una transmisión radial, a enlace por fibra óptica.

Omar Candia permitió también que el consorcio ganador presente una carta fianza de la empresa Peru Soluciones SAC, Mientras que  en el contrato se establece que se trata de un consorcio. Asimismo, aceptó que la empresa cobre montos que exigía como adelanto, sin observar esta irregularidad en la forma de pago.

LA DEFENSA

Según la defensa del burgomaestre, estas acusaciones carecen de sustento, debido a que él no dirigió el proceso de licitación. Asimismo, ha señalado que el proyecto no causó ningún perjuicio puesto que se encuentra liquidado y en operaciones.

Además de Omar Candia, están procesados los funcionarios Juan Lipe Lizarraga, Reynaldo Díaz Chilo y Daniel Gómez Benavente. Se incluyó también al representante del consorcio José Luis Ríos Sánchez y al consultor del proyecto Sandro Martínez Sardón.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

SUSCRIBIRSE