Con suerte podría entregar solo la variante de Uchumayo

¿Cuál será el legado de Yamila al terminar su periodo en el GRA?

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El tiempo está a punto de acabar para el gobierno de Yamila Osorio. La primera mujer en gobernar Arequipa despertó una enorme expectativa por la promesa de renovación juvenil que significaba. No obstante, hasta ahora no ha podido culminar ninguna de las obras emblemáticas que prometió. ¿Mala suerte, complot, falta de equipo o falta de transparencia en su gestión, como algunos técnicos y especialistas señalan?

Su llegada al Gobierno Regional de Arequipa despertó el interés de la política nacional al ser la única mujer en ocupar este cargo. La joven abogada Yamila Osorio había logrado, a los 28 años, convertirse en gobernadora de la segunda ciudad más importante del país. Una victoria que parecía algo improbable antes de la contienda electoral.

Con un discurso cargado de un mensaje de renovación y cambio, Yamila Osorio, buscaba representar el rostro de una política moderna y eficiente, diferenciándose de aquella aletargada y entumecida.

Para perpetuar el éxito de su gestión y ser recordada en el tiempo se trazó la meta de ejecutar proyectos que habían sido una piedra en el zapato de sus antecesores, incluso algunos parecían ya impensados.  Su gran deseo y meta eran entregar concluidos o con avance Majes Siguas II, la Variante de Uchumayo y la autopista Arequipa La Joya.

Sin embargo, estos proyectos han caído en dilaciones, observaciones de parte de la Contraloría de la República y legisladores, además de sufrir las repercusiones de la trama de corrupción del caso Odebrecht. Justamente este retraso en la ejecución se ha convertido en un problema de magnitud para este gobierno que podría irse sin ninguna obra emblemática.

Majes Siguas II paralizado

Majes Siguas II era la obra que habría puesto a Yamila Osorio en la historia de Arequipa. Había logrado destrabarlo y ponerlo en marcha. Eso se creía. Pero el proyecto Majes Siguas II actualmente está paralizado. Aunque, el gobierno regional no quiera reconocerlo.

Con la operatividad de la tuneladora, bautizada en su honor como “La Gobernadora”, se pretendía ejecutar una de las obras mayores del proyecto: la construcción del túnel Trasandino de 15 kilómetros que permitiría trasvasar el agua del río Apurímac y llevarlo hasta las pampas de Majes.

Fue en noviembre de 2017, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski realizaba el acto inaugural del inicio de obras con el encendido de la gigantesca máquina traída desde China. Lo acompañaba, sonriente y orgullosa, Yamila Osorio, quien no dudaba en resaltar este proyecto y, además, prometer que al término de su gestión se entregaría un avance del 30%.

Pomposa ceremonia de reinicio de obras, con Kuczynski. Poco tiempo después las obras quedaron paralizadas.

Majes Siguas II está considerada como la irrigación agrícola más grande del sur, al generar 38 mil 500 hectáreas de cultivo. La segunda más grande del país después de la irrigación Chavimochic (157 mil hectáreas).

Su ejecución está prevista en dos fases. La primera constituye la construcción del túnel, represa de Angostura, la derivación Pucará – Colca y el suministro de energía SE Callalli. Una segunda fase será la ejecución de la bocatoma Lluclla, conducción del canal o tubería y los reservorios. En complemento a esta obra se agregaba un componente que consistía en la construcción de las centrales hidroeléctricas, Lluta y Lluclla.

A las pocas semanas de la inauguración, el gerente general José Luis Rodríguez anunciaba una suspensión de los trabajos por causa de las intensas lluvias que impedirían los trabajos en el campamento, en Tisco- Caylloma. Así también, añadía que la reanudación de la obra sería en febrero. Pero eso no ocurrió. ¿Qué ha sucedido entonces?

Se ha dicho que la gigantesca máquina no puede comenzar con los trabajos porque aún no está completamente armada y le faltarían algunas piezas. El congresista Justiniano Apaza, quien hizo la difusión de este hecho, ha señalado que pedirá al Congreso conformar una comisión para que investigue el proyecto.

Bajo la óptica del ingeniero Ronald Fernández, exgerente de Autodema, no puede hablarse de retraso mientras no se conozca con certeza el cronograma de obras. Para el especialista existe un problema de transparencia e información del proyecto. Despierta muchas suspicacias que no se conozca el plazo de ejecución, los contratos y quiénes son los funcionarios que velan por el proyecto.

“La corrupción se empieza a establecer cuando se oculta cosas, pero cuando hay total transparencia, tengo menores niveles de corrupción. El tema de la corrupción en estos proyectos han sido las adendas que incrementan el precio de los proyectos. Ponerlo a los ojos de la sociedad y de los colegios profesionales ayuda a tener una mejor visión de lo que ocurre”.

Otro tema que también llama su interés es que aún no está asegurado el financiamiento del proyecto. Cuando Yamila Osorio firmó el contrato, en el 2015, se había establecido que la obra se haría bajo la modalidad de Asociación Público – Privada.

El valor de la inversión ascendía a US$550’401,572 millones. El Gobierno Regional aportaba US$ US$ 78’417,384 mediante fideicomiso en el Banco de la Nación, más US$ 203’862,616 del Gobierno Nacional, tras acceder a un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Por su parte, el concesionario Angostura Siguas aportaría US$ 268’121,572 millones para la segunda fase del proyecto. Según Fernández, esto debía ocurrir un año después de firmarse el contrato.

Pero también, en los últimos dos últimos años el concesionario ha presentado modificaciones al proyecto, lo cual está permitido en la cláusula 1.18 Texto Único Ordenado del contrato. Por resolución R.G.E. N°187-2016-GRA, se aprobaron cuatro modificaciones a la primera y segunda fase del proyecto, que están relacionados al sistema hidráulico. Una quinta modificación relacionada al cambio del sistema de riego fue rechazada. Con ello se habría elevado el costo por encima de los 900 millones. Osorio insiste en que solo autorizará 107 millones de incremento, pero la concesionaria ha solicitado que el gobierno central asuma el costo por 110 millones de soles.

El pedido está siendo evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero los congresistas de Arequipa, liderados por Justiniano Apaza, han solicitado al presidente de la República, Martin Vizcarra, no autorizar este cambio de modelo tecnológico y, más bien, utilizar esos recursos para reparar los túneles y canales de la primera etapa del proyecto.

Apaza señala que, de darse el cambio en el sistema de riego, podría encarecer el proyecto y elevar el costo de las parcelas, hoy fijadas a US$5,500 por hectárea, así como el precio del agua, cuya tarifa es de US$ 85O por hectárea al año. Lo real es que los trabajos están detenidos, a estas alturas del año y aún no queda claro el futuro de este proyecto.

Variante de Uchumayo con retraso

La Variante de Uchumayo ha sido la obra por la que más críticas le han llovido a Yamila Osorio. Desde la Contraloría, pasando por los congresistas, transportistas, obreros y hasta los ciudadanos, han criticado su demora. Y es que la obra ha sido un dolor de cabeza por el embotellamiento que se genera en esta vía principal de acceso a la Ciudad Blanca.

El proyecto se ideó en la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides. Comprendía hacer una intervención en los 5.2 kilómetros de carretera, entre puente San Isidro y Vía de Evitamiento. La vía pasaría a tener ocho carriles, dos intercambios viales y tres puentes. El primer tramo se culminó a pocos días de culminada la gestión de Guillén y demoró 13 meses.

Aunque la obra se consideró innecesariamente ostentosa, Yamila Osorio decidió continuarla y culminar el tramo II y III de la carretera, con el apoyo del gobierno nacional. Sin embargo, no pudo hacerse inmediatamente, porque los expedientes estaban incompletos y mal diseñados. También surgieron inconvenientes con los predios que estaban dentro del esquema del proyecto y que no habían sido expropiados completamente.

Una vez superadas esas trabas se empezaron las obras. La buena pro del tramo III fue otorgada a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), cuestionada también por haber estado consorciada con Odebrecht. Los trabajos demandarían un plazo de 11 meses a un costo de S/119 millones. Sin embargo, el retraso era evidente, la empresa se vio envuelta en problemas judiciales y perdió liquidez. El gobierno regional decidió resolver el contrato porque la obra había quedado abandonada.

“Obviamente resolver un contrato fue difícil. Había bajado el ritmo de ejecución, no había el residente, faltaba materiales, debía a proveedores y trabajadores. El plazo contractual culminaba el 2 de febrero. Si continuaba así, la culminación iba ser en julio”. De esta manera explicaba el gerente la decisión de anular el contrato.

El gobierno regional decidió culminar el proyecto por administración directa y acudió a la minera Southern para obtener los materiales que necesitaban para terminar el proyecto. También ejecutó las cartas de fianza del contrato para recuperar S/34.38 millones para la obra.

En opinión del ingeniero civil, Luis Becerra Stock, coordinador del Programa Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Pablo, la decisión del GRA no fue la más acertada, pues la experiencia demuestra que las entidades públicas demoran en ejecutar obras.

Cabe mencionar que la respuesta de la constructora fue negar que haya existido un abandono de la obra por parte del residente. También hicieron acotación de que la obra sí contaba con la dirección técnica respectiva. Ya solicitó un arbitraje.

El gobierno regional se prepara para afrontar un proceso arbitral y no formar parte de esa estadística en la que el Estado gana solo el 24.8% de los arbitrajes en los que es demandado.

Por otro lado, constantes visitas de la Contraloría, promovidas por la congresista Alejandra Aramayo, encontraron diversas observaciones en la obra, además del evidente retraso.

Por último, el gerente general ha dicho que entregarán la obra culminada al 100% en agosto próximo, lo que comprende tanto el tramo II y III. Asimismo, antes de que concluya la gestión, harán entrega del expediente del VI tramo que corresponderá una ampliación del puente San Isidro a ocho carriles.

Vía Arequipa – La Joya incierto

Este espinoso proyecto también volvió a reactivarse durante la gestión de Yamila Osorio. En el 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas lo había declarado inviable tras destaparse una presunta colusión entre funcionarios de Juan Manuel Guillén y las contratistas Clothos y Epypsa.

Puente en la vía Arequipa – La Joya, uno de los componentes que más problemas ha traído al proyecto, sigue con observaciones.

En setiembre de 2017, se firmó el contrato con el consorcio La Joya II, conformada por la empresa italiana Pizzaroti y la peruana Eralma, para la construcción del puente de la autopista Arequipa – La Joya.  Luego de un mes del acuerdo, los trabajos no arrancaban. Otra obra de Yamila caía en retraso. La empresa no podía empezar las labores porque no se había seleccionado aún a la empresa supervisora.

Al respecto, el gerente general  manifestó que la obra no ha tenido interrupciones desde octubre e incluso plantean reprogramaciones en los plazos para que la obra sea entregada al término de la gestión. Cabe mencionar que la obra tiene un plazo de ejecución de 17 meses y representa una inversión de S/ 107 millones.

Pero aún faltaría por ejecutar el túnel, un intercambio vial a la altura de La Joya y el asfaltado de la carretera que va desde Yura hasta La Joya. Sobre estos componentes restantes, Rodríguez ha manifestado que buscarán ejecutarlos a través de una iniciativa privada que autofinancie esta fase. La meta es entregar el contrato antes de que acabe la gestión.

No obstante, el consejero por Arequipa, Henry Ibáñez, manifestó que a la fecha no se conoce con certeza el avance de la obra. Mencionó que el Gobierno Regional de Arequipa no ha brindado la información de la integridad que representa el proyecto, lo cual resulta preocupante, pues se desconoce si actualmente hay un retraso. Dijo que pedirá informes al área competente para verificar los avances reales del proyecto.

Cierto es que las autoridades prefieren ser recordadas por sus obras más importantes cuando acabe su mandato. Juan Manuel Guillén lo hizo a trompicones y hoy afronta juicios penales por ello, aunque solo logró entregar el Puente Chilina, inútil hasta el momento por falta de otros componentes como las vías de acceso. A la gobernadora Yamila Osorio solo le quedan escasos meses para escribir su nombre en la historia de nuestra ciudad. La mayoría de pronósticos no es optimista.

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