Perú: Post-fujimorismo y feudalización del poder

Desde el Sur Global Anthony Medina Rivas Plata

En los últimos tres años, en el Perú hemos pasado por varias coyunturas ‘populistas’ frente a las que diversos analistas pronosticaron eventuales ‘estallidos sociales’ y ‘puntos de quiebre’ en el sistema político peruano, así como el surgimiento de ‘nuevos movimientos sociales’ que socavarían sus raíces, bajo nuevas banderas de cambio en el país. Efectivamente, en Perú durante los últimos tres años hemos tenido marchas y contramarchas de todo tipo: Contra la televisión basura, contra el empresariado, contra leyes antitrabajadores, contra la violencia machista, contra la ‘ideología de género’, contra el terrorismo y hasta contra ‘la corrupción’ en abstracto. En su momento, todas estas causas generaron un amplio debate (concentrado principalmente en ciertos medios y redes sociales en Lima), movilizaron una legítima indignación ciudadana, y generaron la idea de un ‘hartazgo generalizado’, así como la aparición de una ‘coyuntura crítica’ en la política peruana similar a la de otros movimientos como el de Occupy Wall Street en Estados Unidos o el de los ‘indignados’ en España, Portugal y Grecia. Sin embargo, el resultado posterior a esa efervescencia social siempre ha sido el mismo: olvido progresivo, calma chicha, y vuelta al statu quo, al menos hasta que por alguna razón el tema vuelva a ser puesto en agenda debido a un escándalo mediático.

Hace dos semanas, el grupo periodístico IDL-Reporteros difundió unos audios que vinculaban a (hoy ya separados) jueces y magistrados vinculados a las más altas esferas del Poder Judicial y del CNM[2]; en la que se les puede escuchar intercambiando todo tipo de favores políticos a cambio de dinero, incluida la exculpación de personas acusadas de violación a menores de edad. Este escándalo que ha remecido al país ha generado pronunciamientos variopintos de diversos sectores de la sociedad civil y la política nacional, quienes han convocado a marchas para todo el mes de julio. El alcance de los audios generados es aún desconocido, pero se sabe que varios se remontan hacia mucho más atrás del año 2015, e involucrarían no sólo a jueces y fiscales, sino a varios de los más altos líderes políticos, congresistas y empresarios del país. A diferencia de lo que los voceros de la bancada de Fuerza Popular[3] argumentan, todos estos audios fueron obtenidos de manera legal y con orden judicial, siguiendo los procedimientos regulares para este tipo de operaciones.

Pareciera que este escándalo sería finalmente la gota que rebalsó el vaso[4]; sin embargo, eso fue exactamente lo mismo que se pensó cuando ocurrieron las marchas de #NiUnaMenos con respecto a los recientes casos de feminicidio ocurridos en el país, o contra la ‘Ley Pulpín’ y la ‘Ley Bartra’[5], no podemos negar que es probable que el resultado en las siguientes semanas sea el mismo. Si bien es notorio el malestar e indignación ciudadana frente al problema; el diagnóstico de por qué sucede éste casi siempre es de carácter moral-individual, como si la corrupción fuese un problema relacionado con no saber decir que no, de falta de valores, educación en casa o amor por la patria; o como si la política fuese una mera subdivisión de la ética. Por supuesto, el diagnóstico siempre trae su respectivo antídoto: Si la corrupción sólo puede ser entendida como un problema moral relacionado con nuestras elecciones personales, entonces la razón por la que ésta perdura es simplemente porque somos tolerantes con ella, o porque somos ‘cínicos’ y ‘pasivos’. Creo que insistir en esta visión es un error bastante grave, producto de una sociedad que aún no ha terminado de asimilar la idea de que la política ya es interpretada como un campo autónomo de la ética, la filosofía moral y la religión desde hace casi cinco siglos.

¿Por qué los peruanos no somos capaces de articular un movimiento popular anticorrupción que sea coherente, permanente en el tiempo, y que presione por reformas concretas para responder a los desafíos que plantea el Bicentenario de la República (del que, por cierto, ya sólo nos separan dos años y medio)? A mi juicio, esto sucede por dos razones: La primera, es la derrota histórica de la izquierda y de su incapacidad para regenerarse sin autodestruirse en el camino; y la segunda, es la creciente feudalización y anonimato del poder político en el Perú. Ya bastante se ha dicho sobre lo primero, así que me enfocaré en lo segundo.

En el Perú contemporáneo han concurrido al menos tres elementos que dificultan nuestra comprensión de la forma en cómo se ejerce el poder político: El primer elemento, una reforma institucional trunca y sin lineamientos generales de política pública, la cual ha sido promovida sólo ‘por cumplir’ con estándares internacionales que (en teoría) estarían alineados con nuestros más caros objetivos nacionales (el más importante de estos, de nuestro tan ansiado ingreso a la OCDE). El segundo, la derrota de los partidos nacionales históricos luego de la transición a la democracia; lo que fue acompañado por un proceso de descentralización que ha generado una expansión desmedida de movimientos regionales cuya conexión con Lima es informal y asimétrica. El tercero, la consolidación de una economía en donde se hace difusa la frontera entre lo informal y lo ilegal; la cual ya se ha hecho demasiado grande como para endurecer medidas en contra de ella sin afectar seriamente al producto bruto interno y el empleo nacional.

Estos elementos ya son parte inseparable de lo que llamamos ‘el modelo peruano’ y han generado un conjunto de reglas, saberes y sentidos comunes sobre lo que es hacer política en el Perú y cómo ésta debe hacerse si se desea tener un cierto ‘éxito’ en ella. Es por eso que el escándalo del CNM nos ha indignado, pero no nos ha sorprendido. Cualquier persona con una mínima aproximación o experiencia haciendo trámites judiciales sabe cuáles son las reglas ‘informales’ para que una demanda prospere o caiga en el olvido. Si a esto sumamos el miedo legítimo de cualquier actor ‘revisionista’ a quedar expulsado del juego político por oponerse a estas reglas, lo que tenemos es un sistema casi invencible. En pocas palabras, nadie quiere quedarse sin trabajo por ser ‘rebelde’, así que lo más sano si se quiere tener una vida tranquila es ‘callar y cobrar’.

Por esto, como señala Roger Merino[6], en el Perú lo que tenemos es un gobierno reactivo que gobierna sin gobernar; es decir, no genera lineamientos obligatorios de política a ser seguidos por los organismos del Estado. Por el contrario, el gobierno gobierna, casi literalmente, en modo avión, permitiendo que funcionarios de varios gobiernos anteriores convivan en puestos clave debido a su incapacidad de generar cuadros propios alineados con su propio proyecto político (en caso de que éste existiera, por supuesto).

Hagamos algunas comparaciones:

En el año 2000, Alberto Fujimori utilizó el fraude electoral para bloquear la victoria de Alejandro Toledo y lograr su segunda reelección. La reacción del pueblo fue salir a las calles y traer abajo al gobierno. En el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones tachó a dos candidatos (César Acuña y Julio Guzmán) argumentando formalidades administrativas que, si bien eran legales jurídicamente, eran ilegítimas políticamente. A esto, la revista The Economist dijo, con todas sus letras, que las elecciones en el Perú ya estaban ‘arregladas’ (‘Rigging Peru’s elections’)[7]. Si bien no hay duda de que las elecciones del 2016 fueron arregladas, nadie sabe ‘quién’ las arregló ni para qué: ¿Ollanta? ¿Nadine? ¿El JNE? ¿El APRA? ¿El Fujimorismo? Asimismo, tampoco sabemos exactamente a quién se buscaba beneficiar con el fraude, salvo que creamos que Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea tuvieron tanto poder como para influenciar al JNE bajo el frío cálculo político de la cosecha de votos.

En el año 2000, Alberto Fujimori utilizaba al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar las posiciones políticas de grandes medios de comunicación y silenciar a periodistas opositores. Los medios en manos de broadcasters históricos como José Francisco Crousillat o Genaro Delgado Parker, promovían la propuesta ideopolítica del fujimorismo a través de sus noticieros con el objetivo de influenciar a la población hacia una dirección específica. Hoy, 2018, casi la totalidad de medios limeños están controlados por anónimas corporaciones cuya única prioridad es la de promover ‘entretenimiento’ (léase, entretenimiento basura) bajo la consigna de que ‘no hay que meterse en política’, para bien o para mal. ¿Quién podría decir que existe algún tipo de control político de los contenidos de los medios?

En el año 2000, Alberto Fujimori poseía una coalición política que, si bien ya empezaba a hacer aguas, llevaba en sus filas a grandes empresarios que se la jugaban por el modelo económico. Para dicha época, integrantes de la CONFIEP como Jorge Camet o Ricardo Márquez ya habían gobernado con Fujimori como ministros y altos funcionarios. En ese sentido, los diversos sectores económicos que se alinearon con Fujimori temían que un retorno del APRA o el Toledismo implementaran reformas redistributivas bajo la bandera de la ‘justicia social’. Las alarmas se reactivaron con el Ollanta ‘chavista’ del 2006 y ‘lulista’ del 2011, contra el cual enfilaron todas sus baterías en nombre de la defensa del modelo. Hoy, 2018, Vizcarra gobierna con la mayoría de funcionarios heredados del gabinete de Kuczynski, quien heredó la mayoría de funcionarios de Humala, quien heredó la mayoría de funcionarios de García (y así ad infinitum); y eso no les ha garantizado para nada tener la aprobación del empresariado. Por el contrario, la economía se ha seguido desacelerando a pesar de la victoria del candidato (supuestamente) más pro-empresarial de todos, a la vez que su intento de partido político difícilmente podía ser considerado como ‘representativo’ de la élite empresarial limeña. ¿Quién, entonces, podría decir que la crisis actual es producida por el modelo (neo)liberal?

La única conclusión que podríamos sacar de todo esto es que ya no sabemos quién ejerce el poder en el Perú. O mejor dicho, sí lo sabemos, pero no disponemos de mecanismos para generar algún tipo de ‘contrapoder’ bajo las actuales reglas de la democracia representativa. Por eso las marchas se articulan contra actores que, si bien formalmente no están en el gobierno, se sabe que ejercen poder. En el Perú de Fujimori se sabía bien contra qué y contra quiénes se protestaba, así como se sabía la forma en cómo el poder se ejercía y con apoyo de quiénes éste podía expresarse. Al haber un ‘dentro de’ la coalición fujimorista, se sabía también qué cosa estaba ‘fuera de’ ella. Hoy ni siquiera podemos hacer esa distinción: Protestamos contra una CONFIEP que ‘formalmente’ no influye en los resultados electorales; protestamos contra medios de comunicación que ‘formalmente’ sólo transmiten realities y entretenimiento; protestamos contra un Poder Judicial que ‘formalmente’ es autónomo y termina por definir el bien y el mal en el país; y finalmente, protestamos contra un partido político que, si bien ‘formalmente’ no está en el gobierno, se sabe que tiene un poder de veto que fácilmente puede torcer el brazo del gobierno cuando lo desee. Como ‘formalmente’, ninguno de estos actores influye en la forma en cómo se ejerce el poder en el país, entonces éstos son difíciles de ser ‘accountables’, y mucho menos capaces de asumir algún tipo de responsabilidad por sus actos. Personalmente, no sé de otros países en donde se produzca una situación similar. Efectivamente, pareciera que el Fujimorismo estaría detrás de cada intento por copar instituciones públicas, pero no con el objetivo de hacerse del poder, sino sólo de representar intereses ilícitos ‘tercerizandole’ los costos políticos al ‘gobierno formal’. Sin duda, el sector informal/ilegal del que hablábamos se encuentra mejor representado políticamente por Fuerza Popular y es la principal fuente de su poder; por lo que aquí sí podría decirse que hay una comunión directa entre sus intereses con los de otros grupos conservadores como el de #ConMisHijosNoTeMetas. El mantra de los politólogos peruanos sobre la necesidad de ‘fortalecer los partidos políticos’ aquí nos explota en la cara.

En conclusión, quizás muchos ya intuimos lo que pasará en los próximos días: Nuevamente, una creciente indignación de la ciudadanía más o menos informada y conectada a redes sociales, movilización mediática y quizás una fuerte ola de protestas nacionales; antes de volver al olvido progresivo, la calma chicha, y al statu quo. Sin embargo, a diferencia de quienes consideran que esto se debe a algún carácter ‘pasivo’, ‘conformista’ o ‘cínico’ de los peruanos, nosotros consideramos que la falta de una respuesta contestataria del tipo ‘Marcha de los 4 suyos’[8] se debe principalmente a este poder anónimo y feudalizado que no somos capaces de entender, y ni siquiera de ubicar; así como de la carencia de canales de respuesta por vías democráticas. Lo que no se puede entender, no se puede comunicar. Y sin comunicación, no hay política (ni contenciosa, ni de ningún otro tipo). El reto para las siguientes semanas es el mismo que el de hace ya varios años: Convertir la indignación en algo real y viable.

 

[1] Politólogo y Magíster en Políticas Públicas. Investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos y Profesor de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa-Perú).

[2] Consejo Nacional de la Magistratura, entidad encargada de designar a jueces y fiscales.

[3] Partido liderado por Keiko Fujimori.

[4] Mientras son escritas estas líneas, el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha presentado renuncia irrevocable a su cargo.

[5] Leyes que reducen derechos laborales a trabajadores jóvenes, las cuales fueron contestadas con amplias movilizaciones sociales que obligaron al Congreso a dar marcha atrás.

[6] Al respecto, ver: http://rumboeconomico.com/2016/11/01/poder-politico-en-el-peru-o-la-gobernanza-sin-gobierno-por-roger-merino/

[7] Al respecto, ver: https://www.economist.com/the-americas/2016/02/18/rigging-perus-election

[8] Jornadas de lucha que trajeron abajo el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000.

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