Elecciones 2018: Contraloría pide denunciar candidatos que usen recursos públicos

Contraloría presentó en Arequipa la campaña 'Postula con la tuya', para prevenir que beneficien a candidatos con recursos públicos para fines proselitistas.

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El gerente regional de la Contraloría en Arequipa, Alberto Arteaga Solano, presentó la campaña ‘Postula con la tuya’. La iniciativa busca prevenir que candidatos que son funcionarios, utilicen recursos públicos para sus propios fines proselitistas.

Lo novedoso de la campaña está en la recepción de denuncias ciudadanas. Los pobladores podrán enviar a Contraloría fotos y videos del aprovechamiento de activos del estado. Se puede hacer de manera anónima, aunque es recomendable dejar algunas formas de mantener el contacto para realizar seguimiento.

Para facilitar el contacto con la población, Contraloría recepcionará denuncias en su página de Facebook y en la línea de WhatsApp (969-682-389). Además, mantienen los canales web, línea telefónica gratuita (0800-22-227) y el correo electrónico (postulaconlatuya@contraloria.gob.pe). El horario de atención es de lunes a viernes, entre 08:30 horas y 20:30 horas.

No obstante, la campaña no se limita a denuncias posteriores. La ciudadanía también podrá alertar antes que ocurran los ilícitos. Recibido el aviso, Contraloría monitoreará la situación para comprobar si se concreta lo denunciado. Por ello, es necesario el contacto con el denunciante.

Una vez comprobada la falta, iniciarán procedimientos sancionadores que pueden ir de 30 a 360 días. En caso de comprobarse responsabilidad penal, derivarán la investigación al Ministerio Público. También enviarán el expediente al Jurado Electoral Especial (JEE).

Las prohibiciones incluyen utilizar o permitir que terceros hagan uso de oficinas, vehículos, máquinas, equipos y otros recursos de propiedad del Estado para realizar actividades políticas o elaborar y difundir propaganda electoral.


De igual manera, disponer o hacer uso del dinero de caja chica, recursos directamente recaudados y otros fondos públicos para financiar actividades políticas, así como disponer que servidores públicos contratados por una entidad del Estado realicen proselitismo político o propaganda electoral en horario de oficina.

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