Elecciones 2018. Contraloría recibe denuncias por uso de recursos públicos en campaña

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Siete denuncias por uso de recursos públicos en campaña electoral se recibieron en la Contraloría General de la República. Estas denuncias recaen directamente sobre las autoridades por, presuntamente, beneficiar a los postulantes.

Los hechos fueron advertidos a través del programa de prevención “Postula con la Tuya” de la Contraloría General de la República. La cifra se cuenta desde el 7 de agosto hasta el 10 de setiembre.

La Contraloría precisó que el 49.25% de denuncias corresponden a burgomaestres presuntamente involucrados en el uso indebido de recursos del Estado. Le siguen, con un 31.34%, los funcionarios y servidores. Finalmente, un 10.45% de las quejas son contra los regidores.

A nivel nacional son 202 alertas ciudadanas electorales. De ellas, 119 han sido derivadas a la Subgerencia de Control de Lima y Callao y a las Gerencias Regionales de Control.

La entidad ha advertido que, de hallar evidencias de uso indebido de recursos públicos, se iniciarán las Auditorías de Cumplimiento que correspondan

Otras 15 han sido derivadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otra entidad pública competente. En tanto archivaron el restante porque no ofrece suficiente información para verificar la alerta, o por error en el registro.

Prohibiciones frecuentes

Estas autoridades estarían utilizando oficinas, bienes y recursos de propiedad del Estado para actividades políticas. Además, disponen que servidores públicos, o terceros contratados por una entidad del Estado, realicen proselitismo en horario de oficina (26%).

Asimismo los ciudadanos alertan que se estaría disponiendo el uso de vehículos, máquinas, equipos u otros bienes de la entidad pública con fines electorales (14%). También, usando recursos de la entidad pública para elaborar propaganda electoral (10%).

Sanciones

La Contraloría tiene la facultad de aplicar directamente sanciones por la comisión de las infracciones. Las medidas incluyen, desde la suspensión temporal, hasta la inhabilitación para ejercer la función pública.

La infracción grave se sanciona con suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, desde 30  hasta 360 días calendario. También, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, por plazos entre y uno y dos años.

La infracción muy grave tiene como sanción la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. El plazo debe ser no menos de dos 2 años, ni más de 5 años.

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